Después de que la Superintendencia de Servicios anunció que tomó posesión de la empresa Air-e en Barranquilla, la Procuraduría inició un proceso de vigilancia preventiva para garantizar la calidad, cobertura y continuidad del servicio de energía en los departamentos donde opera.
La procuradora Margarita Cabello aseguró que “la reciente intervención de Air-e ha revivido el fantasma de Electricaribe para los habitantes de la región, por lo que seguiremos atentos para asegurar que se tomen las medidas necesarias”.
El ente de control recordó que “es prioridad para esta entidad proteger los derechos de los usuarios, entre los cuales se encuentran sujetos de especial protección constitucional”.
La Procuraduría también hizo un llamado a las entidades competentes para que cumplan con el pago de los subsidios pendientes y cumplan su compromiso con la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, con el fin de evitar un efecto cascada que aumente el riesgo para el sector energético en la costa Caribe y en el resto del país.
Y es que hace unos días, la empresa eléctrica sacó un comunicado anunciando que se encontraba en acercamientos con el gobierno del presidente Gustavo Pero, y confirmó en un comunicado que “ha trabajado desde el inicio de sus operaciones con el objetivo de ofrecer energía de calidad a precios justos”.
En el documento, Air-e también explicó que “si bien hemos logrado mejoras significativas en el servicio, las condiciones actuales del mercado, incluyendo los altos costos de generación y la volatilidad de la bolsa de energía, han puesto una presión considerable en la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras y distribuidoras como se ha dado a conocer en los últimos meses”.
De hecho, varios congresistas del Caribe colombiano le pidieron al presidente Petro una renegociación de los contratos de generación de energía, teniendo en cuenta la situación de esa región del país frente al aumento de tarifas desproporcionado que tienen las facturas de hogares y negocios.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió que esa situación “es insostenible para miles de familias. Hacemos llamado al Gobierno nacional a que asuman los compromisos”, y agregó que “solicitamos como Bancada Caribe que se realice la renegociación de los contratos de generación, no solo para las zonas especiales de difícil gestión y los barrios subnormales energéticamente, sino que se considere la situación de una población vulnerable y los incrementos experimentados, para que se surtan acuerdos y renegociación de contratos de generación para los estratos 1 y 2 en toda la región Caribe”.
Días después, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Minas notificaron que Air-e fue intervenida frente a la crítica situación financiera por la que viene atravesando. La situación revivió el fantasma de Electricaribe en la mayoría de los habitantes de la región y por eso la Procuraduría terminó asignando un equipo especial que se hará cargo de la vigilancia y la prestación del servicio en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.
En la circular expedida por la Superservicios para notificar el proceso de intervención, detalló que “la entidad no coadministra, ni es responsable de la administración interna de la entidad objeto de toma de posesión, independientemente de la modalidad en la que se encuentre”.