Mil kilos de carne de caballo y burro fueron incautados por las autoridades en Bucaramanga y que estaban dispuestas para ser distribuidas en la ciudad.

El operativo se realizó de manera conjunta entre la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Alcaldía de Bucaramanga a través de su secretaría de Salud. Además de la incautación de la carne, el lugar donde se encontró fue sellado por no cumplir los requisitos de salubridad.

La teniente Lucy Carolina Salcedo Durán, jefe (e) seccional de protección y servicios especiales de la policía de Bucaramanga, explicó que la incautación se logró “desarrollando en el área metropolitana control a los diferentes mataderos clandestinos” y, en el caso de este hallazgo, se dio en el barrio La Feria, de Bucaramanga.

La teniente extendió la invitación para que la ciudadanía informe a través de la línea de emergencia 123 “de aquellos lugares que posiblemente están siendo utilizados como mataderos ilegales para evitar algunas afectaciones sanitarias”.

Agregó que las personas que tienen estas prácticas están incumpliendo la ley novena, referida a la salud pública y al bienestar de la población, así como el Decreto 1500, que es el que orienta la inspección, vigilancia y control de la carne, los productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos para el consumo humano.

Néstor Ballesteros, técnico de la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, le dijo al periódico Vanguardia que “este proceso es uno de los tantos que ha realizado la Secretaría de Salud para el bienestar de los ciudadanos, evitando que se comercialicen carnes foráneas y que no cumplen la calidad y las medidas de higiene y sanitarias para su consumo”.

El funcionario invitó a la ciudadanía a que compre la carne en lugares con la calidad certificada y que cumpla toda la reglamentación para evitar la venta de un producto con procedencia dudosa.

Las autoridades han extremado los operativos para controlar la comercialización de este tipo de carne y han intensificado sus labores en el área metropolitana. No solo es el decomiso de los productos cárnicos, también la clausura de los lugares que están fungiendo como mataderos clandestinos para darle manejo a la carne. Esta, además de no ser apta para el consumo por ser de equinos, tampoco cumple las medidas higiénicas y sanitarias.

Los controles contra la comercialización de este tipo de carne aumentaron, pues este producto fue incluido en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander por parte de uno de los proveedores, quien estaba suministrando carne de caballo y burros enfermos, lo que generó una sanción por parte de la Procuraduría el pasado mes de enero.

El suministro se dio durante un año en 2016 y, además de la sanción de inhabilidad por 20 años, también se sancionó a los responsables con una multa de 4.319.589.236 pesos.

Según lo dijo en su momento la Procuraduría, “la investigada inobservó el principio de moralidad pública de la función administrativa y transgredió el desarrollo de sus responsabilidades y obligaciones contractuales como operador del PAE”.