La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe de su investigación sobre lo sucedido durante el paro nacional de 2021 desde el 28 de abril hasta el 31 de julio. En el documento se destaca que, al parecer, uniformados de la Policía usaron violencia sexual, discriminación y racismo para castigar.
La ONU señala que durante las jornadas de protestas y manifestaciones en las calles se vivió una oleada de violencia y abusos. Entre los resultados que entregó la investigación de 46 casos certificados, se señala que 28 fueron “perpetrados” por la fuerza pública.
“De la información recopilada y analizada por la Oficina, existen motivos razonables para afirmar que, de los 46 casos verificados, en 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la fuerza pública y que en al menos diez de estos casos podrían estar vinculados miembros del Esmad. En dos de los 28 casos, el presunto perpetrador habría sido un funcionario del CTI actuando por fuera de sus funciones. De los 17 casos restantes verificados, en diez casos los presuntos perpetradores habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador”, dice el documento.
Además, para el alto comisionado, varias de las manifestaciones pacíficas terminaron en desmanes y uso inapropiado e innecesario de la fuerza, vulnerando el derecho a la reunión pacífica. “Hay razones fundadas para sostener que las autoridades no habrían actuado con la debida diligencia para proteger a los manifestantes frente a la actuación violenta de actores no estatales”, dice el informe.
También se lee que “la Oficina documentó casos de uso de armas letales de parte de la policía contra manifestantes pacíficos y transeúntes que no estaban participando de las protestas. El análisis de videos realizado por la Oficina confirmó, por ejemplo, que el 3 de mayo policías patrullaron en Siloé, Cali, armados con fusiles y habrían apuntado a manifestantes. Otros casos se detallan en la sección de Derecho a la Vida”.
Entre las denuncias que se realizan, la ONU dice que se encuentra el uso desproporcionado de la fuerza, que llevó a privaciones arbitrarias de la vida, violaciones a la integridad y seguridad personal, además de violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo.
Así mismo, la oficina señaló que en distintos momentos, ciudades y fechas se llevaron a cabo movilizaciones pacíficas, por lo cual, la dispersión de la movilización no tenía lugar. En ese sentido, señalaron artículos de la Constitución de Colombia en donde señalan los lineamientos de las protestas y la protección social.
Sobre la misma línea, señaló que “también observó que se decidió utilizar la fuerza para dispersar manifestaciones pacíficas, en particular a través de la intervención del Esmad, sin haber agotado vías alternativas para la dispersión y en particular el diálogo. Según las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos, cuando se adopta la decisión de dispersar, se debería evitar el uso de la fuerza. Cuando ello no sea posible, solo se puede utilizar la fuerza mínima necesaria”.
En cuanto a las armas que usó la Fuerza Pública durante las manifestaciones, la Oficina señaló la necesidad de usar equipamiento menos letal, además de que este armamento debe ser usado por agentes del orden debidamente capacitados. “La Oficina documentó casos de uso de armas letales por parte de la policía contra manifestantes pacíficos y transeúntes que no estaban participando de las protestas. El análisis de videos realizado por la Oficina confirmó, por ejemplo, que el 3 de mayo policías patrullaron en Siloé, Cali, armados con fusiles y habrían apuntado a manifestantes. Otros casos se detallan en la sección de Derecho a la Vida”.
La oficina también sentenció de incompatible las decisiones del Gobierno por disolver las reuniones pacíficas cuando estas no representaban ningún mal. “La decisión del Gobierno nacional de dispersar varios bloqueos mediante el uso de la fuerza, cuando estos no habían generado un daño grave y sostenido, y sin que se hayan impulsado o agotado previamente las vías del diálogo, también sería incompatible con el derecho de reunión pacífica.”
La oficina concluye que a futuro el Gobierno colombiano deberá mostrar una moderación al recurrir a la dispersión y el uso de la fuerza, teniendo en cuenta los estándares internacionales. Entre las principales recomendaciones, la ONU señaló que las instituciones del Estado, incluyendo las fuerzas de seguridad, apliquen efectivamente los estándares internacionales relacionados con el derecho a la reunión pacífica. También subrayó que se deben adoptar medidas para crear un entorno favorable para el ejercicio de este derecho, esto incluye la prevención de ataques provenientes de terceros.