Masacre de El Tandil: dos años después, las investigaciones toman un curso inesperado

Hace dos años, la tensión por la erradicación forzada de coca desembocó en una masacre en el municipio con más hectáreas sembradas en todo el mundo. En El Tandil, una vereda selvática de Tumaco, miembros de la Fuerza Pública abrieron fuego en medio de una protesta de cocaleros. Siete muertos dejó ese episodio que se convirtió en todo un hito. Una masacre así y que involucre a las fuerzas del Estado no tiene similares desde la firma del acuerdo de paz con las Farc. Justo a dos años de lo sucedido, el esclarecimiento del caso acaba de tomar un giro que tiene sorprendidas a las víctimas.    El proceso de esclarecimiento de la masacre se convirtió, desde el primer momento, en un enfrentamiento de versiones. Las víctimas sostienen que fueron los policías antinarcóticos los que abrieron fuego contra los campesinos que, como máximo, estaban armados de palos y caucheras. La Policía, por su parte, asegura que sus hombres respondieron al fuego de las disidencias de las Farc que los atacaron en medio de la protesta, y que así fue como se produjo la tragedia. De momento, la versión con más piso, a partir de las investigaciones de la Fiscalía, es la de las víctimas. Como la versión oficial de la masacre es que se produjo en medio de enfrentamientos con un grupo armado ilegal, fue un fiscal especializado en investigar organizaciones criminales el que asumió el caso. Eso no cayó bien en los representantes de las víctimas que, al considerarla una masacre perpetrada por actores del Estado, pretendían que la investigación fuera asumida por un fiscal de derechos humanos. Y así se lo solicitaron al ente. Sin embargo, el pasado 27 de septiembre recibieron una respuesta inesperada.

Cuando le preguntaron al fiscal sobre quién tenía la competencia en el caso, este les contestó que un juez de Tumaco había decidido remitir el expediente a la Jurisdicción Penal Militar, pues “se dan los requisitos mínimos en cuantos a los hechos, sujetos, fuero, etc.”. Para los representantes de las víctimas, una masacre como esta no cabe en la jurisdicción militar, pues representa una latente agresión a los derechos humanos. La decisión, según el documento emitido por la Fiscalía, se tomó el 22 de agosto en la audiencia de acusación de los dos únicos oficiales procesados por este caso. Y eso también sorprendió a los abogados de las víctimas, pues aseguran que no fueron notificados de la diligencia y, por eso, no asistieron. Es decir, no pudieron oponerse a la decisión de trasladar el expediente a otra competencia. Precisamente, esa es la razón por la que los abogados pedirán la nulidad de la diligencia y, con eso, de las decisiones que allí se tomaron, como la de llevar el caso a la justicia militar.   La investigación La masacre de El Tandil ocurrió en la mañana del 5 de octubre de 2017, pero se venía cocinando días atrás. La Policía y el Ejército habían llegado a la zona para erradicar matas de coca. Los campesinos, inconformes con que el proceso se hiciera de manera forzada, salieron a protestar. La tensión escaló hasta el fuego. Siete campesinos murieron y 23 más quedaron heridos. Ningún miembro de la Fuerza Pública resultó afectado. En enero pasado, la Fiscalía imputó al mayor Luis Fernando González y al capitán Javier Enrique Soto por homicidio, tentativa de homicidio, lesiones personales y omisión. Los dos oficiales eran los que estaban a cargo de la tropa ese día. El primero comandaba el pelotón Dinamarca I del Ejército y el segundo comandaba el Núcleo Delta de la Policía. Según la Fuerza Pública, el día anterior, esas tropas habían sido atacadas con tatucos por miembros de las disidencias del Frente Óliver Sinisterra, comandadas en ese entonces por alias Guacho. Y esa mañana, antes de la masacre, habían sido hostigados con bombas y disparos. Los tiros de los uniformados, dice esa versión, fueron la respuesta a los ataques.

Sin embargo, las pruebas que practicó la Fiscalía en el terreno no coinciden con esas explicaciones. La trayectoria de los disparos, que quedó marcada no solo en los cuerpos de las víctimas sino también en los troncos y la vegetación en la escena del crimen, iba en una sola dirección. Desde lo alto de la montaña en donde estaban las tropas hacia la parte baja, donde estaban los campesinos. Así mismo, aunque hubo siete muertos y 23 heridos, ninguno era un uniformado. La Fiscalía tampoco encontró pruebas de las detonaciones de artefactos explosivos de las que habla la versión oficial.  Es decir, la evidencia no da muestras de enfrentamientos, sino de un ataque en un solo sentido, contra los campesinos. Este sábado, cuando se cumplen los dos años de la tragedia, los familiares de las víctimas y algunos de los sobrevivientes irán al lugar de la masacre, a honrar y recordar a sus muertos. Por estos mismos días, los abogados acudirán a la Fiscalía y al juzgado de Tumaco a pedir explicaciones sobre el extraño giro que terminó poniendo el caso de El Tandil en manos de la justicia de los militares.