La Contraloría General hizo pública la auditoría a la Agencia Nacional de Infraestructura en la que señala hallazgos fiscales por cerca de 20.000 millones relacionados con los otrosíes 3 y 6 de la vía Ocaña-Gamarra.Desde que se hicieron públicas las coimas que pagó la multinacional Odebrecht para obtener la adición de la transversal Ocaña-Gamarra al proyecto vial Ruta del Sol 2, el terremoto desatado ha hecho rodar cabezas de funcionarios públicos y políticos importantes.El primero de entre ellos fue Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte y exdirector del Inco: la agencia que fue transformada posteriormente en Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).Mientras que el más reciente fue el exdirector de la institución Luis Fernando Andrade, a quien la Fiscalía imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falso testimonio. Frente a esos cargos este lunes una juez le impuso prisión domiciliaria a Andrade, al tiempo que señaló que el exfuncionario no se apropió de ni un solo peso.En contexto: Imponen casa por cárcel a Luis Fernando AndradeEn el momento en el que se dieron a conocer los presuntos pagos de sobornos, una de las principales misiones de la agencia fue buscar la forma de terminar el contrato licitado a la Concesionaria Ruta del Sol, lo cual dejó en un limbo la carretera que quedó construída en 52 por ciento.Sin embargo, no se había detectado hasta ese momento ningún detrimento patrimonial, hasta que este martes la Contraloría General de la República anunció el resultado de la auditoría realizada a la ANI en la que descubrió inconsistencias fiscales por 19.746 millones de pesos.Llama la atención que a pesar de que la mayoría de los hallazgos fiscales que señala la auditoría están relacionados con el contrato de concesión del segundo tramo de la Ruta del Sol, el de mayor cuantía tiene que ver con el primer tramo del que poco se ha hablado hasta el momento y en particular con la concesión de la Transversal de las Américas relacionada con el contratista Vía de las Américas S.A.S por un valor total de poco 1.158 millones de pesos.Puedes leer: ¿Qué pasará con los contratos de Odebrecht en Colombia?Otro punto del informe de la Contraloría concierne a la adjudicación de los otrosíes 3 y 6 que dieron paso a la construcción de la transversal Ocaña-Gamarra. "Para la Contraloría era improcedente la suscripción de estos otrosíes y aún así se firmaron", precisa el documento en el que también se informa que estos fueron adjudicados de manera directa y no a través de un proceso de selección pública, "desconociendo que las mismas no tenían relación directa y necesaria con el objeto, y que no se referían al mismo corredor vial".Este aspecto entra en contradicción con los conceptos que presentó hasta el momento tanto la ANI como la Fiscalía, que investiga y que retomó la juez de garantía durante la medida de aseguramiento de Andrade.También fue puesto de relieve por  el ente de control la construcción y entrada en operación tardía del Peaje Gamarra que habría generado un daño patrimonial por 3.040 millones de pesos.En tanto que entre los principales hallazgos fiscales también se encuentran el saldo a favor en recursos de vigencias futuras por pago superior que no fue reclamado por la agencia de infraestructura, así como pagos que no han sido reintegrados, entre otros, en un proyecto que en total suma un valor de más de 2 billones y medio de pesos.En general, la gestión de la ANI fue calificada como desfavorable por la Contraloría, que emitió reservas en cuanto al manejo de sus estados financieros y dio un concepto "con deficiencias" respecto al control interno.