Lo que podría ser un chiste se convirtió en una millonaria defraudación a los recursos públicos y peor, donde más ayuda necesita la gente. Así ocurrió con una supuesta vía que contrató la Gobernación de Guainía en 2008. Un proyecto que, en teoría, iba a beneficiar a poblaciones indígenas, pero los únicos beneficiados fueron los contratistas y funcionarios públicos que se quedaron con el dinero.
El entonces gobernador, Efrén de Jesús Ramírez Sabana, lideró el proyecto para la construcción de la dichosa vía, con unas consideraciones que más bien parecían una burla a la inteligencia de sus electores. Aseguró que la vía iba a facilitar la entrada y salida de las comunidades indígenas, que esa vía necesitaría la construcción de puentes, terraplenes y drenajes, pero todo terminó en una falacia.
En la zona donde estaba proyectada la vía, no habitaban las supuestas comunidades indígenas que celebrarían la construcción, además todas las especificaciones técnicas resultaron un invento porque las condiciones geográficas no coincidían con el proyecto. Todo resultó una patraña para quedarse con el dinero de los ciudadanos.
“En ese sentido, se detectó incongruencia entre la necesidad y el motivo de la contratación. Esa intención de beneficiar a los pueblos indígenas y a otros habitantes no era cierta ni tenía sustento, puesto que en la zona donde estaban previstas las obras no había asentamientos ni grupos poblacionales, tampoco existía movimiento de camiones u operación fluvial”, explicó la Fiscalía luego de la investigación.
Según los investigadores el exmandatario departamental celebró el contrato de obra n.° 358, por un valor superior a 2.550 millones de pesos, con el propósito de realizar las adecuaciones necesarias al corredor Huesitos – Puerto Caribe (Guainía) para convertirlo en un tramo que facilitaría el tránsito del transporte de carga y optimizar las condiciones de vida de las comunidades.
“De otra parte, se definió la construcción de puentes, terraplenes y drenajes en puntos donde geográficamente resultaba imposible la ejecución. Asimismo, se estableció que los diseños y estudios nunca se pusieron a disposición del consorcio contratista, lo que representó atrasos y la no culminación del proyecto”, advirtió el ente acusador.
La Fiscalía y ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, imputó cargos al gobernador y aseguró que las evidencias indican cómo suscribió el contrato, pasando por alto las múltiples anomalías conocidas y desembolsó en beneficio del contratista 871′654.031 pesos, por concepto de anticipo.
“Por todo lo anterior, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Efrén de Jesús Ramírez Sabana los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, agravado”, señaló el fiscal delegado durante la imputación de cargos.
El exgobernador no tuvo problema en aceptar responsabilidad en los hechos que fueron investigados por la Fiscalía y no parece una sorpresa, pues en su contra ya corren otras dos condenas por hechos de corrupción, así que una imputación más, aparentemente, no le quita el sueño.