En una operación conjunta entre unidades de la Armada de Colombia y de la Fuerza Aérea Colombiana, con apoyo de autoridades de los Estados Unidos, se logró la incautación de 583 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados a bordo de una embarcación tipo “Go Fast”, en aguas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Según detalló la Armada en un comunicado, “este resultado se dio cuando de manera conjunta y combinada, un patrullero marítimo de la Aviación Naval de la Armada de Colombia, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana y una plataforma aérea de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos (JIAFTS) realizaron un detallado seguimiento a una embarcación sospechosa que transitaba por aguas de San Andrés con la intención de llegar a Centroamérica”.

Una vez las autoridades identificaron el rumbo de la embarcación, se procedió con el despliegue en el área de un Grupo de Tarea Marítimo conformado por la Corbeta Misilera ARC “Almirante Tono” y una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas de San Andrés, para efectuar el procedimiento de interdicción marítima.

“Los sujetos que tripulaban la motonave sospechosa, al notar la presencia de las autoridades militares, arrojaron el alijo al mar y emprendieron la huida. Posteriormente, los uniformados de la Armada de Colombia recuperaron del agua 23 costales con paquetes rectangulares, los cuales fueron transportados hasta la isla de San Andrés, con el fin de realizar un proceso de verificación exhaustiva”, relató la Armada Nacional en su comunicado.

Una vez en tierra, se llevó a cabo la prueba de Identificación Preliminar Homologada - PIPH a la sustancia que contenían los paquetes, en coordinación con efectivos de la Policía Judicial, arrojando positivo para clorhidrato de cocaína con un peso de 583 kilogramos.

Según precisó la Armada, el cargamento de clorhidrato de cocaína estaría avaluado en aproximadamente 10 millones de dólares en el mercado ilegal internacional. Posterior a la incautación, el estupefaciente fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su custodia y destrucción de acuerdo a lo establecido por la legislación colombiana.

Finalmente, la Armada aseveró que con la incautación del cargamento “se dejarán de comercializar más de 1,4 millones de dosis de clorhidrato de cocaína en las calles del mundo”.

Destruyen 10 laboratorios de cocaína en el Chocó

Horas antes de esta incautación, una operación militar desarrollada en el norte del departamento del Chocó le propinó uno de los golpes más fuertes al Clan del Golfo en lo que va corrido de 2022: diez laboratorios utilizados para la producción de cocaína quedaron reducidos a las llamas, afectando notablemente las finanzas con las que se sostiene en la ilegalidad.

El Ejército Nacional ubicó las casas de procesamiento en los municipios de Riosucio y El Carmen del Darién. De acuerdo con los cálculos de las unidades de inteligencia, desde estos lugares salían para el extranjero hasta 1.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína cada mes, cuyos saldos positivos serían superiores a los diez mil millones de pesos.

La investigación también puso en evidencia que los estupefacientes, supuestamente, eran distribuidos a gran escala en varios países de Centroamérica. Incluso, la droga también llegaba a las calles de Estados Unidos. El emisor de los envíos sería el brazo armado de Carlos Vásquez, quien aterroriza a las comunidades de esta región del país.

“Después de un par de meses de información de inteligencia militar por parte del Batallón de Selva Número 54 de Fuerza de Tarea Conjunta Titán, se pudieron establecer los laboratorios en las veredas de Consejo Comunitario Pedeguita, El Abierto y Caño Montería”, indicó en un comunicado la brigada 17 del Ejército Nacional.

Aunque los resultados fueron más allá. Durante la inspección militar sobre la selva del Chocó fueron incautados 2.405 kilogramos de base de coca en solución, 1.250 galones de insumos líquidos y 932 kilogramos de insumos sólidos utilizados para la producción de la droga que serán utilizados como material probatorio para judicializar a los responsables.

Esta institución anticipó que continuará desarrollando actividades operacionales que permitan contrarrestar y afectar de manera contundente las rentas ilícitas de todas las organizaciones ilegales, principalmente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que son las que mayor alcance tienen.

Con esto también se busca mejorar las condiciones de seguridad y entregarle tranquilidad a los habitantes de este departamento que están sometidos a las acciones criminales de los ilegales. De acuerdo con las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, en lo que va corrido del año, cerca de 34 mil personas se han confinado por las incursiones armadas en Chocó.