Rocío Cagua, de 42 años, escuchó por primera vez del proyecto inmobiliario Puerta del Rey Etapa 2 en diciembre de 2015. “Me llamó la atención porque era un conjunto de casas de 33 metros cuadrados con posibilidad de ampliarlas, en una zona residencial más o menos buena en Usme. Lo único que se encontraba por precios similares eran apartamentos muy chiquitos y en puntos más lejanos”, dijo.
Junto a su familia, la mujer acudió en enero de 2016 a la oficina de Ágora Construcciones S. A., dueña del proyecto y ubicada en el barrio Santa Librada, sur de Bogotá. Allí le explicaron que dichas viviendas estaban en etapa de construcción y que serían entregadas en octubre de 2017. A Rocío no le pareció un tiempo excesivo, teniendo en cuenta el bajo costo del inmueble: “Me ofrecieron una casa a la entrada del conjunto, con vista al parqueadero y solo costaba 64 millones de pesos. Me pareció una excelente oferta y firmé la promesa de compraventa”.
Mientras los Cagua esperaban con ansias la terminación de su nuevo hogar, se mantenían con esfuerzo trabajando en la manufactura de zapatos en un pequeño apartamento de Ciudad Bolívar. “Cuando al final del día me sentía agotada, lo que me levantaba el ánimo era saber que pronto iba a tener mi casita propia”, cuenta Rocío.
Pasaron los meses y cuando llegó la fecha esperada (octubre de 2017) las casas no fueron entregadas. Rocío se comunicó telefónicamente con la constructora, quienes le indicaron que aún no tenían el aval del Acueducto de Bogotá para instalar el servicio de tubería domiciliaria para cada inmueble y le pidieron paciencia.
“Además, dijeron que no se podía hacer el ‘desenglobe’ de las casas (separación de los lotes) porque faltaban unos documentos. Nunca me aclararon de qué papeles se trataba”, explicó.
Pero ella no era la única que había recibido dicha respuesta. A ninguna de las 110 familias que adquirieron inmuebles en Puerta del Rey Etapa 2 les entregaron las llaves de su nuevo hogar en 2017 o en 2018. En diciembre de este último, Rocío recibió una nueva comunicación de la constructora Ágora, esta vez por correo electrónico, donde le indicaban que la oficina de Santa Librada donde realizó todas las transacciones referentes a su compra sería eliminada. En ninguna parte de la misiva se hablaba sobre los avances del proyecto o la fecha de entrega del mismo.
Los compradores formaron un grupo de WhatsApp y convocaron a diversas protestas ciudadanas frente al conjunto residencial. “Incluso nos tocó tomarnos la oficina del barrio El Polo en junio de 2019, la sede principal de la constructora Ágora, porque no nos daban respuesta definitiva y nos mamaban gallo. Nos llamaron a la Policía y un abogado y nos obligaron a salir”.
Los correos de Ágora llegaban con los mismos argumentos y con tiempos tentativos de entrega, pero ninguno se cumplía. Los afectados realizaron una mesa de trabajo con la Secretaría del Hábitat de Bogotá, quienes no pudieron hacer gran cosa, pues es un negocio entre privados.
“Nadie nos ayudó: algunos compradores denunciaron ante la Fiscalía y esta es la hora que ni siquiera se ha abierto una investigación. Otros fueron a la Policía y les dijeron que ellos no podían hacer nada. La Alcaldía de Usme asistió a un par de reuniones con nosotros, pero al final también salieron con que no podían hacer nada”, cuenta desilusionada.
Un nuevo altercado con Ágora se presentó en enero de 2020 en las instalaciones de El Polo, donde al fin se concretó una fecha única de escrituración y entrega de las 110 casas. Lamentablemente, para marzo de ese año llegó la pandemia de la covid-19 a Colombia. “Ellos se escudaron en la crisis del coronavirus y nos mandaron un nuevo correo en abril de ese año diciéndonos que como todo estaba cerrado, ellos no podrían cumplir con el plazo pactado, que era para junio y julio de 2020″.
Durante la cuarentena la situación económica y social de las familias compradoras se agudizó. “A muchos los despidieron del trabajo y tenían que sobrevivir como fuera. Yo empecé a colgarme con el arriendo, pues la fábrica donde trabajaba cerró. Mi única esperanza era mi casita, donde ya había invertido 34 millones de pesos”, expresa Rocío.
Desesperados, hambrientos y sin una gota más de paciencia, los vecinos se dirigieron en julio de 2020 hacia el barrio Bolonia, lugar donde queda el proyecto y se tomaron las casas por la fuerza, aunque las construcciones están en obra gris, sin servicios y apenas con puertas. “La mayoría de los compradores ya le había dado a la constructora entre 10 y 50 millones de pesos y no estaban dispuestos a perderlos. Si la constructora no nos entrega formalmente, pues nos íbamos a autoentregar”, cuenta la mujer, quien se convirtió en la vocera oficial de los compradores.
Dos días después de la toma, se organizó una nueva reunión con la representante legal de Ágora, Gloria Patricia Gómez, y su abogada. También asistió la alcaldesa de Usme, Mabel Sua. Allí se acordó que los habitantes desocuparían pacíficamente los predios ‘invadidos’, todo gracias a la promesa del Distrito de acompañar minuciosamente el proceso de terminación de los predios y la entrega de los mismos a sus dueños. A pesar de este compromiso, que quedó en manos de la alcaldía, no se cumplió lo pactado.
Para noviembre del mismo año, la oficina física de Ágora había sido desmontada y ya no había a donde ir a reclamar. Rocío logró contactarse en ese mismo mes con la señora Gloria Gómez, quien le ofreció hacerle una “entrega anticipada” de la vivienda solo a ella y que posteriormente se le adelantaría el mismo procedimiento a sus vecinos, todo con el fin de parar las múltiples denuncias que la mujer estaba instaurando ante las entidades públicas y medios de comunicación.
“Yo acepté y el 28 de noviembre de 2020 vino la abogada de la constructora y me dio un documento donde se habla de “entrega provisional para la realización de adecuaciones en el inmueble” y las llaves de la casa. La idea era que me entregaran los documentos completos el 20 de diciembre, al mismo tiempo que a los otros compradores, pero de nuevo se burlaron de nosotros: no fueron”, denunció.
Aproximadamente 17 familias tomaron entonces una decisión radical: volver a tomar posesión por la fuerza de lo que consideran por derecho suyo.
“A principios de marzo de 2021 la gente llegó aquí con camiones llenos de trasteo. Quitaron las polisombras de la construcción y abrieron las puertas, cambiaron las guardas y empezaron a habitarlas. Para tener agua trajeron obreros particulares, quienes conectaron los tubos de las casas a la acometida principal. Respecto a la electricidad, instalaron el cableado interno y se pegaron al único poste de luz que hay en la obra”.
A diferencia del primer episodio similar, la constructora no llamó a la Policía ni se ha intentado desalojo alguno. Han solicitado la firma de pagarés, pero los habitantes se niegan. Rocío tiene su escritura registrada, pero Ágora nunca le entregó la garantía o los documentos legales que acompañan a la compra de un inmueble.
“Incluso la constructora me demandó ante la Fiscalía por una supuesta toma de tierras, pero eso tampoco ha prosperado, amparados en el mismo argumento que ellos usaron al principio: este es un negocio entre particulares y la justicia no se mete ahí”.
Actualmente, Puerta del Rey Etapa 2 se asemeja a un barrio de invasión porque carece de servicios básicos (empresas como Enel, Vanti y el Acueducto cortaron el servicio de tajo a la obra) y cada día llegan familias nuevas. “Ahora la constructora tampoco contesta correos o llamadas. Desaparecieron”, puntualizó Rocío.
¿Qué responden las autoridades?
SEMANA buscó conocer la posición de Ágora Constructora S. A. ante estas graves denuncias, pero sus números se encuentran inactivos. La abogada de la compañía evitó entregar declaraciones públicas a este medio de comunicación.
Por su parte, la Alcaldía de Usme tampoco entregó detalle alguno y solo indicó que la competencia en este caso es de la Secretaría de Hábitat de Bogotá.
A su vez, la respuesta de dicha entidad no fue diferente. “Estamos revisando el caso”, y se limitaron a comentar que publicarían un comunicado oficial apenas les sea posible.