La situación financiera de los transportes masivos públicos de las principales ciudades de Colombia no es cuestión de un mal momento. Es el desenlace de malos días, meses, semestres y hasta años. Hoy, los sistemas agonizan en un mar de deudas y déficits económicos que empeoraron en la pandemia durante 2020 y recibieron una estocada casi letal con las protestas y actos de vandalismo en 2021. Todo un coctel de desgracias que resiente a las economías locales y traslada el problema principal al ciudadano de a pie.
En un barrido por TransMilenio, en Bogotá; Transmetro, Barranquilla; Transcaribe; Cartagena; Metrolínea, Bucaramanga; Metro, Medellín; y Masivo de Occidente (MIO), en Cali, no se salva ninguno. Todos acarrean deudas millonarias que se han visto reflejadas en la operación diaria.
En Cali, por ejemplo, el pasado viernes en la mañana, un grupo de conductores de Unimetro, uno de los operadores de Metrocali –entidad reguladora del MIO–, bloqueó la Terminal Andrés Sanín, en el oriente de la ciudad, para exigir el pago de cuatro salarios atrasados. La operación del sistema en esa zona de la capital del Valle se detuvo por varias horas y los usuarios debieron caminar kilómetros y kilómetros para llegar a sus destinos.
Unimetro dice que no tiene cómo pagar los salarios atrasados porque las deudas con Metrocali aún no han sido saldadas. La entidad, por su parte, publicó un informe financiero en el que asegura que las pérdidas económicas en 2020, año en que el sistema estuvo detenido por la pandemia, ascendieron a 147.000 millones de pesos en comparación con lo recaudado en 2019.
A ese déficit se suma el daño de 39 estaciones y más de 80 buses padrones y articulados durante las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril. Básicamente, el sistema masivo caleño arrastra deudas e infraestructura por reparar para poder normalizar el servicio, que aún no se presta en algunos sectores de la ciudad.
Un panorama similar se vive en Bogotá con TransMilenio, que atraviesa una verdadera crisis económica por cuenta de la pandemia y los actos de vandalismo de este año. Según cálculos rápidos, ese sistema de transporte masivo tiene pérdidas millonarias por hasta 2,3 billones de pesos solo en 2021. Felipe Ramírez, gerente de la entidad, asegura que en el primer semestre del año fueron vandalizadas 53 estaciones y decenas de vehículos, lo que ha impactado el funcionamiento a toda su capacidad. Por día, los usuarios afectados serían del orden de 500.000.
Reparar todos los daños costaría más de 20.000 millones de pesos. “Tenemos distintos daños. Los más graves son buses incinerados y buses del componente troncal destruidos. Tenemos 53 estaciones con daños muy graves que no pueden operar”, aseguró el funcionario al hacer un balance de la situación en los primeros días de agosto.
En Medellín, a pesar de que el Metro no fue afectado por el vandalismo, hay preocupación por las pérdidas que acumularon durante la cuarentena de 2020. Tomás Elejalde, gerente de esa entidad, aseguró que los ingresos dejados de percibir son más de 720.000 millones de pesos.
“No hay manera de hacer una recuperación de lo perdido, nosotros proyectamos que entre los años 2020 y 2021 se calcularía unos ingresos dejados de percibir de más de 720.000 millones de pesos, que son pérdidas absolutas. No porque ahora estemos con una reactivación económica, vamos a tener ingresos que nos permitan recuperar eso”. Una de las soluciones que se plantean es congelar la deuda del Metro con la nación para mitigar las pérdidas económicas. Es decir, un periodo de gracia mientras las finanzas del sistema se estabilizan.
El panorama económico de Metrolínea, que opera en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta (Santander), refleja pérdidas en 2020 por 20.000 millones de pesos. Sin embargo, lo más preocupante es que en nueve meses de 2021 el déficit ya supera lo perdido el año pasado. “Este año proyectábamos un déficit menor, pero se agudizó por el tema de las protestas y el vandalismo, que nos afectó la operación del sistema, los ingresos, así como la reactivación que estábamos teniendo”, le contó a SEMANA Emilcen Delina Jaimes, gerente de Metrolínea.
Denunció que, a la fecha, solo la Alcaldía de Bucaramanga le ha lanzado salvavidas económicos para que la operación del sistema no colapse totalmente. La gerente Jaimes aseguró que tuvieron que echar mano de otros recursos para solventar algunos gastos menores de la puesta en marcha de los buses. “Nosotros hemos optado por cubrir el déficit actual, porque acarreamos con unas deudas pasadas de liquidaciones que no se han pagado de 2019. Lo que hicimos fue suspender el pago y limitarnos a cubrir la operación actual”, dijo.
Agregó que, sumado a las pérdidas, tienen la dificultad de que uno de los concesionarios no cumplió la garantía para poder continuar la ejecución del contrato, “entonces debimos suspender la operación de ese contrato y esto nos ha representado otros problemas financieros porque debimos suspender rutas”, puntualizó Jaimes. Actualmente, y debido a la falta de recursos, Metrolínea no presta el servicio de rutas alimentadoras en Piedecuesta y Floridablanca porque el sistema cuenta con un solo operador.
Por su parte, Transmetro, en Barranquilla, reportó pérdidas por 500 millones de pesos durante los días de protesta en 2021. Los usuarios que dejaron de movilizar fueron más de 200.000 durante ese periodo.
Reforma tributaria, ¿la esperanza?
Los transportes masivos públicos de Colombia solo tienen una esperanza para salir del hoyo financiero en que se encuentran: la nueva reforma tributaria, que tiene un punto favorable para salvar las finanzas y asumir deudas causadas por la pandemia. “Necesitamos el acompañamiento de parte del Gobierno nacional, el cual, en la reforma tributaria, ha dicho que va a aportar el 50 por ciento del déficit. Como nosotros hemos aportado ya 40.000 millones, ellos podrían devolver una parte y estamos dispuestos a que esa devolución que nos hacen la inyectemos nuevamente al sistema”, sostuvo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.
Frente a esto, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le contó a SEMANA que los sistemas de transporte son esenciales para garantizar la equidad. “Dijimos que vamos a cubrir máximo hasta el 50 por ciento del déficit operacional que tuvieron estos sistemas como resultado del impacto de la pandemia entre 2020 y 2021”.
El ministro también aseguró que la idea es que los transportes masivos puedan cubrir operación en otras ciudades cercanas para ser más incluyentes. “Disponemos de un billón de pesos para este fin. Yo creo que con esto hay un avance importante. Evidentemente la responsabilidad de los sistemas de transporte es de los entes territoriales, pero el Gobierno nacional está comprometido con apoyar a los entes territoriales en esta tarea tan importante”, concluyó Restrepo.
Los sistemas masivos se aferran a la esperanza de ese salvavidas para empezar a pasar la mala hora (días, meses y años) que cargan a sus espaldas. Ahora, los entes territoriales están pendientes de que las medidas sean suficientes y que la reactivación de la economía traiga también la recuperación en sus finanzas y les dé sostenibilidad a los sistemas. De lo contrario, los riesgos serían cada vez mayores.