La fuerza pública se preguntaba, luego de constantes operativos, cómo era posible que las estructuras de las disidencias de las Farc tuvieran el poderoso armamento que les permitía enfrentarse a ellos, la respuesta salió de una investigación que adelantó la Fiscalía con el apoyo de la Dijín y resultó sorpresiva.

De forma inexplicable se estableció que dos patrulleros eran los encargados de conseguir el armamento que las disidencias de las Farc usaban para atacar a la misma Policía, es decir, los uniformados ubicaron y vendieron las armas para asesinar a sus propios compañeros. Así quedó establecido en una investigación que permitió la captura de los patrulleros.

Los detalles de la investigación dejaron a los dos uniformados como los presuntos responsables de obtener las armas de largo alcance que luego eran vendidas a las disidencias de las Farc, las obtenían, de acuerdo con los informes, en guarniciones militares o en el llamado mercado negro.

“Tres de los presuntos integrantes de la red ilegal, entre ellos dos patrulleros de la Policía Nacional, fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, La Cumbre y Candelaria (Valle del Cauca). En los procedimientos se incautaron un arma de fuego, proveedores, cartuchos, celulares y otros elementos de relevancia para la investigación”, dijo la Fiscalía.

Aparentemente, y es lo que reposa en la investigación, los dos uniformados no tenían límites para satisfacer las necesidades de las disidencias de las Farc. Lograban ubicar armas de largo alcance, pistolas o lo que necesitará esta organización criminal, tristemente las armas que posteriormente eran usadas contra los líderes sociales y la Policía.

“El material de prueba indica que uno de los uniformados, Juan Manuel Hurtado Altamirano, al parecer, conseguía fusiles, ametralladoras y munición en algunas sedes militares del suroccidente del país o en el mercado clandestino. Posteriormente, entregaba el material a su compañero, Wilton Sevillano Montaño, quien sería el encargado de coordinar el traslado por vía terrestre al punto que indicaba José Napoleón Viera Arias, alias El Grande”, explicó el ente acusador.

Las funciones estaban bien establecidas, según lo que explicó el fiscal del caso durante las audiencias preliminares de imputación de cargos, los dos uniformados dividieron las tareas: mientras uno conseguía las armas, el otro se encarga de llevarlos a los sitios donde las recibían integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias El Mocho.

“Abundante evidencia técnica, como comunicaciones telefónicas, dan cuenta de que esta red ilícita habría recibido encargos que iban desde un fusil diario hasta 40 armas largas tipo Galil, R15 y M16, entre otras, en tres semanas. Además, mediante lenguaje cifrado concertaban la adquisición de munición de diversos calibres, la mayoría 5.56″, advirtió la Fiscalía luego de las audiencias preliminares.

En audiencias concentradas la Fiscalía no solo presentó el material probatorio en contra de los dos uniformados y la otra persona que participa de esta red dedicada al tráfico de armas, el fiscal del caso imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado.

Ninguno de los capturados aceptó su responsabilidad en los hechos que señaló la Fiscalía, que además de imputar pidió al juez de control de garantías una medida de aseguramiento. Tras analizar el material de prueba y el riesgo que, en teoría, representan los dos uniformados para la sociedad, el juez ordenó que la medida de aseguramiento fuera en una cárcel.