“Tenemos información de que se ha llegado hasta cobrar entre $3.000 y $4.000 a quienes tienen sexo con los niños, esto es absolutamente inaceptable”, dijo la directora del ICBF, Lina Arbeláez, en un consejo de seguridad para analizar la problemática de los delitos sexuales contra los menos de edad en Colombia. Esa denuncia de la funcionaria prendió las alarmas por la gravedad de los hechos.
Arbeláez indicó además que se han identificado en todo el país unos 1.000 estudios webcam desde donde se estaría explotando sexualmente a los menores de edad. Los reclutadores estarían aprovechando la situación de vulnerabilidad de las familias para ofrecer “el trabajo” a los niños.
“Este año, entre enero y mayo, recibimos 14.233 casos de violencia, 6.991 por violencia sexual. Y nada más en Norte de Santander, una de las zonas de mayor afectación a población migrante, el ICBF reporta 285 procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos. De ellos, el 35,8 por ciento corresponde a casos de violencia sexual y un 2 por ciento a explotación sexual”, reporta la directora.
Aunque las cifras corresponden a todo el país, hay una preocupación especial en las zonas de frontera porque allí es en donde más se estarían vulnerando los derechos de los menores e incluso usando a migrantes que llegan a Colombia por estas rutas. “Este es un mensaje contundente y claro del Presidente Iván Duque, que nos envía de manera conjunta a trabajar para seguir protegiendo y garantizando los derechos de niños y niñas y adolescentes, indistintamente de la nacionalidad que tengan”, aclara Arbeláez.
En los ocho meses del 2021, el ICBF ha abierto 285 procesos de restablecimiento de derechos en Norte de Santander. De ellos, el 35,8 por ciento corresponde a casos de violencia sexual; el 17 por ciento a la omisión o negligencia de sus cuidadores; el 10,9 por ciento a la falta absoluta de responsables y el 10,5 por ciento a casos de trabajo infantil y el 2 por ciento a explotación sexual. También, la lupa está puesta en Arauca, La Guajira, Amazonas y otras zonas fronterizas.
Por esa razón el ministro de defensa, Diego Molano, anunció la creación de un Comando Específico que tendrá la misión de buscar a los reclutadores de menores para ponerlos tras las rejas y frenar la explotación de los jóvenes. “Sin tregua nuestro Gobierno nacional y nuestra Fuerza Pública actuará en la defensa de la vida”, dijo el ministro.