El caso, que quedó en un video de seguridad, dejó como víctima mortal a Óscar Rodríguez, un ciclista y padre de tres hijos, quien fue asesinado por dos hombres, venezolanos, mientras intentaban robarle la bicicleta hace un año en Bogotá. El hecho se convirtió en la evidencia de la inseguridad en la ciudad, de la vulnerabilidad de los ciclistas en las calles y de cómo creció el número de venezolanos comprometidos en delitos de alto impacto en la capital del país. Con todo y eso no fue suficiente para que la Fiscalía avanzara rápidamente para evitar el vencimiento de términos y los dos presuntos responsables quedaron en libertad.
Resulta difícil creer cómo un proceso tan delicado y con la gravedad de lo ocurrido quedó en un vencimiento de términos, señalan los familiares y se preguntan quién va a responder, porque seguramente los dos presuntos asesinos, una vez quedaron en libertad, se fugarán del radar de las autoridades judiciales y migratorias. En otras palabras, la impunidad cobijará este caso.
Lo que advirtieron es que pasaron más de 120 días sin que el juicio en contra de los capturados arrancara. La Fiscalía no logró llevar el proceso a esa instancia o no advirtió de dilaciones por parte de la defensa y el juez de garantías dejó en libertad a los acusados, que tenían en su contra un video del momento exacto cuando atacaron a las víctimas, las declaraciones de los testigos y la versión de los mismos procesados; aun así, les permitieron regresar a la calle.
La indignación ciudadana radica en un hecho puntual: de qué forma dos presuntos delincuentes, que quedan en video mientras asesinan a un padre de familia, son capturados, uno en flagrancia y otro después de una investigación de la Policía, ahora se convierten en “víctimas” de la justicia y un juez los deja en libertad por vencimiento de términos.
Expertos en derecho advierten que el juez no puede hacer más que cumplir con la ley. Esto es, si se vencieron los términos, tiene que conceder la libertad o será él quien termine procesado. Así las cosas, la responsabilidad recae sobre la Fiscalía y la defensa, y las advertencias que eventualmente hizo la Procuraduría. Mientras se establecen esas responsabilidades, las víctimas deben asumir la idea de que el Estado (Fiscalía) no cumplió con su labor, brindar justicia.
Las víctimas también advierten de algunas preocupaciones en materia de seguridad, puesto que los delincuentes en libertad representan el riesgo que justamente se pensaba evitar con la medida de aseguramiento. El peligro es que los busquen y amenacen para evitar la denuncia. El juez que los dejó en libertad y el fiscal que dejó vencer los términos, dicen las víctimas, seguramente no pensaron en esa grave situación.
El día de los hechos la víctima se dirigía a su trabajo en su bicicleta cuando fue abordado por los dos asesinos que mientras le exigían el vehículo le disparaban de manera indiscriminada. Luego huyeron y un patrullero de la Policía que se encontraba en su día de descanso pero observó lo que ocurrió, salió en la persecución de uno de los criminales dándole captura a unas cuadras de distancia; el otro fue capturado luego de un operativo y tras investigación que adelantó la Policía.
Las pruebas y las evidencias fueron contundentes en contra de estas dos personas en la imputación de cargos por el delito de homicidio agravado, pero no fueron suficientes un año después cuando otro juez de control de garantías decidió dejarlos en libertad tras considerar que hubo un vencimiento de términos.