Miguel Caicedo Guanga, gobernador del resguardo Pialapí de Pueblo Viejo, confirmó en las últimas horas la identidad de tres indígenas de la comunidad Camawari Awá asesinados, al parecer, hace más de diez días por actores armados. El país no terminaba de reponerse del asesinato de ocho jóvenes en Samaniego cuando la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y Jhon Rojas, gobernador de Nariño, confirmaron que el departamento volvió a ser epicentro de una nueva masacre en este punto ubicado en el municipio de Ricaurte, a más de 140 kilómetros de Pasto.
"El recreducimiento del conflicto se está palpando. Hay que revisar los Acuerdos de Paz porque hubo tranquilidad, pero desde hace un año comenzaron los rebrotes de los hechos violentos", le dijo a SEMANA el gobernador Rojas.
Aunque el hecho se conoció el pasado 18 de agosto, hasta ese día todavía la comisión indígena no se había acercardo al lugar para investigar por las dificultades de movilidad y seguridad en el trayecto. No obstante, en la noche del miércoles el gobernador indígena relató que identificaron a Lumar Leonel Guanga y a Eider Sebastian Guanga, de 18 años de edad, y a John Guanga, de 24, como las víctimas del crimen. SEMANA se comunicó con Níver Moreano, coordinador camawari en Ricaurte, quien señaló que el estado de descomposición de los cuerpos da cuenta de que los homicidios ocurrieron hace aproximadamente diez días y no el pasado fin de semana, como se creyó inicialmente. Si bien los indígenas denunciaron el hecho el 16 de agosto, solo cuatro días después se pudo visitar la zona para conocer más detalles. "No se descarta una cuarta víctima", dijo Moreano, mas esta información será contrastada en las próximas horas cuando reciban un nuevo informe de la comisión que asistió al resguardo.
La Onic emitió un comunicado donde expresó su extrema preocupación por ‘la barbarie‘ cometida en los dos años de mandato del presidente Iván Duque. "Vemos que no se adoptan medidas reales y efectivas para evitar su repetición (...) A corte del 12 de julio pasado se han perpetrado 1.200 afectaciones a los derechos individuales y colectivos del pueblo awá, que en su mayoría no son investigadas ni judicializadas", señala la misiva.
La organización solicitó a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a que intervenga en lo que consideran es un "exterminio" de los pueblos indígenas en Colombia.