La tragedia ambiental que amenaza al Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, tiene un auspiciador. Según la Fiscalía se trata de Reynaldo Quebrada Quilcué, un gobernador indígena que encontró un millonario negocio atacando lo que juró proteger: la selva.
La zona, de especial protección ambiental y, considerada por la Unesco como patrimonio natural y cultural de la humanidad, estaba a merced de las organizaciones criminales dedicadas a la tala indiscriminada de bosques y el gobernador indígena lo sabía, peor aún, dijo la Fiscalía, lo permitía.
“Respecto a los posibles daños a los recursos naturales se estableció que el hoy procesado, como gobernador de una comunidad indígena en la vereda El Triunfo, en San Vicente del Caguán, habría promovido, dirigido, facilitado y financiado la quema y corte de amplias extensiones de bosque y vegetación”, señaló la Fiscalía tras la captura de Quebrada.
Los sistemas de monitoreo que obtuvo la Fiscalía para la judicialización de este gobernador indígena señalan que en menos de seis meses y en la zona donde tiene gobernanza este supuesto protector de la naturaleza, se talaron más de 33 hectáreas de bosque, protegida incluso con fallos judiciales.
“De otra parte, se estableció que incumplía una orden impuesta por un juez de control de garantías que, en septiembre de 2021, le prohibió entrar al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, luego de ser capturado por invasión de área protegida”, explicó la fiscal del caso.
Pero promover la destrucción del ambiente, que tanto reclamaba en reuniones con autoridades civiles, no es lo único que tiene en su prontuario el gobernador indígena. La Fiscalía recaudó la evidencia que lo deja como el responsable del secuestro y tortura a un soldado que participaba de los operativos contra la deforestación en Caquetá.
“Adicionalmente, este hombre sería el responsable del secuestro de un soldado profesional del Ejército Nacional que participaba en un procedimiento de la denominada operación ‘Artemisa’ en San Vicente del Caguán (Caquetá), el 6 de marzo del año en curso”, explicó la fiscal en la judicialización del gobernador indígena.
La evidencia recaudada por los investigadores advierte que el gobernador indígena incluso promovía, por parte de su comunidad, torturas psicológicas en contra del soldado a quien además obligó a grabar un video como prueba de supervivencia que llevaron a los familiares del militar.
La declaración del soldado fue fundamental para lograr no solo la captura del gobernador indígena, sino el proceso de judicialización y la solicitud de una medida de aseguramiento en centro carcelario. El militar confirmó el secuestro, la tortura y hasta los castigos a que fue sometido, como latigazos por parte de la comunidad indígena.
“Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a Reynaldo Quebrada Quilcué los delitos de: secuestro extorsivo; promoción y financiación de la deforestación; financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones”, señala el documento de la Fiscalía.
El gobernador indígena no aceptó los cargos que fueron imputados por la Fiscalía que, tras la contundencia el material probatorio insistió ante un juez de control de garantías en cobijar con una medida aseguramiento en centro carcelario al señalado secuestrador.