Las comunidades indígenas continúan desafiando el ultimátum del Gobierno, invadiendo terrenos sembrados con caña de azúcar en el departamento del Cauca. Este martes se metieron a la finca Santa Bárbara, ubicada en jurisdicción del municipio de Caloto.
Pese a que el Gobierno ordenó a las autoridades desalojar los predios y pidió a los indígenas detener las invasiones, estas comunidades han seguido con su plan de invasión alegando tener un derecho ancestral sobre la tierra y siguiendo las directrices del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que desde el primer momento desafió las directrices del presidente Gustavo Petro.
“Nosotros y nosotras, proceso de liberación de la Madre Tierra del norte del Cauca, le mandamos a decir al gran jefe que NO vamos a desalojar, que aquí en estas tierras nos quedamos porque esta es nuestra casa para vivir y luchar (...). Al gran jefe también le mandamos a decir que vamos a entrar en otras fincas porque nuestra lucha no se detiene”, dijo días atrás el Cric.
Fiel a las órdenes del Cric, un grupo de indígenas, algunos de ellos encapuchados y armados con machetes, llegó a la finca Santa Barbara para tomar posesión del terreno por la fuerza.
Hay que recordar que estas invasiones han provocado confrontaciones con la población afro que trabaja en estas tierras y que se ha opuesto al plan de los indígenas.
Para el senador del partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, el Gobierno es el gran responsable de esta problemática. De acuerdo con el congresista vallecaucano, el establecimiento ha enviado mensajes erróneos que han motivado a los invasores, quienes han visto en algunas declaraciones una ventana para invadir.
“Estas invasiones tienen como causa los anuncios improvisados del Gobierno nacional, la tesis que sostuvo la ministra de Agricultura fortaleció y dio motivos para que estas personas sintieran la protección del Estado, incluso el acompañamiento, para realizar esas acciones ilegales”, aseguró Motoa.
Hay que recordar que el presidente Petro llegó a mencionar que la tierra no es de quien la posee, sino de quien la necesita, y que el Ministerio de Agricultura trabaja en una reforma agraria que repartiría terrenos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Tras la escalada de invasiones, Cecilia López, titular de dicha cartera, ha pedido que cesen estas acciones ilegales porque, dice, esto le da argumentos a quienes no quieren que prospere la reforma.
“Este conflicto no ha sido atendido de manera oportuna por parte del Gobierno y ellos mismos generaron mensajes erráticos que permitieron a esas comunidades sentirse avaladas para tomar acciones de hecho. El deber del Gobierno debe ser proteger de manera urgente la propiedad privada, ese es su deber constitucional”, argumentó Motoa.