La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y la Contraloría General recibieron una petición del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para conocer las condiciones de reclusión en las que se encuentran actualmente los empresarios Emilio Tapia y Carlos Mattos dentro de la cárcel La Picota de Bogotá. Esto después que se concierta información sobre una relación financiera entre los dos procesados por graves escándalos de corrupción en el país.

El Inpec pidió que una comisión realice una inspección al centro de reclusión tras conocer las “denuncias presentadas por la comunidad y ratificadas por los medios de comunicación” frente a presuntas actividades ilícitas que estarían adelantando: “Esta iniciativa del Director General (del Inpec) busca un acompañamiento en la investigación y total transparencia en el momento de realizar las indagaciones frente al caso. Así como respetar los derechos de los privados de la libertad y el debido proceso”.

Para esto, le pidió a los organismos de control reseñados que evidencien las condiciones de “estos privados de la libertad y de los demás reclusos de los Pabellones ERE y UME”. El Inpec manifestó la necesidad de verificar estas denuncias y establecer todo lo que se ha dicho, esto como parte de los principios que tiene el Inpec para actuar con “transparencia y rectitud”.

En otras palabras, verificar la información para tomar decisiones de fondo, las cuales podrían concluir en un cambio de celda de los dos empresarios, quienes llegaron hace pocos meses a dicho centro carcelario.

En el comunicado, el Inpec le hizo un llamado a los directores de los 132 establecimientos de reclusión en todo el país para que tomen las medidas con el fin de “mantener el orden, la disciplina y el control de los diferentes pabellones a su cargo”.

Tras las revelaciones hechas, el abogado Iván Cancino, quien representa a Carlos Mattos, aseguró que no existe ningún tipo de relación de negocios y/o financiera entre su cliente y el contratista Emilio Tapias, recordado por ser uno de los principales protagonistas del ‘carrusel de la contratación’ durante la Alcaldía de Samuel Moreno Rojas.

El jurista aseguró que no hay vínculos más allá del apoyo humanitario que Tapia le ofreció a Mattos en La Picota, donde ambos están recluidos desde el año pasado. “Más allá de eso, no existe de parte del señor Emilio Tapia ninguna función de asesoría o consejo que involucre temas económicos, personales o familiares de Carlos Mattos Barrero”.

Cancino afirmó que “no hay en curso ninguna relación económica o de colaboración financiera entre los citados (Tapia y Mattos). Y, menos, ningún contacto entre el señor Emilio Tapia y el suscrito”. En ese sentido, el litigante reiteró que el único vínculo existente entre Carlos Mattos y Emilio Tapia es el apoyo humanitario que este último le ofreció cuando llegó extraditado desde España.

Emilio Tapia se encuentra privado de la libertad actualmente por el escándalo del contrato firmado entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados -de a cual él hacía parte- y en cuya celebración desaparecieron 70.000 millones de pesos entregados como anticipo para comprar equipos para la creación de centros digitales para las escuelas en diferentes regiones del país.

Por su parte, Carlos Mattos enfrenta dos procesos por haber liderado un plan para sobornar a un juez civil, con el fin de verse beneficiado con medidas cautelares que le permitieran seguir comercializando vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.

Por estos hechos ya firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que reconoce toda su participación en los hechos y se comprometió a pagar una indemnización de dos millones de dólares a la Rama Judicial y la Fiscalía General.