La versión de los militares de la Brigada XVIII era difícil de creer. Según ellos, un joven que iba en bicicleta por el barrio El Prado, de Saravena (Arauca), había abierto fuego con un revólver contra varios uniformados que tenían instalada una emboscada en la zona. Dijeron que hizo cuatro disparos y luego intentó huir a pie. Y que cuando intentaba escapar, los uniformados le devolvieron las balas y lo mataron en una reacción legítima al ataque. A priori, resultaba poco lógico que alguien se enfrentara en semejante inferioridad de condiciones a un grupo de soldados mucho mejor armado. El caso ocurrió el 24 de mayo de 2004 pero solo hasta 2008, cuando estalló la bomba mediática de los falsos positivos, el expediente salió de la justicia penal militar para ser asumido por la Fiscalía. Los investigadores no tardaron en encontrar los huecos de la versión del Ejército. Tras hacerle pruebas al revólver que supuestamente llevaba el joven, descubrieron que este tenía defectos en su mecanismo. Que el tambor debía ser operado manualmente luego de cada disparo para poder volver a accionar el arma. Por lo mismo, era casi imposible que el joven hubiera hecho cuatro tiros desde la bicicleta antes de ser asesinado por los militares. Como prueba del supuesto ataque, los militares también entregaron un chaleco antibalas de uno de los soldados que, decían, había recibido un tiro. Tras analizar el supuesto rastro del impacto, descubrieron que este no podía haber sido causado por una bala, sino que lo hicieron con un objeto contundente. Con esa evidencia, los investigadores supieron que los soldados intentaban tapar un asesinato. Dos de los militares terminaron aceptando el homicidio ante un juez.

Este caso es apenas uno de los 79, sobre 116 asesinatos, que le presentaron varias organizaciones defensoras de derechos humanos (la Asociación Minga, las corporaciones jurídicas Yira Castro y Humanidad Vigente y la Comisión Colombiana de Juristas) este miércoles a la Jurisdicción Especial para la Paz. En un evento en Arauca, le abonaron al tribunal un informe que detalla la historia de la Segunda División y las brigadas que operan en ese departamento, así como los comandantes que estaban a cargo durante los periodos en los que se registraron las ejecuciones extrajudiciales, como el general retirado Juan Pablo Rodríguez Barragán, que es investigado por falsos positivos, y llegó a ser comandante de las Fuerzas Militares entre 2014 y 2017. Además, el documento incluye la reconstrucción de varios casos, el contexto del conflicto y el entorno político de los falsos positivos en ese departamento, entre 2002 y 2008. El propósito es que este informe le sirva al esclarecimiento de la verdad de estos procesos, enmarcados en el caso 003 de la JEP, en el que el tribunal viene recogiendo información, desde el 23 de julio, sobre ejecuciones extrajudiciales. La semana pasada, por ejemplo, las madres de Soacha dieron sus testimonios sobre ese oscuro episodio. Uno de sus mensajes centrales fue que los militares implicados no han revelado por completo quiénes fueron los altos mandos que les ordenaron cometer los asesinatos.

Según los autores del informe que se presentó este miércoles, “la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales de Arauca completan más de una década en etapa de indagación, sin que haya habido un adecuado impulso procesal por parte del ente investigador que conlleve a su esclarecimiento y a una ejemplar sanción a los responsables”. “Ella le echó mano a la niña, a la de cinco meses y dijo: ay mi niña. La alzó pero se fue de cabeza en la misma cama. Yo estaba en el suelo tirado, porque me levanté y me tiré al suelo.  Yo sentí algo por aquí (en las costillas), sentí el ardor, pensé que me habían herido, me paré a mirarla a ella porque no se bajó de la cama, encontré el pozo de sangre encima de la colchoneta, la hale para el piso, estaba toda ensangrada. Bajé las dos niñas al piso. Estaba oscuro”. El informe también recoge algunos testimonios como este. La narración del hombre describe la muerte de su esposa. El Ejército justificó este asesinato en supuestos enfrentamientos que, según las investigaciones, nunca habrían llegado a ocurrir. El documento entregado a la JEP da cuenta de varios patrones que se repitieron en los falsos positivos de Arauca, y que también se han repetido en casos de todo el país. La mayoría de las víctimas eran campesinos presentados como guerrilleros. En las operaciones que condujeron a sus asesinatos se usó, en muchos casos, información de inteligencia imprecisa y hubo participación de civiles que les sirvieron de guías a los militares. Frente a las versiones falsas con las que se intentaron tapar muchos de los crímenes también hay varios patrones. En muchos casos se reportaba que las víctimas atacaban a los soldados con armas cortas, lo que es ilógico, pues frente al armamento que usan los soldados, constituye una obvia situación de desventaja. Los uniformados también suelen asegurar en los casos de Arauca que fueron atacados por varios guerrilleros. Sin embargo, no reportan heridos de sus filas, y solo las muertes de los supuestos enemigos. En la mayoría de los casos hay evidentes alteraciones de la escena del crimen y, además, las diligencias de levantamientos de cadáveres no se hacían en los sitios donde ocurrieron los hechos.