La advertencia está hecha, Colombia enfrentará una tragedia por el invierno. Para afrontarla, el presidente Gustavo Petro decretó el desastre natural, pero lo que emergió es que la entidad encargada de atenderla, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), está inundada de corrupción.
Así lo denunció su director, Javier Pava, quien sin tapujos señaló que en la entidad hay una poderosa red de corrupción en la que estarían involucrados funcionarios y dirigentes políticos.
Pava le contó a SEMANA sobre el descubrimiento de un cartel de contratistas que se queda con los millonarios recursos que deberían ir a los damnificados, lo que está incluido en un informe de auditoría que pone al descubierto numerosas órdenes de servicio sin soporte presupuestal, de maquinaria amarilla, por más de 320.000 millones de pesos. Y lo peor es que no hay plata con qué pagarles.
Lo más grave, según Pava, “son los posibles acuerdos para adjudicar contratos e interventorías a empresas recomendadas por dirigentes políticos”. El presidente Petro lo sabe y por eso advirtió que “la UNGRD que nosotros heredamos es corrupta, profundamente corrupta. Ya se presentarán las investigaciones a la opinión sobre ese tema”.
La Mojana
El lugar que históricamente refleja el impacto del invierno es La Mojana, donde confluyen tres ríos, 11 municipios y cuatro departamentos. SEMANA obtuvo un documento de la Contraloría realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), que con inteligencia artificial estableció vínculos familiares o comerciales, concentración contractual y determinó riesgos de corrupción de los contratos en la zona.
Una de las alertas es la concentración de 11 contratos que benefician a Carlos Francisco Diazgranados, representante legal de CFD Ingeniería S. A. S. Él es primo del exalcalde de Santa Marta y exviceministro del Interior, Juan Pablo Diazgranados, y familiar cercano de Carlos Francisco Diazgranados Martínez, hasta hace poco senador.
El análisis de datos que realizó la Diari fue el que arrojó la alerta por esos contratos que coincidencialmente favorecen al familiar de una de las casas políticas de la región. Esto, advierte la Diari, “puede generar un riesgo por concentración de contratos y una incapacidad de reacción ante un desastre inesperado en uno o varios de los proyectos”.
La firma C. F. D., en unión temporal con otra firma, conformó el año pasado el Consorcio Protección La Mojana, que estuvo al frente de una polémica obra, en la que una poderosa creciente del río Cauca rompió un jarillón y el boquete causó graves inundaciones.
Para arreglarlo, C. F. D. firmó otro contrato con la UNGRD por 18.800 millones de pesos en septiembre pasado, y tuvo una adición en marzo por 9.300 millones.
Ahí viene otra alerta de la Diari, que advierte el riesgo de pérdida de 3.141 millones de pesos, porque el contratista no deja claro qué obras hará con los recursos. También señala que la adición se hizo para comprar materiales y reparar el boquete, pero “no se evidencia aumento de personal ni maquinaria para acelerar el proceso constructivo, lo que genera riesgo de la pérdida de recursos por los retrasos y el aumento del caudal que puede causar más daños y emergencias”.
Sobre las alertas de la Diari, Diazgranados le dijo a SEMANA que no hay irregularidades, que la adición al contrato no se concretó y que está dispuesto a demostrar en qué se invirtió cada peso.
Ante las dudas, el director Pava decidió suspender las obras. Señaló que “el avance en un año ha sido de 400 metros de 2.200 requeridos. Está pendiente el 80 por ciento del tramo de la obra, y para terminarla se requiere de una adición del doble del presupuesto inicial y seis meses más, sin garantía de lograr el cierre”. Esta sería una muestra más de los malos manejos que los tienen “con el agua al cuello”.