SEMANA conoció que la Contraloría de Bogotá adelanta indagaciones por los recursos que desde los Fondos de Desarrollo Local se han invertido con destino a la construcción de nuevos edificios para las alcaldías locales en la ciudad, algunas de la cuales, son obras inconclusas y en otras ni siquiera las obras han empezado poniendo en riesgo la millonaria inversión que se ejecutó para la elaboración de diseños y estudios.
Uno de esos edificios es el de la Alcaldía de Teusaquillo, en el cual, según la Contraloría, están comprometidos recursos por el orden de los 29.000 millones de pesos. La obra, ubicada en la carrera 30 con calle 40 A, inició el 12 de enero de 2017, tuvo una prórroga, pero actualmente está suspendida y acaba de surgir un nuevo escollo porque la licencia de construcción se venció y será necesario tramitar otra.
El órgano de control advierte que el panorama para la terminación del edificio es complejo porque hubo fallas en los estudios de suelos y no se construyeron obras de contención, lo que originó daños en casas y edificios contiguos.
En estudios y diseños para la construcción de edificios de las sedes administrativas locales se han invertido cerca de 13.410 millones de pesos; mientras que las inversiones en obras ya superan los 208.000 millones de pesos.
En el caso de la sede de la Alcaldía de Usme, la Contraloría determinó un hallazgo con incidencia fiscal por 1.175 millones de pesos; y en la de Ciudad Bolívar, con una sede que fue entregada hace casi tres años, dos auditorías de la Contraloría de Bogotá establecieron hallazgos con incidencia fiscal por 242 millones de pesos.
Igualmente, se determinó que en la actualidad las alcaldías locales de Santa Fe y San Cristóbal cuentan con estudios y diseños, pero la construcción de esas sedes depende de factores como disponibilidad de recursos o necesidades inminentes de las poblaciones locales.
En San Cristóbal no se ha realizado ninguna obra, pero, según la Contraloría, si eso no ocurre se perderán los dineros invertidos en estudios y diseños. La licencia de construcción se vence en dos años y lo mismo ocurre con un contrato de interventoría. Según el reporte del Fondo de Desarrollo Local, todavía no están los recursos para contratar la construcción de esta obra.
Y en Sumapaz, el alcalde local que acaba de asumir el cargo, solicitó la suspensión de este proyecto porque había unos estudios y diseños que ya fueron pagados y que no se iban a tener en cuenta para arrancar la obra. Algo difícil de explicar.
Si bien la construcción de estas sedes busca mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos en las localidades, la Contraloría busca establecer cómo se han realizado los procesos de contratación, cuánto se ha invertido en estudios y diseños, cómo avanzan las obras y si los contratos para esas edificaciones responden a los principios de eficiencia, eficacia y economía.
La Contraloría ha hecho énfasis en que es necesario conocer esos procesos, especialmente teniendo en cuenta que el decreto 555, por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y el cual establece ahora 33 Unidades de Planeamiento Local (UPL) que reemplazarían a las 20 localidades existentes.
Según un reporte entregado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, actualmente no se está adelantando ningún proceso de selección de contratista para nuevas obras de las Alcaldías Locales.
Cambio en localidades debe pasar por el Concejo
Cabe recordar que la Corte Constitucional decidió recientemente que cualquier modificación a las localidades de Bogotá deberá pasar por una discusión del Concejo de la ciudad. Así lo estableció una decisión del magistrado Jorge Ibáñez que decidió que la delimitación de las 33 nuevas localidades (UPL), planteada en reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá aprobada por el Congreso, no podía hacer esos ajustes sin haber sido discutida en el Concejo.
El concejal de Bogotá Emel Rojas, de Colombia Justa Libres, uno de los demandantes, compartió la decisión, señalando que esto afecta el POT decretado por Claudia López, que hoy se encuentra suspendido. “La Corte Constitucional determinó que el POT expedido por decreto no puede fijar o delimitar las localidades en Bogotá. Por lo tanto, gran parte del POT expedido por la alcaldesa Claudia López es inconstitucional y se debe caer de forma inmediata”, pidió el concejal.
El cabildante de Colombia Justa Libres aclaró que la demanda fue presentada contra la ley que modificó el ordenamiento territorial de la capital y no contra el POT, aunque el alcance llegue al decreto de la alcaldesa. “El problema es que en esa revisión la Corte dijo que el Concejo es el único facultado mediante acuerdo para delimitar el territorio, entonces ahora vienen las demandas contra la delimitación del POT”, anunció.
En su momento, la alcaldesa Claudia López se refirió al hecho, reconociendo que aunque la ley se declaró exequible, la reforma a las localidades le tocará al próximo alcalde y no lo podrá hacerse en su mandato. “Compartimos la aclaración de la Corte de que el paso de UPL del POT a nuevas Localidades debe ser aprobado por Concejo de Bogotá (...) Argumentaron que el paso de UPL a nuevas localidades es potestad del Concejo, lo cual compartimos, y queda como tarea de próxima administración”, señaló.