El fantasma de las ‘chuzadas’ a los periodistas vuelve al gravitar en el país. La presunta interceptación telefónica a dos importantes comunicadores es una de las causas que motivo la llamativa pesquisa de la Fiscalía a la sede de la Contraloría General de la República, realizada en la noche del miércoles. Los investigadores tenían también la misión de inspeccionar algunas dependencias de la Contraloría donde, al parecer, hay información importante de seguimientos ilegales e interceptaciones telefónicas a los periodistas Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano. Este último ha hecho denuncias serias sobre los sobrecostos en el arrendamiento de la sede de la Contraloría, entre otros temas. Cecilia Orozco es directora del noticiero de televisión Noticias Uno y publica en El Espectador una columna de opinión y entrevistas. Ramiro Bejarano es columnista también de este diario y de varios periódicos regionales. Ambos han mantenido una posición crítica hacia la contralora Morelli. Semana.com conoció que los investigadores llegaron directo al laboratorio de informática forense del organismo de control para establecer si allí cuentan con equipos de interceptaciones o qué equipos se utilizan en esa dependencia y quiénes los manejan. También llegaron, sin dudar, al computador de una funcionaria, cuyo nombre se mantiene en reserva, porque creen que allí hay información de interés para ese caso. Cuando se conoció sobre esa inspección la contralora Sandra Morelli informó en un comunicado de prensa que esa diligencia se había desarrollado con ocasión de solicitudes suyas para que “se estableciera si efectivamente en la entidad se hacen seguimiento ilegales”. Según Morelli esas solicitudes se hicieron en febrero y mayo pasado. En la Contraloría aseguran que esta inspección, aunque desafortunada por el ruido, es una más de las muchas que ha hecho la Fiscalía este año, cerca de 240. Asesores del fiscal confirmaron esa versión. El otro motivo Semana.com conoció que por estas dos investigaciones la Fiscalía prepara cerca de 15 entrevistas a funcionarios de la Contraloría y en pocas semanas se conocerán los resultados de esas investigaciones. Asimismo, la Fiscalía aprovechó la visita para indagar sobre el terreno el presunto detrimento patrimonial. Durante doce horas, los investigadores inspeccionaron el nuevo edificio donde funciona la Contraloría en el occidente de Bogotá. Con expertos en contratación pública, ingenieros, topógrafos y arquitectos. Midieron oficinas, tomaron fotografías, solicitaron documentos para posteriormente establecer si el contrato de arrendamiento, por 2.500 millones de pesos mensuales de ese edificio, causó un daño patrimonial al Estado. Se informó que los investigadores actuaron motivados por denuncias del sindicato de la Contraloría que advirtió sobre esos presuntos hechos irregulares. Finalmente, este portal pudo establecer con asesores de la Fiscalía, que las pesquisas no tenían como objetivo hacer averiguaciones sobre el tema relacionado con la EPS Saludcoop, como en principio se dijo.