El senador del Polo Democrático Iván Cepeda anunció que envió una extensa denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que acusa a miembros de la fuerza pública de cometer varios abusos y delitos en el marco del paro nacional, que se desarrolla en Colombia desde el pasado 28 de abril.
Además del congresistas, otras organizaciones como Temblores, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Bord, se sumaron a la iniciativa.
“El Estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque”, señala el documento en el que se le solicita a la CPI investigar lo ocurrido en el país.
Para Cepeda, esta situación “ha quebrantado el principio de separación de poderes, el Estado Social y Democrático de Derecho y los derechos fundamentales de los colombianos”.
En reiteradas oportunidades, diferentes políticos y organizaciones han mencionado con preocupación que entidades como la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría están dirigidas por funcionarios cercanos al presidente de la República.
Uno de estos casos es el de Margarita Cabello, quien luego de ocupar el cargo de ministra de Justicia, pasó a ser la procuradora General de la Nación.
En cuanto a la denuncia, el senador señaló que “contiene evidencias de delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas”.
Así mismo, da cuenta de al menos 1.595 hechos, ocurridos en varios departamentos del país, que demuestran violaciones de DD. HH. De estos hechos se aportó la identidad de 315 personas.
También se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1.365 víctimas de detención irregular, aseguran los demandantes.
Uno de los puntos que más llama la atención es el de los asesinatos en medio del paro, pues el texto presentado por Cepeda indica que, entre el 28 de abril, día en que comenzó el paro nacional, y el 10 de mayo, murieron 40 personas “durante procedimientos policiales de contención de la protesta social”.
De acuerdo con los investigadores, muchos de estos casos están relacionados “con el uso indiscriminado de armas de fuego en (ciudades como) Cali, Pereira e Ibagué”.
Finalmente, la solicitud le pide a la fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda, que visite Colombia y le pida al Estado información para tener un panorama completo sobre los hechos ocurridos en los últimos días.
Fiscalía reconoció 14 muertes durante el paro nacional
La Fiscalía General de la Nación reportó este jueves que tiene registro de 14 homicidios relacionados directamente con las manifestaciones del paro nacional y activó el mecanismo de búsqueda urgente en 168 casos de personas que fueron reportadas como desaparecidas.
A través de equipos focalizados e interdisciplinarios creados en las diferentes seccionales se recopiló material probatorio que permite evidenciar que 14 homicidios tienen relación directa con las manifestaciones: 7 en Cali (Valle del Cauca), 1 en Bogotá, 1 en Soacha, 2 en Madrid (Cundinamarca), 1 en Pereira, 1 en La Virginia (Risaralda) y 1 en Ibagué (Tolima).
Estos resultados se dieron después de partir de 34 casos que se han reportado a la Fiscalía, que ocurrieron entre el 28 de abril y el 11 de mayo.
“Frente a los homicidios, debemos decir lo siguiente: tenemos cuatro homicidios esclarecidos, esto es muy importante. En un tiempo muy rápido, con todas las dificultades, determinamos que tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas y un homicidio fue cometido contra un capitán de la Policía en la ciudad de Soacha”, indicó el fiscal, Francisco Barbosa.