La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público a dos funcionarios de la alcaldía de Pereira (Risaralda) y tres integrantes de firmas contratistas, por presuntas irregularidades en contratos suscritos para atender la emergencia sanitaria en la ciudad. La medida forma parte de la estrategia Transparencia por la Emergencia, que adelantan la Fiscalía, la Procuradurìa y la Contraloría General de la República. La formulación de cargos se hizo ante el Juzgado Primero Penal con función de control de garantías en contra de los funcionarios Mónica Patricia Botero Montoya, secretaria privada, y Alexánder Galindo López, director de Gestión del Riesgo de la alcaldía de Pereira; los particulares Efraín Rodríguez Prieto, director general, y John Jairo Segura Varela, representante legal de Emprender S. A., y Julio César Bustos Villegas, representante Legal de Bustos y Compañía.
Los hechos materia de investigación hacen referencia a la contratación de kits de mercados como ayuda humanitaria por la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus en Pereira. Uno de estos se suscribió con Emprender S. A., por $200.000.000 para la adquisición de 2.000 kits alimenticios, y el otro a Bustos y Compañía, por $800.000.000 para 8.000 kits alimenticios. El acuerdo ilícito de precios en el que, al parecer, participaron los funcionarios junto con las empresas contratistas, habría permitido fijar y unificar precios de venta de cada mercado que permitiría mayor utilidad a los contratistas.
El 30 de marzo de 2020 se celebraron los contratos que generaron detrimento al municipio por $29.003.366,64 y $67.819.075,87, respectivamente, como resultado de los sobreprecios cobrados en cada mercado. En la audiencia, los imputados señalaron que las empresas contratistas Emprender y Bustos y Compañía realizaron reintegros parciales. Ninguno de los imputados se allanó a los cargos endilgados por la Fiscalía General de la Nación.