En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por un periodo de diez años al exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, quien fungió en el cargo desde el año 2012 hasta 2015.
Según el ente de control, la sanción a Gossaín se dio por permitir el pago de más de 16 mil millones de pesos a dos IPS “por conceptos relacionados con atención de pacientes de hemofilia, sin que existiera relación contractual con ellas”.
De acuerdo con las investigaciones el monto que autorizó pagar el exmandatario local obedeció a la prestación de servicios de salud por medio de las IPS Fundación Ciénaga de la Virgen y Asistegral, y con ello omitió el cumplimiento de la normativa que regula la obligatoriedad de contratar Empresas Sociales del Estado (ESE) para la atención de pacientes.
“La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 evidenció que el disciplinable no ejerció la debida función de vigilancia y control frente a las funciones delegadas y avaló el pago de $ 16.019.388.888 por concepto de procedimientos médicos que no cumplían los parámetros señalados por el Consejo de Estado, requeridos parta la prestación de los servicios de salud”, se lee en un documento de la Procuraduría General de la Nación conocido por SEMANA.
El Ministerio Público encontró acreditada la comisión de la falta de Gossaín Rognini y la calificó de forma definitiva como gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Conforme con información de la misma Procuraduría con la medida también fueron cobijados otros funcionarios, que estuvieron involucrados en el proceso del pago irregular.
“La destitución e inhabilidad por diez años cobija a la secretaria de salud titular, Ana María del Carmen Álvarez Castillo; a la encargada, Bertha María Pérez López; por 12 años a la directora técnica de aseguramiento y prestación de los servicios de la Secretaría de Salud, Nacha Newball Jiménez; y sanción de suspensión por cuatro meses a Luis Eduardo Ortiz Herrera, profesional especializado de la precitada Gobernación”, puntualizó.
Ahora contra la decisión, procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Servidores de Elección Popular.
Por su parte, el exgobernador se pronunció sobre el tema en sus redes sociales oficiales y en medio de un largo hijo de Twitter dijo que “vuelven los titulares y los perros a ladrar” pero él sigue mirando “con la frente en alto”.
“En conclusión: No hubo robo ni corrupción pero si lo necesario para crear un escándalo cuyo propósito, dirigido tras bambalinas, consistió en señalarme y desplazarme de la vida pública”, señaló al final de los trinos el exgobernador.
La serie de 11 publicaciones las tituló “Crónica de una infamia” y en su defensa aclaró lo que se lee a continuación:
“En el año 2017, la Contraloría General me vincula a un proceso de responsabilidad por irregularidades en el caso de pacientes hemofilicos y filtran mediáticamente un posible detrimento de más de veintisiete mil millones de pesos”.
“Al final, en el 2019 me impuso una sanción por haber pagado una factura( resolución)de $1.205 millones sin el cumplimiento de requisitos legales, aunque quedó demostrado que la IPS prestó los servicios que le fueron pagados”, dijo en otro trino.
Más importante aún, aseguró que la factura por la que le sancionan “fue pagada en noviembre de 2012, tres meses después que a la Secretaría de salud de Bolívar le levantaran la intervención que sobre ella tenía la Superintendencia de salud. La misma entidad que dejó revisada y auditada la factura que yo terminé firmando para ser pagada. La misma entidad que durante cuatro años anteriores pagó facturas o resoluciones similares sin que hasta fecha de hoy se le hubiese señalado por irregularidades”.
En 2020, según Gossaín, “la Fiscalía General (delegada ante la corte suprema) archivó toda actuación contra mí en el caso de pacientes hemofilicos señalando que no es atribuible ninguna acción ni por apropiación de recursos del estado, ni por prevaricato por omisión en la defensa de la entidad”.