Un caso de homicidio en el noroccidente de Bogotá estaba resuelto. Por lo menos, así lo creyeron las víctimas, la Policía y la Fiscalía, pues el responsable fue capturado en flagrancia, después de disparar. Pero otro fue el mundo para un juez de la URI de Engativá, que lo dejó en libertad porque los policías que lo detuvieron se demoraron 24 minutos en leer los derechos del capturado.
El presunto asesino quedó en libertad porque la juez de la URI concluyó que tras no leer, de manera inmediata, los derechos del capturado, se convierte en una detención ilegal, así el presunto responsable haya sido capturado junto a la víctima y en sus manos el arma homicida. Nada fue suficiente, la juez entendió al pie de la letra la norma, pero no la forma.
Hasta el homicida, que estaba por aceptar cargos, quedó sorprendido con la decisión de la juez. Simplemente, salió y regresó a la calle, a caminar por los mismos espacios que horas antes habían sido la escena del crimen. La Fiscalía, perpleja, apeló la decisión y otro juez entendió la absurda conclusión de su colega en primera instancia y revocó, con varias reflexiones, la decisión que convirtió un caso resuelto en una hecho de impunidad.
Por insólito que parezca el asesino logró escapar de la justicia por ese “error” de la Policía de tardar 24 minutos en leer los derechos del capturado. Sin embargo, el juez de segunda instancia explicó en detalle cómo la decisión resultó una mera especulación de algo que nunca ocurrió.
Resulta que luego de que el hombre capturado disparara contra un vecino, otras personas intentaron lincharlo. Hasta ese momento, la víctima de los disparos tenía signos vitales: estaba aún con vida. Los policías que conocieron el caso tenían dos opciones: proteger al asesino de ser linchado o llevar a la víctima a un hospital. Hicieron las dos cosas. Justamente, fue esta la razón de demorarse 24 minutos en leer los derechos del capturado.
“No pudieron remitir automáticamente a la Estación de Policía Judicial al capturado o leer lo derechos que le asistían porque los otros policiales debían esperar a la asistencia de los funcionarios que habían partido rumbo a la Clínica de Santa María de Lago con la víctima, que aún tenía signos vitales, sumado a que la comunidad había querido tomar justicia por propia mano”, señaló el juez de segunda instancia, al revocar la decisión que dejó al asesino en la calle.
Pero decidir entre salvar al victimario o la víctima no fue suficiente para la juez de la URI, que no dudó en declarar ilegal la captura, sin entender el contexto, lo que ocurrió en la escena y el momento del crimen. Se trató de una mirada que el juez de segunda instancia criticó, al recordarle a su subalterna que los jueces de control de garantías no son un “convidado de piedra o algoritmo robótico”.
“En palabras llanas, los jueces de control de garantías no son un convidado de piedra o algoritmo robótico que solo aplique silogismos jurídicos, sino que también deben analizar cada caso en examen para así lograr desde un panorama general aplicar adjetivos temporales abstractos adecuadamente, como las anteriormente citadas, y así garantizar la paz y convivencia social o lo que comúnmente conocemos como orden público”, explicó el juez.
El juez se pregunta, al resolver la apelación de la Fiscalía, si los 24 minutos que tardó la Policía en leer los derechos del capturado se configuró de manera instantánea en una violación al debido proceso del homicida o que la misma “demora” pudo llevar al capturado a autoincriminarse, siendo esto, según el juez, una mera especulación.
“¿Cuáles fueron las vulneraciones sustanciales que se dieron dentro de los 24 minutos? O ¿Cuáles fueron los derechos del capturado que violaron? Según lo dicho por el a quo, en grado de suposición, el capturado pudo haberse autoincriminado dentro de dicho lapso, sin que del corolario pudiese ser evidenciado elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida que respaldara tal afirmación”, afirmó el juez de segunda instancia.
El llamado de atención del juez a su colega de primera instancia, en la URI de Engativá, en el noroccidente de Bogotá, fue contundente, principalmente para que los jueces de control de garantías entiendan las situaciones, la forma en que ocurren, en un contexto de violencia como el que vive Colombia. Aun con la claridad del mensaje, el presunto asesino quedó en libertad.