En un fallo de primera instancia, la Procuraduría sancionó con inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos al director general de Comfenalco Valle, dentro de un juicio disciplinario por manejos irregulares de los dineros de esa caja de compensación familiar. La sanción, que se conoció este jueves 6 de agosto, recae sobre Felice Grimoldi, considerado uno de los zares del sector de las cajas de compensación familiar y quien desde hace varias décadas está al frente de Comfenalco Valle, una de las entidades más prestigiosas de la región que maneja cien mil millones de pesos al año en aportes de los trabajadores y genera 1.200 empleos directos. El proceso contra Grimoldi arrancó en marzo pasado cuando la Procuraduría le abrió una investigación por manejo irregular de dineros parafiscales en la entidad. En su momento el ente disciplinario informó que el director de la caja enfrentaría cinco cargos por violación al Código Único Disciplinario, y catalogó las irregularidades como “gravísimas cometidas a título de culpa gravísima y culpa grave”. Como se recordará, el proceso disciplinario contra Grimoldi surgió a raíz de una investigación que esta revista publicó el 11 de octubre del 2014 y que tituló La caja menor, en la que se denunciaron con pruebas documentales y testimoniales, presuntos hechos de corrupción dentro de Comfenalco y que comprometerían una suma cercana a 14.500 millones de pesos . Lo absurdo del caso es que las pruebas de ese trabajo periodístico eran las mismas que Juvenal Andrade, auditor de la caja, envió desde comienzos del 2014 a la Supersubsidio, la Contraloría y la Fiscalía. Paradójicamente, en su momento las quejas del auditor no prosperaron, pero él y su equipo auditor fueron despedidos de Comfenalco. Pero ahora este fallo de la Procuraduría le da un nuevo impulso a sus denuncias. Entre las cinco irregularidades que investigó y juzgó el Ministerio Público hay de todo: desde omisiones en los libros de contabilidad, no tener abiertas las cuentas bancarias de manera independiente para el manejo de los recursos, pasando por el presunto uso de subsidios liquidados y no cobrados, hasta la autorización de un pago por diez millones de pesos a un directivo de Comfenalco por concepto de viáticos para asistir a una conferencia en Ginebra (Suiza), cuyo temario nada tenía que ver con el subsidio familiar. Otro de las irregularidades investigadas por la Procuraduría y que también hacían parte de las denuncias de SEMANA, fueron los polémicos pagos de bonificaciones a directivos por un valor de 7.154 millones de pesos. El 67 % de esos bonos, que dentro de la contabilidad de la caja se denominaban “pagos de beneficios por mera liberalidad”, fueron a parar a los bolsillos del director general Felice Grimoldi, el director de servicios de apoyo Gustavo Adolfo Silva; y al gerente financiero, Wílmer Ramírez. Líos con la Contraloría Sumado al reciente fallo de la Procuraduría, Comfenalco enfrenta otro, pero esta vez las pesquisas provienen de la Contraloría General de la Nación. Esa entidad adelantó una actuación especial de fiscalización a raíz de las denuncias publicadas por SEMANA. El informe culminó en abril y reporta la existencia de 10 hallazgos administrativos, de los cuales uno tiene alcance fiscal por valor de 655 millones de pesos y cuatro con implicaciones disciplinarias. El documento de 52 páginas contiene detalles sobre las presuntas fallas en el manejo de los dineros parafiscales, asignación y pago de subsidios monetario y de vivienda, contratación, gastos de administración y falencias en los sistemas de información contable y seguridad informática. Lo llamativo de ese informe fiscal es que también confirma la existencia de varias de las irregularidades denunciadas por esta revista y que aparecían detalladas y documentadas en las auditorías de Juvenal Andrade. Por ejemplo, en el documento fiscal la Contraloría advierte la falta de vigilancia de los subsidios para vivienda que la caja paga a los trabajadores afiliados, “cancelando a los beneficiarios subsidios por mayor valor al que tenían derecho”. Y tal como lo denunció el ex auditor Andrade, la Contraloría descubrió que en el proceso de los listados de asignación de subsidios para vivienda, la caja modificó las calificaciones de 1.890 aspirantes, ya que “realizó ajustes en la aplicación de la fórmula para determinar los puntajes”. Es decir, esos subsidios se asignaban deliberadamente y no se respetaba el turno de los postulantes, tal como lo exige la ley. Por otro lado, el ente de control descubrió un presunto hallazgo fiscal por 655 millones de pesos correspondiente a subsidios monetarios que “se pagaron a trabajadores que no tenían derecho”. Desde cuando esta revista publicó la investigación, las directivas de Comfenalco han desmentido públicamente la veracidad de las denuncias y catalogaron el informe periodístico como “un refrito”, que ya había sido indagado por las autoridades. No obstante, la realidad actual indicaría lo contrario, ya que son cuatro los organismos de control que han actuado contra Comfenalco Valle, indagando a fondo las auditorías que documentó el ex auditor Andrade y otras que investigó SEMANA. La primera en tomar las riendas del asunto frente a las denuncias fue Griselda Janeth Restrepo, superintendente de Subsidio Familiar, quien mediante la Resolución 0882 de diciembre 11 de 2014 intervino la caja a través de una medida especial de vigilancia y salvamento. Luego vino el juicio de la Procuraduría y ahora el informe fiscal de la Contraloría. Del proceso en la Fiscalía aún no hay noticias. El reciente fallo disciplinario puede ser apelado y tendrá que resolverlo el propio procurador general, Alejandro Ordóñez.