Temblando de miedo, con la amenaza de un elemento corto punzante en el cuello, sin poder definir si se trata de un cepillo de dientes afilado o un esfero, está uno de los orientadores sicosociales de El Redentor, Centro correccional juvenil en Bogotá; en un salón rodeado de aproximadamente 17 personas que están allí, porque antes de cumplir 18 años de edad ya habían asesinado, secuestrado, abusado sexualmente, hurtado o cometido cualquier otro delito que, por la orden de un juez los obligó a estar aprehendidos.
La escena se vio en marzo, pero otros profesionales que atienden la misma población lo vienen viviendo con más frecuencia desde el primero de diciembre del 2023, tiempo en que se han evadido 140 personas. De hecho, dos noches antes de Navidad uno de esos “profes”, estuvo secuestrado en un salón por un joven que lo golpeó con un palo, hasta que se cansó, según él, porque lo “sapió” antes de intentar emprender la fuga. Y es que poco pueden hacer los que trabajan al interior de El Redentor, porque ellos no tienen facultades para ejercer control disciplinario y vigilancia.
A pesar de ser un lugar que atiende a población que ha cometido delitos graves, por ser menores de edad, la aprensión no se da a manera de castigo, sino pretendiendo restablecer los derechos de un menor de edad que seguramente no ha tenido la atención suficiente. En El Redentor tienen vivienda, educación, alimentos, sin desvincularse de su entorno familiar. Más que ser considerados victimarios, son tratados como víctimas de la desigualdad e indiferencia social.
Lo que muchos desconocen es que casi el 80 % de la población allí recluida es mayor de edad. Sí, hombres que reclaman su derecho a vistas conyugales, que incluso ya tienen hijos adolescentes. Muchos que ven en los vacíos de la ley la mejor manera para manipular la justicia. Hace unas semanas llegó a El Redentor un señor próximo a cumplir 34 años de edad, que cuando era menor cometió un homicidio, en diciembre de 2016 se voló. Salió a seguir delinquiendo, hace unos meses fue capturado cometiendo otro delito tan grave que obligó a un juez a encerrarlo en una cárcel de adultos. Pero su abogado interpuso tutelas recordándole a la justicia que su cliente tenía pendiente por pagar un delito de cuando era niño. Así que los devolvieron a El Redentor a ver clases con uniforme de colegio y ser compañero de niños de 16 años, con los que ve talleres de panadería, electrónica, entre otros.
SEMANA conoció que solo en Bogotá durante el 2023 ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes 1.674 “jóvenes”, de los cuales 184 son reincidentes, de estos 15 han presentado más de cinco ingresos. Y para que reingresen no es porque los reaprehenden, eso es casi imposible debido a que al ser tratados como niños sus datos no aparecen ni en la base de datos de la Policía Nacional, en general, solo en la especializada de infancia y adolescencia. Lo más común es que si vuelven a ingresar al sistema es porque delinquen una y otra vez.
Actualmente, en El Redentor no alcanzan a haber ni 200 privados de la libertad. Entre ellos 100 adultos hombres, 22 menores de edad. En otro espacio del mismo complejo están 48 mujeres (34 adolescentes y 14 adultas). Al interior del establecimiento no pueden existir cámaras de seguridad para no violar la privacidad de los “menores”. El Redentor más que ser considerado un establecimiento de reclusión, es tratado como un establecimiento educativo, lo que hace que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, no custodie el lugar, la Policía Nacional no pueda ingresar a hacer controles, pero el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), que es el responsable del complejo, tampoco paga seguridad privada.
“Ese es uno de los vacíos que tiene el sistema”, dijo a SEMANA el magistrado Juan Carlos Arias, presidente de la sala de asuntos penales para adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá. Asegura que nunca la ley 1098 de 2006 ni la ley 1453 que la reforma, dijo quién tenía que hacerse cargo de la custodia de este tipo de establecimientos. La Policía terminó asumiendo una responsabilidad que no está claramente establecida, por eso los recursos con los que cuenta para la protección de El Redentor son limitados.
A las afueras de El Redentor solo hay tres uniformados que ayudan a hacer requisas cuando hay visitas, que por ciento son superficiales y no invasivas, como sucede en un establecimiento carcelario. En total son 16 uniformados asignados para el complejo, de los cuales la mayoría está custodiando a los jóvenes que tienen que ir al médico o algunos a visitar a sus padres que están recluidos en cárceles. Los jóvenes que organizan los motines ya tienen claro cuando la seguridad de la periferia está débil, así que se organizan por grupos y saltan los muros desde diferentes puntos, lo que le dificulta a la Policía reaccionar.
Solo podrían entrar en caso extremo uniformados especializados en infancia y adolescencia, en compañía del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ministerio Público, secretaria de Salud y secretaria de seguridad de Bogotá. Mientras se activan los protocolos, familiares y amigos, que quizás con antelación sabían de los planes, llegan al punto y se agranda el mitin. Todo termina en una revuelta, en la que interviene la Unidad de diálogo y mantenimiento del orden, la que remplazó al Esmad, pero que hace las mismas funciones. “Miren como le pegan al niño, policías hp”, se escucha gritar con desespero a familiares en los videos que se han hecho virales.
Cuando hay este tipo intentos de fuga se piden refuerzos de la policía de los CAI de Candelaria, el Tunal, el Perdomo, se requiere de drones y del helicóptero de la Policía, lo que obliga a que si se presenta una emergencia en esos puntos de la ciudad no hay personal para atender. Incluso, si de un hospital llaman a decir que un menor de edad es víctima de abuso sexual, no hay policías de infancia y adolescencia que puedan reaccionar, porque están tratando de que los “niños” de El Redentor no se vuelen.
El tema termina siendo más complejo cuando el ICBF debe responder por lo que suceda con esos jóvenes que están bajo su custodia. “Yo entregué a mi hijo en perfectas condiciones físicas”, dice Nadia Zambrano, madre de Issac Granados, un joven de 17 años que ella denunció por maltrato intrafamiliar. Luego de uno de los intentos de fuga que se registraron en diciembre a ella le notificaron desde El Redentor que su hijo se había lesionado una pierna, pero en realidad estaba en la UCI de un hospital público en estado vegetativo. El operador que contrató el ICBF para manejar El Redentor le habría dicho que su hijo asaltó la enfermería para tomarse varias pastas de tramadol que usaban para generar adrenalina durante la fuga y eso le habría generado convulsiones. Los médicos dicen que presenta múltiples golpes y otros que eso se los habría generado la caída del muro. Lo cierto es que el joven no puede valerse por sí mismo, no solo perdió el movimiento sino la visión y ahora que le dieron “detención” domiciliaría, el ICBF ya no le envía ni pañales, según denuncia la madre.
De los 140 evadidos que se registran desde el primero de diciembre de 2023 a la fecha se calcula que 12 han sido asesinados a manos de grupos criminales. “Es frustrante que el sistema no esté funcionado, la misión de resocialización no se cumple. Por la cantidad de vacíos que tiene la ley”, dijo el coronel Carlos Augusto González, Jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, quién asegura que están haciendo todo lo que está a su alcance, pero se ven maniatados con una ley garantista.
Tanto él, como el magistrado Arias y más de 15 fuentes consultadas aseguran que urge una reforma a la Ley que sanciona penalmente a los menores de edad, no solo porque no hay quien custodie, tampoco hay unidad en las sanciones. El tiempo máximo que puede estar un joven detenido es de ocho años, pero no hay un mínimo. Un juez puede considerar que por un homicidio el joven solo merece un llamado de atención, todo depende es del grado de vulnerabilidad que el joven tenga en su entorno.
Llama la atención que ni a El Redentor ni a otros establecimientos que cumplen la misma función a nivel nacional están llegando jóvenes, como pasaba años anteriores, cada año disminuye la cantidad de ingresos ¿será porque ya los menores de edad no cometen delitos o porque hay brechas en el sistema?