Hace más de tres días, varios cabildantes de Manatí, un municipio ubicado al sur del departamento de Atlántico, denunciaron públicamente que el presidente de esa corporación, Jesús Coronado, ha estado asistiendo a las sesiones de manera virtual desde Miami, en Estados Unidos.
Incluso, algunos integrantes del Concejo señalaron que de cinco sesiones que se han realizado durante el año, solo asistió a dos en modalidad remota. “El señor presidente asistió a dos sesiones virtuales y él nos dijo que estaba en el país, que muy pronto regresaría y que haría las sesiones presenciales. Nosotros, creyendo en él, seguimos realizando las sesiones porque no asistía a todas. No fue que nosotros permitimos, sino que no teníamos la certeza de su ubicación”. indicó Manuel García, cabildante.
En medio de reclamos por la falta de ausencias, los concejales exigieron una explicación y la secretaria de Coronado confirmó que efectivamente el presidente del Concejo estaba en el extranjero.
Las denuncias no tardaron en llegar a la Procuraduría General de la Nación, que mediante un comunicado de prensa anunció que abrieron una investigación disciplinaria contra Jesús Coronado.
“El órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, en relación con el presunto abandono del cargo por parte de Coronado, por aparentemente residir en EE.UU. desde hace más de tres meses”, indicó el Ministerio Público.
Así las cosas, según lo emitido por la Procuraduría, el ente de control “revisará las sesiones adelantadas por la corporación durante el presente año, el listado de asistencia de los concejales a las mismas y el trámite de los proyectos entre enero y junio de este año, entre otras actividades”.
“Igualmente, se verificará si se expidió alguna resolución de virtualidad que rija para las sesiones realizadas por el concejo municipal”, puntualizó el comunicado.
Jesús Coronado es un militante del Partido Conservador.
El conejazo del Centro Democrático a concejalas rebeldes de Medellín que le podría generar sanciones
El tire y afloje que se ha dado entre las directivas del Centro Democrático y las concejalas rebeldes de esta colectividad, Lina García, Nataly Vélez y Paulina Aguinaga, conocidas como las superpoderosas, no da tregua y ahora plantea la posibilidad de que se den sanciones contra la colectividad porque el caso llegó, de nuevo, al Consejo Nacional Electoral.
El motivo es que en este acalorado pulso el Centro Democrático el lunes sancionó a las tres concejalas rebeldes por haber cometido una falta gravísima y les aplicó el artículo 127 de los estatutos. Esto, de acuerdo con la colectividad, implicaba la suspensión de los derechos como militantes para representar al partido en cargos internos, en corporaciones o en representación de la colectividad, pero al tratarse de una falta gravísima, tendrían que haber sido expulsadas del partido.
Así lo deja claro el mentado artículo 127, que señala claramente que “por las faltas gravísimas realizadas dolosamente o con culpa gravísima, procede la suspensión de los derechos como miembro y la expulsión del Partido”.
La norma está clara, pero por qué el Centro Democrático no tomó esta decisión y las concejalas lo califican como una leguleyada, que incluso generó que una juez, vía acción de tutela, le diera un plazo de 48 horas al partido para aclarar la decisión.
De fondo lo que sucede es que desde el Centro Democrático quieren sacar del camino a las tres concejalas con una movida. De acuerdo con la norma, el plazo máximo para que una persona deje de ser parte de un partido y pueda participar por otro en las próximas elecciones es el 29 de junio, apenas en cinco días. Si el uribismo no las expulsa, básicamente se daría lo que ellas denominan un “secuestro político”.
Así que con la tutela esperan que esto se aclare el 28 de junio, las retiren y puedan tener el camino libre para seguir su camino político.