Desde Medellín, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, y el comandante de la Policía departamental, coronel John Fredy Suárez, rechazaron el ataque delincuencial del que fueron víctimas varios pasajeros que se movilizaban en un bus de servicio público en la vía que comunica al municipio de Tierralta (Córdoba) con Montería.
De acuerdo con el oficial, la institución armada se encuentra investigando lo sucedido, toda vez que en esa zona hace presencia, supuestamente, una subestructura del Clan del Golfo.
“Tenemos conocimiento del actuar criminal de una de las subestructuras multicrimen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) Javier Yepes Cantero. Ya se iniciaron todas las acciones en materia de Policía judicial e inteligencia”, informó el coronel Suárez.
El caso se registró a eso de las 8:00 p. m. del pasado lunes, 10 de julio, a la altura del kilómetro 45, sector conocido como El Caramelo. Las primeras versiones dan cuenta de que el vehículo, adscrito a la empresa Brasilia, se dirigía hacia Medellín cuando en medio del trayecto fue interceptado por al menos nueve hombres encapuchados que se movilizaban en motocicletas.
Los sujetos obligaron a los pasajeros a descender del automotor y, acto seguido, le propinaron varios impactos de bala a las llantas.
“Solicitamos a la Fiscalía y a las autoridades que garanticen la seguridad en el corredor de movilidad y se investigue con el fin de obtener prontos resultados”, publicó el gobernador de Córdoba en su cuenta de Twitter.
El reporte preliminar señala que ninguna persona resultó lesionada. El comandante de la Policía departamental y el gobernador Benítez se encuentran en la capital antioqueña participando del Plan de Territorialización de la Política de Defensa, Seguridad Ciudadana y Convivencia para Antioquia, Chocó y Córdoba.
La Policía aseguró que iniciarán los controles pertinentes en las vías nacionales para garantizar la seguridad de quienes transitan.
Desde allá estarán conversando sobre lo sucedido y se espera que se tomen algunas determinaciones en cuanto a este nuevo hecho de hostigamiento.
Aunque al cierre de esta publicación se desconocía sobre los presuntos responsables de dicho ataque, lo cierto es que la nueva eventualidad toma lugar en medio de un cese al fuego con el ELN y las intenciones de retomar las mesas de negociación de paz con las disidencias de las Farc.
Inseguridad en Colombia
La situación de inseguridad en algunas regiones de Colombia traspasa todas las barreras posibles. Los asesinatos y desplazamientos tocan a toda la población, incluidos los alcaldes y alcaldesas que hoy despachan desde otros sitios, porque grupos armados les tienen prohibida la entrada a sus propios municipios.
SEMANA recogió testimonios de varios mandatarios en diferentes regiones y la radiografía de lo que ocurre en la Colombia profunda hace mucho pasó de una simple alerta naranja a roja. Disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo deciden el destino de poblaciones completas; ellos son la autoridad absoluta.
Por ejemplo, en Antioquia, según la Defensoría del Pueblo, el 60 por ciento de los alcaldes tienen amenazas de grupos armados. La mayoría no puede cumplir agenda en las zonas rurales. Hay especial preocupación en las subregiones del norte, nordeste, occidente y suroeste, donde los mandatarios han alzado la mano para denunciar ante la opinión pública el reclutamiento forzado y el cobro de extorsiones.
En Chocó, el panorama es mucho más desalentador: tres alcaldes están desplazados de sus municipios. Los mandatarios de Bagadó, San José del Palmar y Sipí tuvieron que abandonar sus casas y familiar. De otro lado, los alcaldes de Nuquí, Lloró, Unión Panamericana, Bojayá, Medio Atrato y Río Iró están amenazados.
“Llevo dos meses sin ingresar al territorio. La situación es bastante compleja. Hemos sentido el abandono de las instituciones que se encargan de esta labor. A pesar de mucho pie de fuerza que nos coloquen, nuestra seguridad corre riesgo”, dice el alcalde de Bagadó, Walter Serna Palomeque.
Y agrega: “Quien lo elige a usted, lo elige con el propósito de sentir el calor, la presencia. Al no sentirla, se siente un poco de desamparo. No obstante, la administración ha seguido funcionando de la manera convencional”.
En Caquetá cuatro alcaldes han hecho públicas las amenazas que reciben de los grupos armados. El mandatario de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, despacha desde la ciudad de Florencia porque no tiene garantías de seguridad para volver al municipio.
Molina reveló que los criminales les cobran cada año entre $ 100 millones, $ 80 millones y $ 30 millones para dejarlos gobernar. Varios políticos de este departamento pagan la extorsión para que ellos y sus familias no sean víctimas de agresiones.
“Gobernar a control remoto es complejo. Ayer (el martes) tuvimos la inauguración de un parque recreo deportivo y fue mediante una llamada. A pesar de no estar en el territorio, seguimos entregando obras (...). La gente a uno lo elige para estar en el municipio, para tener el contacto con las personas, para uno escucharlos, para encontrarles soluciones. A mí me llaman y me dicen que hago falta. La cara del santo es la que hace el milagro. Si uno no está, es complejo”, señala Molina.
En Norte de Santander, Íder Álvarez, alcalde del municipio de La Playa de Belén, y Nelson Leal, mandatario de Tibú, ambos de la zona del Catatumbo, han sido víctimas de amenazas por parte de grupos armados que delinquen en la región.
Esta situación obligó a los dos alcaldes a salir de sus municipios y gobernar desde el municipio de Ocaña y en la ciudad de Cúcuta, respectivamente, con el objetivo de salvaguardar sus vidas y la de sus familias, esto teniendo en cuenta que las amenazas son permanentes.
En el caso de Íder Álvarez, se encuentra radicado en Ocaña desde el pasado mes de junio de 2022, luego de salir ileso de un atentado en su contra y amenazas por parte de actores armados contra él y su familia.