Luego de los amotinamientos presentados en varias cárceles del país, en medio de la crisis que se vive por la pandemia del coronavirus en Colombia, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y el director del Inpec, Norberto Mujica, tomaron la decisión de decretar la emergencia carcelaria en todo el país.
Con dicha medida, según explicaron, la idea es poder proteger tanto a los reclusos como a los guardias y a las familias de ambos.
Este es el decreto emitido por la cartera de Justicia, con el cual entra en vigencia la emergencia carcelaria.
Con la decisión, el Ministerio de Justicia puede usar instrumentos excepcionales para facilitar la excarcelación —temporal— a un porcentaje de los colombianos privados de la libertad que cumplan condiciones como estas: ser mayores de 60 años, ser madres gestantes o de niños menores de 3 años, tener enfermedades crónicas o haber sido condenado a una pena de poca duración. Se calcula que al menos 10.000 personas de las 124.188 recluidas en el país (a corte de 31 de enero de 2020) se beneficiarían con la medida. Para el caso de los adultos mayores, el Inpec reporta que el 4,3% de los reclusos del país tienen más de 60 años. Es decir, 5.884 mujeres y hombres pagarían su pena desde casa durante al menos tres meses, con una probabilidad de extensión de tiempo dependiendo de cómo evolucione el coronavirus en el país. En cuanto a las madres, las estadísticas del Inpec dan cuenta de 58 mujeres gestantes y 12 lactantes en los centros penitenciarios de las seis regionales del país. Sin embargo, no hay muchos datos respecto a cuantas de ellas cumplen ambas condiciones de ser gestantes y tener hijos menores de 3 años que viven con ellas en los centros de reclusión. Tan solo se sabe que hay 8.759 mujeres en la población interna. Otros de los candidatos a ser acogidos con la medida de detención domiciliaria serían aquellos que tengan penas de corta duración, por ejemplo, los 27.924 reclusos que recibieron una condena entre los cero y los cinco años de prisión. No obstante, enviar a casa a todas estas personas representaría un despliegue de recursos humanos y económicos para garantizar el seguimiento y control de cada proceso de los que nos dispone por el momento el sistema penitenciario del país. Cabe recordar que los establecimientos de reclusión presentan un 54,9 por ciento de hacinamiento, ya que solo están capacitados para atender a 80.156 personas. Mientras que casi 45.000 más habitan en los pasillos, patios y rincones de las cárceles aguardando condiciones dignas.