En una labor conjunta entre la Policía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se adelantaron acciones para poder rescatar a varios menores que estaban siendo utilizados para mendigar en las calles de Bogotá.
La mendicidad infantil es un flagelo que afecta a miles de niños en Colombia y que, en la mayoría de los casos, son los mismos padres los que obligan a sus hijos a pedir dinero en las calles, negándoles la posibilidad de vivir su infancia y una educación apropiada.
De acuerdo con el subcomandante de Policía de Bogotá, el coronel Helbert Benavides, durante el pasado fin de semana se realizaron varias redadas en las que se logró rescatar a 20 menores de edad que estaban siendo utilizados para ejercer la mendicidad.
Según la información entregada por el coronel, de los 20 menores, 11 tienen nacionalidad venezolana, mientras que nueve son colombianos. A ellos se les iniciará un proceso administrativo para restablecerles sus derechos.
El coronel también informó que las edades de los menores rescatados oscilan entre los 7 y los 14 años y que quienes están exponiendo a los menores a la mendicidad podrían pagar hasta cinco años de cárcel.
Los menores fueron rescatados en las localidades de Chapinero, Usaquén y en espacios como estaciones y buses de TransMilenio.
En lo que va corrido del año son 167 los casos de menores, los cuales han sido rescatados de la mendicidad.
Recientemente, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió precisamente a los hechos de mendicidad a los que son expuestos los menores de la comunidad embera en la ciudad.
En ese contexto, López reconoció que efectivamente al interior de La Rioja hay bastante consumo de alcohol y explotación de mendicidad de niños y mujeres.
“Señor presidente, varios hombres ‘líderes’ emberas explotan en mendicidad a mujeres y niños, mientras se gastan las ayudas que les damos en licor y ejercen violencia contra su propia comunidad, ciudadanos y servidores públicos”, subrayó la burgomaestre.
SEMANA estableció que en junio, en un Puesto de Mando Unificado (PMU), se puso en conocimiento de las secretarías de Gobierno, Seguridad, Integración Social, Salud, además de la Personería, una grave denuncia de agresión y acto sexual abusivo de los indígenas en contra del personal de convivencia y diálogo de la Alcaldía.
“La problemática es bastante grave. El machismo en esta comunidad es alarmante, incluso han intentado agredir en varias ocasiones a las mujeres gestoras de convivencia”, le dijo una fuente a SEMANA.
La Personería confirmó que conoció el caso y lo trasladó a las autoridades competentes. Esta cruda realidad ha llevado a varios de los funcionarios que visitan La Rioja a no querer hacer su trabajo o a renunciar a sus cargos.
Pero el maltrato no es solo hacia los trabajadores del Distrito. Este medio conoció que han sido varias las denuncias que han hecho las mujeres embera chamí y embera katío por graves casos de violencia intrafamiliar. “Si intentan agredir a los funcionarios del Distrito, ¿qué se puede esperar con las mujeres de esta comunidad?”, reseñó otra fuente que conoce a fondo este problema.
Las denuncias son recurrentes. SEMANA conoció que hace unos días, en una riña, una indígena fue herida en su brazo derecho con un arma cortopunzante y varios hombres fueron trasladados de urgencia a hospitales de esta zona, en la avenida Caracas con calle cuarta.
La Personería reconoce que en La Rioja y en sus alrededores “se han presentado riñas por consumo de bebidas alcohólicas y consumo de drogas”. Además, según la entidad, “se observa poca responsabilidad de los padres, en algunas ocasiones, por situaciones como estado de embriaguez que no les permiten atender sus deberes y responsabilidades”.
Irónicamente, esto sucede a pesar de que el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, y el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, ordenaron contar con el acompañamiento de la Policía para no permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas.
Aunque en la entrada hay uniformados de la Policía, además del vigilante de la seguridad privada, los indígenas entran y salen sin ningún tipo de control. Pero el ingreso de personas ajenas a los indígenas o a los trabajadores de La Rioja está prohibido.
Este medio le preguntó a la Secretaría de Gobierno por lo que está ocurriendo en La Rioja y se abstuvieron de dar respuestas.