Algo tiene Emilio Tapia que siempre logra lo que quiere. Hace una semana, y después del escándalo por los “paseos” de Carlos Mattos en los carros del Inpec, la misma entidad ordenó el traslado de varios detenidos de la cárcel La Picota a diferentes penales en el país. A Emilio Tapia le llegó una orden de traslado para la cárcel Picaleña, en Ibagué, y lo intentó frenar con una prueba de covid-19, cuya veracidad no pudo confirmar el Inpec. Ahora es la misma Fiscalía la que aboga en su beneficio.
SEMANA conoció un documento donde una fiscal anticorrupción le pide al director del Inpec que ordene el regreso de Emilio Tapia a La Picota, por considerar que su traslado a Ibagué afecta de alguna manera la investigación que se adelanta por el escándalo de Centros Poblados, donde Tapia espera convertirse en testigo.
Dice la fiscal, en su oficio al Inpec, que Tapia es fundamental en un proceso donde le apunta al reintegro del anticipo entregado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a Centros Poblados. En otras palabras, si no está de regreso a su cómoda celda de La Picota, se pone en riesgo recuperar ese dinero.
“Estamos en proceso de colaboración con el señor TAPIA ALDANA a fin de reintegrar el dinero del anticipo, lo cual ha gestionado a través de la negociación con la nueva empresa con la cual MinTIC contrató los equipos que fueron adquiridos por la UT Centros Poblados, aunado a las diferentes gestiones ante la Dian para legalizar la mercancía que aún está pendiente por nacionalizar, a fin de incluirla en la negociación”, dijo la fiscal en el documento.
El Inpec tomó la determinación de enviar a la cárcel de Picaleña a Emilio Tapia por considerar que existían varias dudas alrededor de su reclusión en la cárcel La Picota, tanto así que la Contraloría y la Procuraduría hicieron una verificación y, aunque no encontraron irregularidades en sus condiciones de detención, la entidad ordenó las medidas correspondientes.
El traslado no solo tomó por sorpresa a Emilio Tapia, aparentemente a la Fiscalía tampoco le gustó la decisión del Inpec y por eso ahora advierten en la necesidad de regresarlo a la cárcel La Picota en el sur de Bogotá, insistiendo en que es necesario para mantener el proceso de colaboración en el escándalo de Centros Poblados.
“Esta delegada tuvo conocimiento que, la semana pasada, el señor Emilio Tapia Aldana fue trasladado a la cárcel Picaleña de Ibagué, considerando con todo respeto que, con este cambio de ciudad, se ve afectado el proceso de reintegro patrimonial, ya que se dificulta que el señor Tapia Aldana pueda seguir adelantando estas gestiones, las cuales se facilitan estando en Bogotá”, dijo la fiscal.
En el mismo oficio, la Fiscalía deja en claro algo que se negó en un momento la negociación con Emilio Tapia. Un acuerdo de colaboración por el escándalo de Centros Poblados. La fiscal dejó en claro, de manera muy cordial, que el traslado del polémico contratista es una necesidad para la entidad, al punto que, de no hacerlo, pone en riesgo a la misma justicia y la negociación con Tapia.
“Esta delegada solicita su valiosa colaboración en el sentido de gestionar lo pertinente a fin de trasladar de sitio de reclusión al señor TAPIA ALDANA y enviarlo a nuevamente a la cárcel LA PICOTA de esta ciudad, a fin de agilizar este proceso de negociación, teniendo en cuenta que estamos frente a un caso de CONNOTACIÓN nacional”, aseguró, literalmente y en mayúsculas, la delegada de la Fiscalía.
Emilio Tapia se encuentra privado de la libertad por su participación en el multimillonario contrato firmado entre Centros Poblados y el MinTIC, para la ubicación de puestos de internet en los colegios de zonas apartadas del país. La Fiscalía, aunque advirtió de la negociación con Tapia, radicó el escrito de acusación en su contra.