En un hecho que ya es considerado una vergüenza internacional, dos patrulleros de la Policía fueron capturados por exigirle a un ciudadano ecuatoriano tres millones de pesos para recuperar un vehículo que le fue hurtado en Ipiales, Nariño, zona de frontera con Ecuador.
Los dos uniformados se atrevieron a exigir dinero por las mismas funciones que ya les paga el Estado, que incluye recuperar un carro que en los sistemas y bases de datos aparece robado. Al parecer, y es lo que se investiga, los patrulleros ubicaron a una víctima de hurto y le ofrecieron un servicio exclusivo, pero a mayor costo.
Le dijeron al ciudadano ecuatoriano que ellos se encargarían de recuperar su carro hurtado en Colombia y con el pago de tres millones lo tendría de vuelta en su país. El problema para los dos uniformados es que incumplieron su acuerdo y el ciudadano los denunció.
Nada que hacer, los policías no encontraron el carro y, al contrario, fueron sujetos de una investigación que primero los apartó de sus cargos y luego los llevó a la cárcel. Pues, de acuerdo a la ley colombiana, cualquier policía en el país no pueden cobrar por el servicio que prestan, ya que es un delito que se conoce como concusión.
“Por el delito de concusión, un fiscal seccional de Ipiales (Nariño) imputó cargos a los patrulleros de la Policía Nacional, Armando Segura Klínger y Alexánder Cadena Villota, quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, explicó la Fiscalía.
La denuncia de este ciudadano ecuatoriano hizo carrera en la Fiscalía y en el departamento de Nariño, que tras hacer las verificaciones del caso, interceptar las comunicaciones y ampliar las declaraciones del afectado, se llegó a la conclusión de que efectivamente estos policías estarían cobrando por recuperar vehículos hurtados en esa zona del país.
“El 26 de febrero el patrullero Segura Klínger, al parecer, recibió de manos de la víctima $3.000.000, presuntamente bajo la vigilancia y pleno conocimiento de su compañero de institución Cadena Villota, quien también habría recibido parte de esa suma”, señaló el ente acusador tras adelantar las audiencias preliminares.
Los dos uniformados fueron notificados de una orden de captura que corría en su contra por el delito de concusión. Fueron presentados ante un juez de control de garantías y allí la Fiscalía imputó cargos. Ninguno aceptó su responsabilidad y el ente acusador insistió en una medida de aseguramiento, por considerar que son un peligro para la sociedad y la víctima.
“Los uniformados, quienes se encontraban suspendidos del servicio, fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación junto con unidades del Gaula Militar y presentados ante un juez penal de Control de Garantías”, advirtió el ente acusador.
Lo que investiga ahora la Fiscalía es si existen otros afectados de estos dos uniformados. Ciudadanos que fueron víctimas del hurto de sus vehículos y luego les exigían sumas de dinero para recuperarlos. Además, se trata de establecer si los policías tienen algún tipo de vínculo con las organizaciones criminales dedicadas, justamente, al hurto de automotores.