Desde que lo condenaron y en su paso por un centro de reclusión, el exsecretario de salud de Bogotá, Héctor Zambrano, demostró la buena conducta que debió tener antes de terminar enredado en el mayor escándalo de corrupción de la capital del país: el carrusel de contratos. Ese buen comportamiento fue estudiado por dos jueces que hace un año le dieron la libertad; sin embargo, al parecer, se les olvidó notificarlo. El exfuncionario siguió detenido por 12 meses más, cuando en los archivos de la justicia ya estaba libre.

Su defensa revisó el proceso y tras encontrar que las órdenes de libertad estaban listas, pero engavetadas hace un año, optó por pedir la libertad a través de un habeas corpus, un instrumento jurídico muy usado cuando se considera que el Estado tiene a alguien detenido sin los requisitos legales, como era el caso del exsecretario Zambrano.

“Pasamos para preguntar por esa apelación y me dicen que ya estaba fallada. La revisé y les dije que había un error, que era 2021 y no 2020; me contestaron que no, que hace un año estaba la decisión”, dijo el abogado Gustavo Sierra cuando, sorprendido, escuchó las explicaciones del complejo judicial de Paloquemao.

El abogado Sierra les recriminó a los funcionarios judiciales por qué después de 12 meses y con una persona privada de la libertad, dejaron la notificación embolatada. No se trataba de un simple error, lo que estaba en juego era un derecho fundamental, quizá el más protegido después de la vida: la libertad.

La defensa del exsecretario le redactó un documento al juzgado 26 de ejecución de penas y no respondieron, por eso acudieron al hábeas corpus, que no sólo sirvió para obtener la libertad de Zambrano, sino para ordenar una investigación en contra de los dos jueces que se pasaron por la “faja” la libertad de una persona.

“Por esta razón interpuso el hábeas Corpus de forma inmediata y le correspondió al juzgado 28 penal del circuito que lo falló dentro de las 36 horas como dice la ley y le otorgó la libertad inmediata al doctor Héctor Zambrano y este mismo fallo ordena iniciar investigaciones disciplinaria y penal contra estos dos despachos, por no haber notificado la libertad “, dijo el abogado.

El juzgado que otorgó la libertad al exfuncionario incluso advirtió que estaba frente a una situación que puede considerarse una prolongación ilícita de la libertad, un delito, ahora cometido por los responsables de notificar la decisión, que hace un año estaba en el cajón de los recuerdos en dos juzgados.

“Resulta desproporcionado injustificable que al accionante tenga que soportar la prolongación de la privación de la libertad hasta el 2 de noviembre de la presente anualidad fecha en que el juzgado accionado manifestó expidió la boleta de libertad y enviaría la correspondiente acta de compromiso de que trata el artículo 65″, señaló el juzgado en su decisión.

Zambrano se encontraba en la detención domiciliaria y este suceso es un ejemplo de lo desconectadas que pueden estar las instituciones en eventos como el narrado, sobre todo cuando se pone en juego derechos fundamentales como la libertad.

Algunos, que no saben si sorprenderse o indignarse por semejante despropósito de la justicia, se preguntan qué tan común puede resultar hechos similares, pues sí ocurrió con alguien que en teoría gozaba de reconocimiento público, que será ahora con los detenidos que solo pueden sentarse a esperar que pase el tiempo.