En los últimos días, está circulando en mundo judicial del país un llamativo mensaje que señala: “En la JEP están buscando abogados con conocimientos en derecho penal, derechos humanos y DIH, por si les interesa o conocen a alguien, pueden enviar las hojas de vida a cam*****izr@jep.gov.co”, y no es para menos, de forma silenciosa y cuando empezaban las vacaciones de Semana Santa, fue aprobada una multimillonaria partida presupuestal para la JEP, que al parecer se podría convertir en más burocracia.
SEMANA revela en exclusiva el Acuerdo AOG n.° 012 de 2023, del Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz, que amplía la planta personal de este polémico tribunal en 429 cargos, que en plata blanca le costará a los colombianos, cada año, la no poco generosa cifra de 60.435 millones de pesos, todo en nuevos cargos.
El documento de 13 páginas, firmado por vicepresidenta Belkis Florentina Izquierdo Torres, fue suscrito el viernes 31 de marzo, el mismo día que el país entraba en reflexión y alistaba maletas para vacaciones de Semana Santa, por lo que pasó de agache la millonaria inyección de dinero, así como la forma en que se iba a repartir.
El documento, rotulado como “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y se fija la planta de personal de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP”, tiene detallado uno a uno la forma cómo se van a distribuir y a dónde van a ser asignados los nuevos cargos.
El total de la planta actual de la JEP, según dijo en entrevista con SEMANA su presidente, magistrado Roberto Carlos Vidal, “somos 800 funcionarios y con esa ampliación de la planta pasamos a 1.400″, las cuentas no le cuadran al togado, pues esta suma que hizo en la entrevista plantea 600 cargos más y no 400 como señala el documento.
60.000 millones en burocracia
El Acta que advierte la millonaria ampliación burocrática cuenta con el guiño del Ministerio de Hacienda señala que “mediante oficio con radicado 2-2023-009674 del primero de marzo de 2023, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió concepto favorable a la solicitud de viabilidad presupuestal para la modificación de la planta de personal permanente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por un costo neto total anual adicional de $60.435.986.790, pasando a un costo anual por todo concepto de $262.118.818.588″.
En otras palabras, la sola planta de personal de la JEP costará esos más de 260.000 millones de pesos, cada año y así será, año tras año, porque al ser un gasto de nómina se convierte en un presupuesto de funcionamiento imposible de reducir.
JEP, consentida en presupuesto
Y es que la JEP se convirtió en la consentida presupuestal del gobierno del presidente Gustavo Petro. Así lo refleja con claridad el aumento que se le dio en el Presupuesto General de la Nación para 2023, que alcanza la cifra, entre gastos de funcionamiento y de inversión, de 558.211.815.028 pesos. Un gigantesco aumento si se tiene en cuenta que para 2022 el monto total fue 374.898.283.445 pesos. Un aumento superior a los 183 mil millones de pesos de un año a otro.
Para más claros, esta nueva inyección a la JEP que se traduce en nuevos cargos, supera los 60 mil millones de pesos, es adicional a lo contemplado en el PGN. La JEP tiene entonces a su disposición casi 620 mil millones de pesos.
Así lo explicó su presidente, el magistrado Vidal, al explicar que “esta es una adición al presupuesto de este año de la jurisdicción. Por supuesto, en el ciclo presupuestal son decisiones que se toman un año antes”.
El documento con el que se ejecuta la nueva partida es claro al advertir como se gastará la plata: “De acuerdo con la viabilidad presupuestal favorable emitida por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en concordancia con el documento justificativo de “Solicitud de modificación de la planta de personal vigente para implementar a partir de 2023, el Órgano de Gobierno aprobó la supresión, creación y distribución de los empleos en los diferentes órganos de la JEP”.
Así los repartirán
Lo detalla con claridad al señalar la necesidad de “crear 242 cargos adscritos a la Magistratura de la JEP”, más adelante se asignan “125 cargos adscritos a la Unidad de Investigación y Acusación – UIA”, y hasta en la Secretaría Ejecutiva de la JEP hubo espacio para nuevas y masivas contrataciones “56 cargos adscritos a la Secretaría Ejecutiva”.
Por eso el mensaje WhatsApp, que hoy resulta viral entre quienes están interesados en trabajar en la justicia transicional, no deja de rodar pues son más de 420 personas las que en pocos días estrenarán carné como nuevos funcionarios de la JEP y según se lee “los perfiles van desde abogado, politólogos, sociólogos con dos años de experiencia profesional y/o relacionada hasta abogado con posgrado y cinco años de experiencia profesional. El rango salarial es de 7 a 10 millones”.
Según fuentes consultadas al interior de la JEP, lo que omite el mensaje viral, son los cargos de alto perfil cuyos sueldos superan los 20 y hasta 30 millones de pesos por mes. Estos, señalan las fuentes, tienen un lugar reservado para ser escogidos a dedo por las más altas cabezas del tribunal transicional nacido con la firma del acuerdo con la guerrilla de las Farc.
Aunque por disposición legal la JEP no tiene que hacer concurso ni convocatoria para suplir estos nacientes cargos, están pidiendo internamente hojas de vida para mostrar que la ocupación de estas nuevas plazas de trabajo se está haciendo de forma abierta y democrática.
La historia de esta millonaria adición exclusiva para el aumento de nómina, se dio cuando apenas los colombianos salían de las fiestas de navidad y año nuevo, y apenas días después de que fuera firmado el decreto que ya les había hecho un incremento muy generoso en el presupuesto.
“Que el 2 de enero de 2023, la Secretaría Ejecutiva de la JEP presentó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el análisis técnico y presupuestal de la propuesta de ampliación de planta de personal para el componente misional, judicial y administrativo de la entidad, para atender las funciones, actividades y demás necesidades que se requieran para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz”, se lee en el Acta.
“Esa misma fecha la Secretaría Ejecutiva de la JEP radicó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la solicitud de modificación de la planta de personal de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, a través del SITPRES No. 1-2023-000176 del 2 de enero de 2023, en la cual se planteó que la propuesta correspondía a 324 cargos, distribuidos entre la Magistratura, la Unidad de Investigación y Acusación – UIA y la Secretaría Ejecutiva”, tal como se ve reflejado en la disposición de estos cargos.
La respuesta de la JEP
Ante este impresionante crecimiento burocrático en la JEP, el magistrado Vidal respondió a SEMANA justificando que “es necesario tener en cuenta que la Fiscalía cuenta con 28 mil funcionarios y el Consejo Superior de la Judicatura tiene 28 mil” y reconoció que la primera solicitud burocrática era por algo más de 300 cargos, pero las necesidades crecieron, “pese a que en un principio se pidieron 323 nuevos cargos, en medio de la presentación de la nueva propuesta se llegó a un consenso que era necesario ampliar un poco más”.
Su justificación es que hay avances en investigaciones y vienen coyunturas importantes que requieren nuevo personal, “estamos en un momento muy interesante porque ya hemos definido 11 macrocasos de los cuales se han venido desarrollando cinco (...), casos que tienen decenas de víctimas y miles de comparecientes”, dijo el magistrado Vidal.
Resultados y contundentes críticas a la JEP
Más allá de los miles de millones que se le entregan a la JEP por parte del gobierno central, las preguntas y las críticas van dirigidas a los resultados, a la impunidad y a la falta de reparación a las víctimas.
En los cinco años de funcionamiento la JEP no ha emitido ninguna sentencia de fondo. El caso más avanzado es el que se adelanta contra los excomandantes del Secretariado de las Farc por la retención de civiles y agentes de la Fuerza Pública. En este expediente, pese a que ya aceptaron cargos de manera pública y les ofrecieron perdón a las víctimas en una audiencia celebrada en junio de 2022.
En noviembre, la Sala de Reconocimiento emitió la resolución que pedía expedir las respectivas sentencias contra Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, el último comandante máximo de las Farc antes de la firma del Acuerdo; Pastor Alape; Milton Toncel, alias Joaquín Gómez; Jaime Parra; Pablo Catatumbo; el ahora senador Julián Gallo Cubillos, conocido en su tiempo de guerra como Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda Escobar.
Aún no se conoce la decisión, pero es claro la “condena” en este caso será “restaurativa”, no tendrá cárcel, y se puede suplir con proyectos pedagógicos u otras alternativas, incluso con cartillas pedagógicas como ya lo han venido planteando los ex-Farc.