La Procuraduría impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por 13 años al exgobernador de San Andrés Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins, y al exsecretario de Salud del departamento, Julián Roberto Davis Robinson, por irregularidades en un contrato por alrededor de $ 500 millones.
Según la investigación del Ministerio Público, los funcionarios suscribieron y avalaron la firma de un contrato de prestación de servicios con la empresa Noel Foto S.A.S., y su representante legal, Henry Ramírez García, -quien sería un amigo Hawkins desde la campaña a la Gobernación- para la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas.
La Procuraduría confirmó que en el contrato, los implicados incurrieron en detrimento del patrimonio público por el valor de $ 204.700.003, lo que equivale al 41 % de los recursos, los cuales habrían sido invertidos en propaganda audiovisual y radial para la difusión de la situación sanitaria y medidas de protección ante el virus de Covid-19.
El órgano de control determinó que el servicio de radiodifusión sonora era gratuito, según lo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la emergencia sanitaria en el país, por lo que no se requería la suscripción del contrato ni el pago con cargo a recursos públicos.
Además, en fallo de primera instancia, se verificó que el exsecretario certificó y aseguró que cada una de las actividades del contrato se había llevado a cabo de manera satisfactoria, cuando en realidad fue innecesario pagar por la prestación de estos servicios en la isla.
La procuradora delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 calificó la falta de los servidores como gravísima, a título de dolo, por vulnerar los principios de moralidad administrativa y de economía.
Investigación a Hawkins por proyecto financiado con regalías
De otro lado, el pasado 10 de febrero, la Procuraduría General inició otra investigación contra el exgobernador Julio Hawkins, así como contra las exsecretarias de Educación y Planeación, Lucía Marcela Páez y Nidia Angélica Hernández Vásquez. La indagación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la planeación y ejecución de un proyecto destinado a mejorar el nivel de inglés de cerca de 9.000 estudiantes y 140 profesores de 11 colegios en el archipiélago. Este proyecto fue financiado con $8,051 millones provenientes del Sistema General de Regalías.
A pesar de que el proyecto ha avanzado según lo programado y actualmente muestra un avance físico y financiero del 95%, de acuerdo con el Ministerio Público, los funcionarios investigados habrían aprobado el contrato sin considerar las recomendaciones técnicas del Ministerio de Educación para este tipo de iniciativas académicas.
Además, se sospecha que la preparación y celebración del contrato se realizaron sin seguir los lineamientos del manual de contratación de la Fundación Universitaria del Valle, la entidad seleccionada por la Gobernación para ejecutar el proyecto.
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría están los documentos que sustentaron las etapas de preinversión, formulación, presentación, viabilidad, entre otros, “para determinar su estado actual y establecer su nivel de cumplimiento con las características determinadas en la planeación, así como a los establecimientos educativos y demás lugares donde se desarrolla o desarrolló el proyecto para determinar su situación física, financiera y jurídica, así como su sostenibilidad”, se aseguró en el Auto de apertura.