La insólita respuesta del Ministerio del Interior a un grupo de familias indígenas que salieron desplazadas del centro La Rioja, en Bogotá, por una amenaza de violación masiva contra las mujeres y niños, motivó una jornada de protesta de estos indígenas este jueves, 17 de octubre, frente a una sede del ministerio.
El Ministerio, a través de la dirección de Asuntos Indígenas, advirtió que no era posible ayudar a los indígenas que fueron arropados por una fundación en Bogotá, después de su tercer desplazamiento. Según el entonces director, Germán Bernardo Carlosama, después de revisar en su despacho no se encontraron convenios o “espacios de concertación”, donde la situación de estos indígenas se priorizara.
“Una vez consultados los históricos no se encontró esta necesidad priorizada o enmarcada en un acuerdo de consulta previa, o en un espacio de concertación, así mismo, no se evidenció un convenio, contrato o algún instrumento contractual celebrado por el Ministerio del interior con el objeto enmarcado y descrito en la petición”, señala Carlosama, que en su vida política, de contratista y ahora de funcionario, se ubicó como un defensor de las causas indígenas.
La respuesta contradice por completo las pruebas que recaudaron los indígenas para demostrar que Carlosama no solo conocía de la situación, sino que se compromete con las víctimas de este desplazamiento, incluso aseguró que girarían algunos recursos económicos para solventar el sostenimiento de los indígenas en la sede alquilada por la Fundación Predicadores de la Misericordia.
“Nos reunimos, nos prometieron ayudas. Que fuéramos con la Fundación y luego llegaría las ayudas, una reubicación para todas las familias. Nos sentamos a conversar y el señor Carlosama fue quien se comprometió con nosotros, dijo que todo estaría bien y que el Ministerio del Interior estaría al frente de la situación”, dijo una mujer indígena que participó de la reunión.
El incumplimiento del Gobierno se mantuvo y los indígenas se cansaron de esperar la solución que nunca llegó. Se movilizaron, salieron del segundo piso de una casa donde permanecen hacinados para llegar hasta una sede del Ministerio del Interior y exigir soluciones. Reclamar por los incumplimientos e insistir que el Gobierno no los puede dejar en abandono.
“No es justo y no está bien, que el Ministerio del interior le diga al padre Michael y su fundación, que ahora él es el encargado de proteger la vida de esas mujeres y niños. Acaso no es un compromiso de Estado. Acaso no es una promesa de Estado Social de Derecho”, dijo el abogado Alejandro Carranza, que acompaña las acciones legales de la Fundación.
Los indígenas llegaron al centro de Bogotá y exigieron la presencia del director encargado de los asuntos de su comunidad en el Ministerio del Interior, con el propósito de obtener una respuesta distinta a la que entregó Germán Bernardo Carlosama, de negar la ayuda a las víctimas por la falta de un contrato y peor, que negara las conversaciones previas.