El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP), recientemente presentó la investigación titulada Reclamar y morir: exterminio del liderazgo social de base en Colombia, 2016-2022, en la cual se compilan casos de agresiones contra personas que ejercen liderazgos sociales de base y excombatientes de las extintas Farc-EP, cometidas desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 7 de agosto de 2022.
“Un tal estado de anomia, o sea, de ausencia de justicia, indica un desorden social que amenaza la convivencia humana porque arruina la paz. El hecho repetido de amenazar de muerte a los contradictores es un mal principio organizativo, porque puede conducir al atentado y al homicidio, como lo prueba este caso y muchos de los restantes casos reseñados en esta publicación”, manifestó el padre Alejandro Angulo, coordinador del Banco de Datos de DDHH.
La investigación se centra en los asesinatos, desapariciones, atentados o lesiones graves, así como, agresiones cometidas contra familiares de las personas que ejercen liderazgos sociales o de excombatientes. También, se presentan escritos donde se profundiza en la situación de algunos sectores sociales victimizados como mujeres y población LGBTIQ+; y se hace un análisis sobre las estrategias de la ‘Paz Total’ y la impunidad.
En total, se registraron 1.261 víctimas, y los seis departamentos donde más se pudieron documentar hechos de este tipo son: Cauca (277), Antioquia, (155), Valle del Cauca (112), Nariño (97), Norte de Santander (80) y Putumayo (74).
Respecto a los y las excombatientes, se registraron 294 casos de asesinato que corresponden a 317 víctimas (308 hombres y 9 mujeres). En cuanto a los atentados y lesiones graves, se registraron 26 casos, que corresponden a 32 víctimas (22 hombres, 8 mujeres y 2 personas sin información sobre su identidad de género).
Además, las familias de los excombatientes también fueron víctimas de alguna de las anteriores agresiones, en 21 casos, con 29 víctimas (18 hombres, 7 mujeres, 4 personas sin información sobre identidad de género).
Entre algunos de los casos mencionados, está el de Duván Andrés López Díaz, quien a sus de 20 años “fue asesinado a machetazos” en 2016 en Cali, Valle del Cauca, en el sector La Torre de la invasión, Cancha Planeta del barrio. Trabajaba con jóvenes en riesgo a quienes ayudaba a estudiar y a practicar deportes. Murió en el centro de salud de Terrón Colorado.
Otro es el caso expuesto en 2018 en Curillo, Caquetá, cuya víctima era Juan De Jesús Moreno Palacio, líder social y docente de primaria que fue asesinado por desconocidos frente al centro educativo Horizonte, donde trabajaba.
La Asociación de Institutores del Caquetá (AICA) denunciaron que “el docente había sido trasladado desde Cartagena del Chairá, a raíz de varias amenazas que venía recibiendo en cumplimiento de su labor en esta población, razón por la cual había llegado hace tres años a Curillo”.
Respecto a los presuntos autores de las agresiones, el perfil del victimario se ha caracterizado por el anonimato. Por lo que es común escuchar expresiones como“desconocidos”, “hombres armados”, “hombres encapuchados”, y entran en juego con los pocos casos que recogen pistas, indicios o informaciones confiables sobre estructuras victimarias, ya sea de Fuerza Pública o paramilitar, o de fuerzas insurgentes en su confusa variedad actual que lleva a dudar de su identidad.
En el segundo semestre de 2022, por lo menos 66 líderes y lideresas perdieron la vida en el marco de la violencia política, y en el primer semestre de 2023, 60.
“La gran pregunta que nos atormenta es: ¿por qué esta avalancha de exterminio del liderazgo de base no se detiene y ni siquiera se atenúa, a pesar del escándalo y de la protesta internacional? La respuesta persistente y lógica es que mientras haya impunidad, el camino de la repetición continua sigue despejado y franqueado”, manifiesta el sacerdote y defensor de Derechos Humanos e investigador del Cinep/PPP, Javier Giraldo Moreno.