Un nuevo filón de corrupción entra en la escena judicial. Este tiene que ver con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en donde anidó una práctica conocida como “volteo de tierras” que se hizo viral en decenas de municipios de Cundinamarca. Esta consiste en comprar predios rurales aledaños al casco urbano, los cuales, gracias a maromas administrativas, de un momento a otro aparecen dentro de las zonas de expansión, con lo que su valor se dispara.Por un enroque de este tipo, la Fiscalía General imputará cargos contra cinco personas del municipio de Mosquera, situado al occidente de Bogotá. Se trata del exalcalde Luis Álvaro Rincón Rojas, su esposa Edith Rocío Peñuela, el exinspector de Policía Wilson Romero Castro, el concejal Víctor Julio Castellanos Jiménez y el contratista Ernesto Pinto Salazar. Los cinco deberán responder por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.De acuerdo con el ente investigador, los hechos irregulares en el municipio de Mosquera fueron cometidos durante la vigencia 2008-2011 del Plan de Ordenamiento Territorial. Según la Fiscalía, el 30 de diciembre de 2009, el Concejo Municipal aprobó el proyecto que días antes había presentado el entonces alcalde Rincón y mediante el cual se modificaba el POT que permitió incorporar una tajada de predio rural al suelo urbano.Te puede interesar: El caos de los POT en la sabana de BogotáDentro del tejemaneje hallado en Mosquera, la Fiscalía indaga si el señalado concejal recibió dinero para adelantar el trámite de la iniciativa. En este caso, la súbita modificación del POT permitió ampliar la vía que pasaba por el predio incorporado y el lote se valorizó de 1.200 millones de pesos en 2008, a 3.800 millones de pesos en 2012. La Fiscalía encontró que el gran favorecido fue el entonces alcalde, propietario de la tierra. La audiencia en la cual la Fiscalía le imputará cargos quedó programada para realizarse el próximo 25 de julio, en Mosquera.Pero este es apenas el primer capítulo que llega a los estrados judiciales, entre las decenas de casos que investiga el ente en los municipios cercanos a Bogotá. La escasez de tierra en la capital tuvo por efecto valorizar los terrenos de municipios aledaños, en los que los Planes de Ordenamiento Territorial debían cumplir la función de limitar la expansión irregular. Sin embargo, esa regulación es precisamente la que se desdibujó con el llamado "volteo de tierras” en el que presuntamente incurrieron los exfuncionarios llamados a comparecer ante la Justicia.Así opera el ‘volteo’El "volteo de tierras" es una práctica que consiste en modificar los Planes de Ordenamiento Territorial para incorporar suelos rurales al perímetro urbano de los municipios cercanos a las grandes ciudades, incrementando así notablemente su valor.A pesar de que los POT existen desde el año 2000, el hecho de que se permitiera a las alcaldías modificarlos a partir de 2009 ha generado un boom en el uso de una herramienta urbanística que podría haber sido empleada por funcionarios poco escrupulosos de las alcaldías, los concejos municipales y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que se encuentran ahora en la mira de la Fiscalía.El senador Carlos Fernando Galán (Cambio Radical) ha investigado el tema y prepara un debate en el Congreso en el que expondrá decenas de denuncias que ha documentado sobre reformas amañadas en los Pots.Según registró SEMANA, en abril de 2017, en un informe en el que describía ampliamente esa práctica, algunos de los empleados públicos se habrían unido con particulares para cobrar entre 10 y 12.000 pesos por metro cuadrado de tierra "volteada" en zonas que abarcan decenas de hectáreas.Estos son algunos de los casos que se registraron en los municipios más cercanos a la capital.Puedes leer: El multimillonario negocio detrás del suelo en la sabana de BogotáTocancipá: ¿Plan de Ordenamiento Territorial a la medida?

La administración municipal 2012-2015 decidió que el municipio requería una hoja de ruta para proyectar su desarrollo urbanístico y rural de forma integral a largo plazo. Para lograrlo, el anterior alcalde celebró un contrato interadministrativo (contrato n.º 268) con la Universidad Nacional por un monto de 400 millones de pesos, cuyo objeto era elaborar, asesorar y apoyar la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial 2013-2023. El estudio encontró, en una de las conclusiones más importantes, que el municipio no requería integrar nuevo suelo rural a la expansión urbana. Es decir, Tocancipá se blindaría frente a la práctica que está haciendo crecer edificios irregulares en parcelas de vocación agrícola, como ocurre en la mayoría de los pueblos de la sabana.El estudio llegó a la Corporación Autónoma Regional para concertación, un trámite que por ley debe durar máximo un mes. Pero extrañamente estuvo allí engavetado un año, hasta que hubo relevo en la administración municipal. Y el actual alcalde retiró el estudio, contrató otra asesoría y está formulando un nuevo POT que justamente va en contravía del anterior, pues proyecta ampliar la zona de expansión urbana anexando tierras rurales.El hoy alcalde ocupó ese mismo cargo entre 2008 y 2011, y la Fiscalía lo capturó en diciembre pasado porque en su primer mandato habría aprovechado su puesto para cometer un desfalco con el mantenimiento de vehículos compactadores de basura dados de baja. La Fiscalía lo señaló en su momento por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y contratos ilegales. El funcionario ya recuperó la libertad, pero sigue vinculado al proceso y ha explicado que su detención no fue más que “gajes de las respuestas que todo alcalde debe dar, los enemigos políticos que me quieren hacer daño”.Chía, donde crecen altas torres

Chía, tal vez como ningún otro pueblo de la sabana, ha experimentado un cambio extremo en los últimos años. Por cuenta de los líos estructurales de Bogotá, este vecino al extremo norte se ha presentado como una alternativa interesante, y ya miles de personas viven allí y se trasladan todos los días a la capital para trabajar. Pero de seguir como van las cosas, la oportunidad de desarrollo puede volverse una encrucijada mayúscula para los habitantes de Chía, quienes han visto que, sin mayor control, de un momento a otro aparecen cerca de sus viviendas construcciones multimillonarias, como un conjunto que ofrece casas cercanas a los 3.000 millones de pesos (más de 5 millones de pesos el metro cuadrado).El municipio, de apenas 80 kilómetros cuadrados de superficie, alberga una serie de nuevos megaproyectos para los que no cuenta con la infraestructura adecuada. Uno de los más vistosos es un centro comercial construido sobre más de 100 hectáreas. El divorcio entre la vocación del terreno y la construcción quedó en evidencia con la falta de redes de alcantarillado, a tal punto que el proyecto, para ser viable, tuvo que construir su propia planta de aguas residuales.Muchos de los más grandes proyectos que se están levantando en Chía se oficializaron cuando en junio de 2015 el alcalde firmó un decreto que permitió expedir licencias sin disponibilidad de servicios públicos y obras de hasta 12 pisos cuando el POT vigente para el momento las limitaba a máximo cinco pisos. El decreto estuvo vigente apenas tres meses hasta que el mismo alcalde lo derogó, poco antes de salir de su cargo. Durante estos meses se dio luz verde a varios de los proyectos que hoy están reconfigurando al municipio. Pero aún más, sin que nadie se explique cómo, la Alcaldía continuó expidiendo licencias para obras de gran altura, como un proyecto que tiene licencia de parcelación y construcción y se levanta en tres parcelas: en la primera, 26 torres de nueve pisos; en la segunda, un centro comercial, y en la tercera, 21 torres. Esa licencia se expidió el 28 de diciembre de 2015.Otro proyecto está vendiendo 380 apartamentos en torres de 8 pisos y doble parqueadero con una licencia otorgada en noviembre de 2015. Algo similar ocurre con otro, con 82 apartamentos en torres de 7 pisos y licencia fechada el 16 de marzo de 2016. Uno más ofrece 4 torres de 8 pisos más terraza comunal; la Alcaldía no envió documentación de este proyecto que se construye sobre la única vía de acceso a Chía por la autopista Norte y contempla el ingreso de al menos 100 vehículos que agudizarán aún más el tráfico ya colapsado en el sector. Un cálculo general de cerca de 20 nuevos proyectos que se observan en Chía significaría 5.000 unidades de vivienda, es decir, unos 20.000 nuevos habitantes y 10.000 carros circulando cotidianamente. Pero lo más grave parece que aún está por venir. El POT 2016 decidió incorporar 290 hectáreas a la zona de expansión del municipio con las mismas vías de acceso de toda la vida, un hospital de nivel básico de la Gobernación y una planta de aguas residuales que requiere una intervención urgente.La expansión proyectada contempla terrenos en Sidonia, una reserva ecológica de riqueza acuífera que la Procuraduría ambiental ha ordenado se preserve. ¿Si no se planea construir allí, para qué se incorporó entonces?, se preguntan los habitantes de Chía.Madrid, lo público en bandeja de plata para los privados

En el despacho del fiscal un expediente apunta al actual alcalde de este municipio, Orlando Cardona, así como a su antecesor, Giovanny Villarraga, capturado la semana pasada. La Fiscalía investiga el convenio interinstitucional 004 de 2015 firmado entre la Alcaldía y una empresa privada para instalar una red de gas natural en el sector de Puente Piedra, que beneficiaría a más de 1.000 personas. Pero en la realidad el convenio significó un descalabro para el municipio, pues duró vigente apenas un mes y fue liquidado sin que se ejecutaran las obras y luego de que la empresa recibió 1.200 millones de pesos por adelantado.Las autoridades capturaron a Villarraga en la Gobernación de Cundinamarca, pues tras dejar la Alcaldía pasó a ser director de la Secretaría de la Función Pública del gobernador Jorge Rey. También quedaron detenidos otros dos exfuncionarios. Todos son investigados por peculado por apropiación y celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Entre tanto la Fiscalía revisa otros aspectos del convenio. Concretamente se está evaluando una cláusula rotulada como “Consideración II”, que dispone que el municipio entregará en arrendamiento un predio para el funcionamiento de una planta de gas. Los investigadores se preguntan por qué, si el convenio fue liquidado, el actual alcalde le entregó en alquiler un predio de uso público a una empresa privada.La Fiscalía ha encontrado que el trasfondo de todo es la repetición del escándalo de Villas de Madrid, el proyecto de vivienda más grande en la historia del municipio, de 946 apartamentos, montado sobre un lío legal, pues para materializarlo la Alcaldía entregó a un ciudadano privado un predio de la comunidad donde solo se podía construir un parque o una vía. Adicionalmente –como ya es costumbre en la sabana–, se expidió licencia de construcción sin contar con el mínimo requisito de disponibilidad de servicios públicos. Actualmente hay 500 apartamentos construidos que carecen de servicio de agua y el proyecto tiene medida cautelar de suspensión por parte de un juez.Soacha, una megaurbanización sedienta

En este municipio se construyó toda una ciudadela que permanece desértica. Se trata de un proyecto de 16.000 inmuebles de interés social que carece de servicio de agua y donde la energía eléctrica es intermitente. Los habitantes de la primera etapa de la megaurbanización ya ocuparon las viviendas y para subsistir dependen de carrotanques que les proveen el líquido. Los días de suerte, una empresa de Soacha que almacena agua en tanques instalados en un parqueadero se conecta al tubo madre y les surte algo de agua. Sin embargo, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ya se ha pronunciado para advertir que ese suministro no cumple las normas mínimas de salubridad. Como dice uno de los habitantes: “Cuando abrimos la llave y por milagro sale un hilo de agua resulta que no es potable”.Cerca de 1.600 familias instaladas en la primera etapa del proyecto sufren las consecuencias y, a pesar de los problemas, la construcción continúa. El caso de la urbanización está documentado en miles de oficios de la Alcaldía de Soacha, la firma constructora, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Curaduría Urbana, la CRA y hasta el Consejo de Estado. Pero más allá de oficios y resoluciones, nadie ofrece una solución concreta a los afectados, quienes temen, con obvia razón, que a medida que el proyecto avance el problema crezca.En 2016 miles de habitantes de Soacha decidieron protestar en las calles. Hubo varias movilizaciones a lo largo del año; algunas incluso bloquearon las avenidas de TransMilenio. Los soachenses exigieron vías, seguridad, incluir el municipio en los planes del metro, construir el ‘cazucable’ y detener la edificación irregular de viviendas.Funza, en la mira de Fiscalía y Procuraduría

Uno de los casos que más ha llamado la atención del senador Galán ocurre en Funza, donde la administración del hoy gerente de la Licorera de Cundinamarca, Jorge Machuca, expidió la Resolución n.º 105 del 12 de marzo de 2012, que otorga una licencia de urbanismo en la modalidad de obra nueva, hallazgo que ha sido puesto en manos de la Fiscalía y la Procuraduría. Al parecer, una funcionaria habría expedido irregularmente tres actos administrativos con el mismo número y la misma fecha para autorizar la construcción de un parque industrial ubicado en la vía Siberia-Funza.La primera se refiere a un área bruta de terreno de 168.950 metros cuadrados para 34 lotes destinados a bodegas. Con ella difiere la segunda, que establece un área bruta de 176.234 metros cuadrados –o sea, 7.284 más que los anunciados en la anterior– para 41 lotes. Y una tercera resolución, que la Alcaldía envió oficialmente para responder a un derecho de petición del senador Galán, se refiere a un área bruta de 168.950 metros cuadrados para 41 lotes destinados a construir bodegas.Además de tratarse de tres licencias con la misma fecha que difieren en metros y número de lotes, todas ellas coinciden en el valor a cancelar por concepto de expensas: 179.573.000 pesos. Sumado a esto se exime al proyecto del pago del impuesto de plusvalía, acogiéndose a una resolución anterior (Resolución 000554 del 10 de octubre de 2011) y no a la expedida con posterioridad (la 00772 del 30 de diciembre de 2011) en la que se liquidó ese impuesto en cerca de 1.000 millones de pesos. Firmó esas resoluciones el entonces alcalde de Funza Jorge Rey, hoy gobernador de Cundinamarca.Cota, sin ‘agüita para mi gente’

Ningún urbanista creería que el POT de este pueblo no se ha modificado desde 2000. Sin embargo, en sus suelos rurales se levantan múltiples construcciones con licencias urbanas ajenas a cualquier idea agrícola. El proyecto más llamativo es un gran centro de entretenimiento con un megacoliseo para conciertos, entre otras actividades multitudinarias. La obra, que según se estima costaría cerca de 100 millones de dólares, contempla salas de cine subterráneas, una inmensa plazoleta para reunir hasta 25.000 personas, 102 locales, hotel, un supermercado de gran superficie y atracciones mecánicas. Desde ya se anuncia como un “hito arquitectónico de Bogotá”. El lío es que está en terrenos de Cota y el municipio otorgó la licencia sin disponibilidad de servicios públicos, así que no es claro a dónde irán las aguas residuales ni si la red matriz de acueducto podrá proveer del servicio de agua suficiente sin poner en riesgo al resto del municipio.Pero el centro de entretenimiento no es el único dolor de cabeza para los habitantes de Cota. Frente a un proyecto de viviendas, la CAR advirtió que se levantaba sobre rellenos inestables. Algunas paredes, según los vecinos del sector, se han caído y el proyecto sigue adelante en una segunda etapa para la cual se habría alterado el cauce de una quebrada. En este lugar vive un exalcalde, quien en su momento otorgó las licencias de construcción.Desde 2008 algunos sectores del municipio pasan días sin agua y la que circula no es apta para el consumo. No obstante, hasta ahora no hay información que señala si se ha revocado una licencia de construcción de este tipo. Lo más paradójico es que el alcalde ha explicado en diferentes escenarios que la carencia de agua obedece a que las anteriores administraciones expidieron licencias sin control.