Un equipo de la Regional Córdoba de la Defensoría del Pueblo se desplazó al sector Nuevo Milenio, parte del barrio Santa Fe, en la capital del departamento, tras el devastador incendio que afectó a la comunidad. El objetivo principal de la presencia de este equipo es velar por el restablecimiento de los derechos de las personas que resultaron damnificadas por el siniestro.
Aunque las autoridades lograron trasladar a las personas afectadas a un albergue temporal, la Defensoría del Pueblo instó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a iniciar de manera efectiva la atención a quienes lo perdieron todo. Además, la entidad solicitó llevar a cabo un censo preciso para determinar la cantidad exacta de afectados por esta tragedia.
El informe oficial más reciente reveló que el incendio, ocurrido en la madrugada del primero de enero, dejó un saldo de 98 adultos y 29 menores de edad afectados. Aunque las causas aún están por determinarse, las autoridades consideran un cortocircuito como una de las primeras hipótesis. Alrededor de 30 viviendas resultaron dañadas en este desafortunado evento.
La Defensoría del Pueblo, mientras valora la respuesta activa de la administración municipal a través de la activación de los Comités de Gestión del Riesgo y la implementación de medidas necesarias, hizo hincapié en la necesidad de evaluar y corregir las problemáticas estructurales que afectan al asentamiento. Además, hizo un llamado al Gobierno nacional para cumplir su compromiso de proporcionar viviendas dignas a las comunidades afectadas.
Este no es el primer incidente de esta índole que golpea a Nuevo Milenio. En enero de 2021, un incendio dejó como saldo 27 viviendas calcinadas, afectando a 48 adultos y 39 menores de edad en el sur de la capital cordobesa.
La Defensoría del Pueblo, con un equipo especializado de la Regional Córdoba, aseguró que continuará realizando un seguimiento detallado de la situación, con el objetivo de garantizar que los derechos fundamentales a la vida, integridad, salud y vivienda digna de los damnificados sean debidamente protegidos y restaurados.
Defensoría pide al Tribunal de Cundinamarca acelerar decisiones sobre La Mojana
Por otro lado, en un esfuerzo por salvaguardar los derechos de alrededor de 500.000 habitantes afectados por las inundaciones tras el rompimiento de un dique en la subregión de La Mojana, la Defensoría del Pueblo presentó un memorial de impulso procesal al Tribunal de Cundinamarca. La solicitud tiene como objetivo acelerar la toma de decisiones en un caso que ha mantenido en vilo a la comunidad durante cuatro meses.
El caso en cuestión se centra en el rompimiento del dique conocido como Caregato en San Jacinto del Cauca, en del departamento de Bolívar, en agosto de 2021, que dejó a La Mojana, compuesta por 11 municipios en los departamentos de Antioquia, Sucre, Bolívar y Córdoba, sumida en inundaciones que han afectado gravemente a sus habitantes.
Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, destacó la importancia de la intervención del Tribunal en el caso de La Mojana. “Lo que buscamos como institución garante de los derechos es que el Tribunal acelere la toma de decisiones, máxime que hace cuatro meses interpusimos una acción popular para que los derechos e intereses colectivos de unos 500.000 habitantes de esa subregión del norte del país sean protegidos”, aseguró el defensor.
El Tribunal de Cundinamarca admitió el recurso constitucional presentado por la Defensoría del Pueblo, en julio pasado, dirigido al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al Fondo de Adaptación.
Desde el desastre, las comunidades agrícolas y ganaderas de La Mojana han sufrido la pérdida de medios de subsistencia, con viviendas dañadas y familias enteras teniendo que abandonar la región. La Defensoría del Pueblo declaró la situación como crítica, con graves afectaciones a los derechos fundamentales, incluyendo los derechos a la vida, salud, alimentación y vivienda.
Carlos Camargo subrayó la urgencia de implementar medidas integrales para proteger a los afectados. También solicitó medidas cautelares “urgentes e indispensables” para garantizar los derechos de las aproximadamente 40.000 familias perjudicadas en La Mojana.