Pocos colombianos conocen los nombres de Fernando Vela Lozada, Yobani Carranza Castilla, Wilton Orrego León y Gonzalo Cardona Molina. Pocos saben que lucharon para proteger pequeños universos: fauna silvestre o hectáreas de tierra virgen en las que aún Colombia es el país más diverso del mundo. Todos ellos están muertos, fueron asesinados y sus casos permanecen en la impunidad.
En medio de los asesinatos a líderes sociales en Colombia, uno de los casos que más espantan es el de protectores del medioambiente: hombres y mujeres que son asesinados por proteger reservas naturales (de la nación o de la sociedad civil) o especies como el loro orejiamarillo; también se asesinan a los líderes más visibles que se oponen a la explotación de recursos naturales. ¿Quién los mata? Grupos como las Águilas Negras, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y delincuencia común.
Según el Instituto de Estudios para Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2021 se han asesinado 103 líderes sociales, muchos de ellos campesinos, indígenas o afrodescendientes. Sin embargo, nadie lleva una lista certera de los líderes ambientales masacrados en Colombia: ni el Ministerio de Ambiente ni la Defensoría del Pueblo –que pronto presentará un informe global de líderes sociales– ni la Fiscalía. Hasta ahora, solo la ONG internacional Global Witness reveló, en 2019, que Colombia era el país más peligroso en el mundo para proteger la naturaleza.
Eugenia Ponce de León, abogada ambiental y reconocida investigadora experta en el asesinato de líderes en área protegidas del país, dice: “La situación de Colombia es verdaderamente preocupante porque se incrementa cada año. Se trata de algo totalmente desbordado. Global Witness, que desde 2012 produce informes en el mundo, en 2017 puso a Colombia en el tercer lugar de peligrosidad después de Filipinas y Brasil; en 2018 subimos al segundo puesto después de Filipinas y en el último informe, que es de 2019, llegamos al primer lugar, pasando de 24 a 64, esto verdaderamente es muy preocupante y alarmante”.
Mientras tanto, el Congreso le hace el quite a un tema tan importante como la ratificación del Acuerdo de Escazú. Según el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, en esta legislatura, el Gobierno presentará nuevamente el proyecto de ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú y “se liderarán circuitos pedagógicos en las regiones con los diferentes grupos de interés de este tema. El acuerdo representa el compromiso del país con la democracia ambiental, el empoderamiento de la ciudadanía en la protección de sus derechos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Pero más allá del discurso, los defensores del medioambiente están solos en las regiones, reciben amenazas de muerte por impedir que hombres armados destruyan todo a su paso, o por oponerse a explotaciones de minerales. Desde la ruralidad se levanta un grito desesperado.
Contra la deforestación
Fernando Vela Lozada fue asesinado cuando bajó la velocidad del carro para pasar un hueco que había en la vía. Dos personas en moto aprovecharon, pasaron y le dispararon. Era 3 de julio y la noticia se esparció con rapidez. Amigos y colegas lamentaron el crimen contra el médico, especialista en reumatología, y ambientalista. Ya se cumplió poco más de un mes del crimen y a pesar de que se anunció una recompensa de 20 millones de pesos, no hay noticias ni de responsables ni de los motivos del crimen.
Entre algunos conocidos, la razón se liga con su trabajo como ambientalista. Era un defensor acérrimo de la biodiversidad y crítico abierto de la deforestación. Un líder ambiental que lo conoció y prefirió el anonimato por seguridad, comparte que Vela “veía la medicina como una posibilidad de proteger la vida y la causa ambiental como una posibilidad de expandir esa vocación”. Por eso, su profesión no se centró en un trabajo de consultorio, sino que trascendió y la ejerció en campo.
“Uno de los temas que lo movía era la deforestación, y él estaba investigando sobre ella. Su activismo quería llevarlo a la acción, no en redes sociales. Su gran sueño era tener una reserva forestal muy grande”, cuenta el ambientalista que lo conoció.
Y preocupado por la deforestación y el tráfico de fauna, que era otro asunto que lo movía, “empezó a publicar la relación de deforestación y maderables ilegales” y a hacer públicas las actividades que estaban afectando al medioambiente en Caquetá, uno de los departamentos que más ha sufrido por estos golpes contra el ambiente.
“Asesinaron a una persona que educaba con el ejemplo. Es un golpe muy fuerte para la causa ambiental en general. Esto desanima a muchos de los que están trabajando en el activismo ambiental y lo hacen a través de la acción”, cuenta el ambientalista y sentencia que las cifras de amenazas y asesinatos “impide que la gente tenga mayor trabajo de campo, es una sensación constante de abandono por parte del Estado y una estigmatización que se ha venido generalizando porque se empiezan a crear rumores”.
Además del medioambiente, la medicina perdió a un especialista escaso en Florencia –la capital de Caquetá–. El Colegio Médico Colombiano, capítulo Caquetá, luego de conocer la noticia del crimen, publicó: “Deploramos el asesinato del médico Fernando Vela Lozada, quien dedicó su vida a trabajar en el departamento como único especialista en reumatología en nuestra región”.
El protector de caño cristales
Javier Francisco Parra Cubillos era coordinador ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena). Su labor terminó cuando fue asesinado, en diciembre de 2020. Su misión era proteger Caño Cristales, uno de los paraísos ambientales más importantes y atractivos del país. Trabajó más de 20 años en Cormacarena y aunque no fue intimidado en las épocas duras del conflicto armado, sí cayó en la guerra de las mafias interesadas en apoderarse no solo de terrenos baldíos, sino de áreas protegidas para el desarrollo de actividades como ganadería extensiva ilegal, minería y siembra de cultivos ilícitos, tal como sucede en Brasil, donde ha desaparecido una área tan extensa de la Amazonia que abarcaría un espacio como el de España y Portugal juntos.
En septiembre del año pasado, fue atacado el vehículo en el que se movilizaban funcionarios de Cormacarena. El carro lo incendiaron y ellos salieron ilesos del ataque. Ese fue el antecedente de lo que sería la muerte de Parra Cubillos: no sobrevivió a un atentado de sicarios el 3 de diciembre de 2020, cuando montaba bicicleta en La Macarena. En esa zona, según las autoridades, hacen presencia grupos armados ilegales que amedrentan a la comunidad con el fin de controlar el territorio y desarrollar actividades ilegales como deforestación y siembra de coca.
Uno de los problemas por los cuales asesinan a los líderes ambientales es por la tala de bosque. En 2020 el país perdió 171.685 hectáreas, lo que representó un incremento de 8 por ciento frente a 2019. El 70 por ciento de la deforestación se concentró en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Antioquia. La mayor pérdida de bosque se dio en la Amazonia, en donde se pasó de una tala de 98.000 hectáreas en 2019 a 109.000 en 2020, un aumento de 11.000 hectáreas. Meta se ubicó en el primer lugar de la tala de bosques con 35.556 hectáreas deforestadas. Entre las causas del incremento se destaca la praderización (conversión de áreas de bosque a áreas de pastos), las malas prácticas de ganadería extensiva, la extracción ilícita de minerales, la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas, la tala ilegal, los cultivos ilícitos y el desarrollo de infraestructura no planificada y sin permisos.
El defensor del río
Como transportador informal de pasajeros entre Chiriguaná y los pueblos cercanos, Yobani Carranza Castilla encontró una nueva forma de subsistir económicamente después de perder su curul como concejal de ese municipio del departamento del Cesar. Pero mientras esperaba que repararan su viejo carro en un taller del barrio 12 de Octubre, el pasado 26 de enero, un sicario le disparó en múltiples ocasiones y acabó con su vida. Más de seis meses después ninguna autoridad da explicaciones certeras del caso.
El exconcejal de 45 años era también un reconocido líder del medioambiente en su pueblo, Rincón Hondo, el corregimiento más importante de Chiriguaná. Allí se convirtió en un férreo defensor del río La Mula, que viene siendo explotado de manera indiscriminada por diferentes empresas dedicadas a la extracción de materiales.
Esa lucha por no dejar “que acabaran con el sitio, que sirve no solo para los habitantes del pueblo, sino también como destino turístico para la gente de la región que va a bañarse en sus aguas, le trajo algunos inconvenientes”, cuenta su hermano Raúl Jiménez Castilla. Eso sí, Yobani nunca habló de amenazas o enemigos.
Esa vocación por la defensa de su tierra y por el agua hizo que los otros habitantes empezaran a acudir a él cada vez que tenían que hacer algún reclamo sobre servicios públicos o problemas sociales, así este operador de maquinaria pesada, que había trabajado en diferentes compañías mineras de La Loma y La Jagua de Ibirico, acabó en política. Primero perteneció al Partido Liberal y luego estuvo bajo las toldas de Cambio Radical, pero por diferentes motivos relacionados con el aval no pudo llegar al Concejo municipal para un segundo periodo.
El día del crimen, Yobani esperaba en una silla del taller que funciona sobre la calle 39 de Valledupar, cuando un hombre entró caminando con el arma en la mano y le disparó sin mediar palabra. El delincuente salió tranquilo y abordó una motocicleta que lo esperaba a pocos metros. Y a pesar de que es una zona que cuenta con muchas cámaras de seguridad públicas y privadas, la familia del líder dice que en la Fiscalía Seccional nunca les dan una respuesta y que la investigación no ha avanzado nada.
Según el Centro de Pensamiento Caribe de la Universidad del Norte, en el primer semestre de 2021 fueron asesinados seis defensores de derechos humanos en el Caribe. Dos de los casos se presentaron en Córdoba y los otros en Sucre, Magdalena, La Guajira y Cesar. Asimismo, se registra este año como el más violento desde 2018, lo cual incrementa las afectaciones humanitarias a la población civil, entre ellos, los líderes comunitarios y los defensores de derechos humanos.
Por el cuidado de la biodiversidad
El asesinato de Gonzalo Cardona Molina, el pasado mes de enero, no solo causó un enorme dolor en su familia, su partida cambió para siempre la vida de sus cinco hijos y su esposa. El ambientalista, quien se desempeñaba como coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos y durante 23 años se dedicó a defender al loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) –ave de 42 centímetros con plumaje verde y amarillo que habita en los Andes colombianos y que se encontraba al borde de la extinción–, perdió la vida en hechos que aún son materia de investigación y de la cual su familia prefiere mantenerse alejada.
“Todo lo que pasó fue una sorpresa y se convirtió en una pesadilla porque uno nunca imagina una situación de esas. Sin saber cómo, ni por qué le quitaron la vida y de paso acabaron también con la tranquilidad y la felicidad de la familia”, dice una de sus hijas. Solo un día después de las exequias, su esposa y sus hijos debieron salir de donde vivían. Lo más grave, dice su hija, es que no han recibido apoyo de nadie. “Ninguna autoridad del Gobierno ha estado pendiente a pesar de que mi papá murió por defender la biodiversidad, que es un patrimonio de la nación. Tampoco hemos recibido ayuda de la Fundación para la que trabajó durante tantos años”.
Si bien sus tres hijos mayores están casados y tienen su propia familia, ha sido a ellos a quienes les ha tocado reinventarse y buscar la manera de sobrevivir no solo por ellos, sino para tenderle una mano a sus dos hermanos menores, quienes viven con su madre. Los tres dependían económicamente de Gonzalo. “No entiendo por qué se ensañaron con la familia. Nunca nos enteramos de que mi papá había recibido amenazas porque alguna decisión hubiéramos tomado, pero desafortunadamente no fue así. La vida nos cambió y todo esto lo hemos tenido que enfrentar solos”.
Para su hija, el Gobierno debería brindarles ayuda a personas como ellos, que no solo perdieron a su ser querido, sino que fueron desplazados. “Estamos tratando de aprender a vivir sin él, pendientes de mi mamá y mis hermanos y buscando encontrar algo de paz y tranquilidad, la que se nos acabó el día que nos dijeron que mi papá estaba desaparecido. A partir de allí empezó una pesadilla porque a la familia le tocó ir a buscarlo para tratar de hallar su cuerpo, asumir todos los gastos de la funeraria y esperar varios días para poder darle sepultura”.
Ha sido una experiencia traumática para la familia, y según la hija de Gonzalo Cardona, el Estado debería proteger más a estas personas, que como su papá se dedican a cuidar la biodiversidad y el territorio. Los datos son dicientes: cuando Gonzalo empezó a cuidar del loro orejiamarillo había 81 individuos habitando en la cordillera central de Roncesvalles; en diciembre de 2020, gracias a su protección y cuidado, el número llegó a 2.895 loros en la misma zona.
“Mis hermanos veían por los ojos de mi papá. Él era el que les daba todo, los apoyaba, los aconsejaba y educaba. Él era el que ponía las reglas en la casa”, asegura. Ahora, el mayor sueño de esta familia es recuperar la tranquilidad y no vivir con un miedo y un problema que no es de ellos, que no les corresponde.