SEMANA: ¿Cómo han sido los primeros 100 días como presidente?

Iván Duque.: Han sido muy importantes en lo personal. Valoro llegar con una agenda y empezar a hacer cambios desde el primer día para transmitir un estilo propio y arrancar la ejecución basada en indicadores. Me ha motivado mucho estar en las regiones y con la ciudadanía. También me siento contento de haber avanzado en seguridad en las regiones que es uno de los grandes reclamos de los colombianos. Hemos hecho cerca de 18 consejos de seguridad en todo el país con autoridades, ciudadanos y sectores productivos. En estos 100 días se lanzaron dos iniciativas: el Plan Diamante con las Fuerzas Militares y el plan ‘El que la hace la paga’ con la Policía, que está produciendo resultados en la reducción de la criminalidad. ‘Menos política y más administración’ ha sido nuestra apuesta en estos tres meses, con la convicción de que hay que hacer gobierno tranquilo, pero con decisión y carácter.

SEMANA: ¿Cuáles han sido los principales retos en este tiempo?

I.D.: Estos 100 días han tenido retos enormes. Entre ellos, contar con un presupuesto desfinanciado en 14 billones de pesos; tener más de un millón de hermanos venezolanos en el país que generan presiones fiscales y sociales; enfrentar situaciones que hacen vulnerables el sector eléctrico como la demora en la entrada de Hidroituango y la situación de Electricaribe; y haber encontrado un proceso de reincorporación sin la capacidad institucional y los recursos suficientes para cumplirles a los desmovilizados.

SEMANA: Los proyectos de la lucha contra la corrupción van a paso lento en el Congreso y sucede lo mismo con otros como la reforma a la justicia y la reforma política. ¿Está limitada la gobernabilidad?

I.D.: Yo no lo veo así. Si por gobernabilidad se entiende un Congreso dócil sobre la base de prebendas, nosotros decidimos tomar un camino distinto. Con los proyectos anticorrupción, llevamos algunos al Congreso después de hacer una mesa técnica con todos los partidos. Siento que todos van andando, con las tensiones de cualquier proceso legislativo. Estamos empeñados en buscar consensos, eso sí bajo el entendido de que no toda la gobernabilidad depende de procesos legislativos. También se requiere despolitizar entidades y tomar decisiones eficientes desde el Ejecutivo. En materia de lucha contra la corrupción esa es mi prioridad, lo fue en campaña y lo ha sido en estos 100 días.

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SEMANA: Una tradición en el Congreso dice que la primera legislatura es del gobierno porque le permite sacar muchos proyectos de ley. ¿Cree que la actual lentitud del Legislativo se debe a la falta de mermelada y que usted quiere cambiar la relación entre este y el Ejecutivo?

I.D.: Yo creo que se está haciendo una adaptación en el país. Institucionalmente, nos estamos adaptando y eso beneficia el pueblo colombiano. Nosotros presentamos una agenda legislativa importante, basada en propuestas de cambio sencillas pero trascendentales. Eliminar el voto preferente, fomentar la participación de la mujer, democratizar mucho más los partidos, tener unos mecanismos de financiamiento mucho más transparentes son grandes conquistas que podríamos llegar a tener a partir de pocos cambios.

SEMANA: Además de la reforma política, ¿cuál otra considera crucial que necesite pasar por el Congreso?

I.D.: Varias. La ley que reforma las TIC, la reforma a la Ley de Vivienda, otra reforma a las CAR. Es una agenda necesaria. Queremos tener una interlocución permanente con el Congreso, pero siempre basada en la transparencia.

"De mi parte nunca ha habido un discurso belicista y agresivo frente a Venezuela".

SEMANA: En su propio partido, el Centro Democrático, hay posiciones distintas a las del gobierno. ¿Qué está pasando?

I.D.: A mí me parece importante que haya debate incluso dentro del mismo partido del gobierno, en el cual no debe haber una disciplina hirsuta y cerrera. En general, ha habido un respaldo importante del Centro Democrático a la agenda legislativa del gobierno, y cuando hemos tenido dificultades, las hemos tramitado.

SEMANA: Usted ha hablado de muchas prioridades: reforma política, reforma a la justicia y paquete anticorrupción. ¿Por cuál espera ser recordado?

I.D.: El país debe sentir rápidamente que hay un compromiso institucional con la transparencia y la lucha contra la corrupción. También me interesa que el país tenga una reforma importante en materia de equidad. Pero si me preguntan cuál es ese gran tema bandera por el cual me gustaría ser recordado, es por dejar sentadas las bases para una agenda de equidad.

SEMANA: ¿Qué es lo más importante de la reforma política?

I.D.: Lograr la exclusividad de las listas cerradas, las cuales permiten que la responsabilidad sobre su conformación recaiga sobre los partidos; permiten un manejo de los recursos para las campañas mucho más transparente y, sobre todo, permiten una constante renovación de liderazgo político. Ese sería un gran avance en términos de lucha contra la corrupción y en términos de elevar la calidad política de nuestro país.

SEMANA: Con todo el debate político sobre la moción de censura que propuso la oposición para el ministro Alberto Carrasquilla, ¿en algún momento pensó en pedirle la renuncia?

I.D.: Creo en la solvencia ética y académica de Alberto Carrasquilla. En medio de los ataques y el debate político, que muchas veces se presta para exageración y para ganar laureles sobre la base del descrédito moral de las personas, fue a la plenaria del Senado y defendió su honra y sus actuaciones con lujo de detalles. Después, sin requerirse, él mismo le pidió al presidente de la Cámara que se adelantara el debate de moción de censura, del cual salió airoso por la fuerza de los argumentos. Ese ejercicio demuestra de parte de él total transparencia, total disposición para argumentar y contraargumentar y disposición para que el Congreso tome una decisión sobre la conducta que se le estaba endilgando.

SEMANA: ¿Cómo ve la dificultad política por la que atraviesa la Ley de Financiamiento en el Congreso? Ampliar la base tributaria, reducir exenciones o afectar a los asalariados es bastante impopular…

I.D.: Cuando vimos el presupuesto, nos encontramos que la deuda pasaba de 18 a más de 30 billones de pesos, y que se recortaba la inversión pública en casi 8 billones de pesos. En estos 100 días se hizo un canje de deuda de administración de pasivos exitoso que permitió que Colombia saliera al mercado con 1.500 millones de dólares y que los mercados solicitaran casi 9.700, una gran señal de confianza en el país. Resolver esa situación inmediata de caja no era suficiente, pues hay 14 billones de pesos que no están contemplados y que son los recursos para los subsidios de energía, de gas, para programas como el del adulto mayor, Familias en Acción, alimentación escolar y de atención a la población vulnerable en zonas golpeadas por la violencia. El Congreso votó el presupuesto sabiendo que el siguiente paso era conseguir el financiamiento de esos 14 billones.

"Si por gobernabilidad se entiende un camino dócil, nosotros decidimos un camino distinto".

SEMANA: ¿Cuál es la esencia de la propuesta para recaudar esos 14 billones?

I.D.: Reducirles la carga a los generadores de empleo para que inviertan más y generen más trabajos, y corregir las inequidades del sistema tributario. ¿Por qué el Estado tiene que subsidiarlo a usted o a mí cuando vamos a hacer mercado por la vía del IVA exento y excluidos en ciertos productos? ¿Por qué privilegia a los más ricos esa exención versus los más pobres? Con la propuesta de la compensación buscamos quitarles el peso del IVA a las personas más pobres para que puedan avanzar hacia la clase media. Del otro lado, lo que hemos buscado es unificar los sistemas del régimen de personas naturales sin gravarle a una persona que gane menos de 35 millones de pesos, sino buscando más recaudo en las personas que tengan ingresos mayores a 35 millones. Yo sé que estas discusiones son difíciles, pero hay que preguntarnos como país qué estamos dispuestos a aportar para que Colombia acabe con la pobreza extrema y permita una mayor expansión de la clase media.

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SEMANA: ¿Han pensado reducir subsidios para que ayuden a los más pobres y no afecten el hueco fiscal?

I.D.: Más que reducir subsidios hay que mejorar la focalización.

SEMANA: La ministra de Minas defiende el ‘fracking’, pero usted ha sido más escéptico. Finalmente, ¿cuál va a ser la política?

I.D.: Colombia tiene un reto energético grande. El país posee reservas para menos de siete años y en las proyecciones, por lo menos para la próxima década, de ingresos de la Nación sigue jugando un papel importante la renta petrolera. En ese contexto, el país debería tener cerca de 2.000 millones de barriles de nuevas reservas en los próximos años. La pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? Debemos seguir avanzando en las exploraciones costa afuera (offshore) y en las cuencas convencionales. Sin embargo, la discusión de las no convencionales tiene que ser seria y responsable. Por eso, se ha convocado una misión con expertos del sector y ambientalistas para que haga una valoración científica de dónde puede estar ese potencial en Colombia y cuáles son los riesgos de nuevas formas de exploración y producción. No estoy dispuesto a que se adelanten proyectos no convencionales afectando la biodiversidad, acuíferos o zonas que sean de gran valor en términos de biodiversidad. Esperaré los resultados de esa misión de expertos para tomar una decisión.

SEMANA: ¿Tiene pensado presentar una reforma pensional?

I.D.: En estos cuatro años se debe buscar corregir y darle al país un mejor horizonte de equidad pensional, pues las pensiones son la mayor fuente de inequidad. Creo en Colpensiones y considero que una reforma pensional tiene que ser una decisión de país en la que no afectemos a las personas que ya tienen ciertos derechos y expectativas.

SEMANA: ¿Qué ha pasado y qué va a pasar con la papa caliente que es Electricaribe?

I.D.: Electricaribe es un problema que heredamos porque lo dejaron envejecer mal. Solamente se reaccionó hasta hace dos años, cuando ya estaba prácticamente incendiada la empresa. Tenemos que buscar una solución a la administración, pero pensando en la calidad del servicio para la costa Caribe y para la población más vulnerable. Hasta el momento, se ha abierto un proceso en el que hay interesados en participar en una eventual licitación/subasta, para ser el nuevo operador de la empresa. Tiene que ser sobre la base de un programa de inversiones creíble y sobre la base de una mejora continua del servicio. Espero que ese tema lo podamos resolver en los próximos seis o siete meses.

SEMANA: Todavía no se sabe si Hidroituango entra en operaciones en 2021 y, en ese sentido, en ciertos sectores hay una preocupación sobre el desabastecimiento energético. ¿Cómo ve esa realidad?

I.D.: Ese es otro chicharrón que recibimos el 7 de agosto. La no entrada o demora de Hidroituango tiene repercusiones evidentes en el mercado energético. Hidroituango es cerca del 17 por ciento de la generación energética del país. El reto es buscar una forma de abastecimiento integral y que, al mismo tiempo, nos permita diversificar la matriz energética en la que analizaremos una subasta para plantas térmicas y les apostaremos fuertemente a las energías renovables.

SEMANA: Hay problemas muy difíciles en la relación con Venezuela: la migración y la retórica de los dos países sube cada día en contra del otro. ¿No está haciendo falta un canal de comunicación política?

I.D.: De mi parte nunca ha habido un discurso belicista ni agresivo frente a Venezuela. Todo lo contrario, en un mundo donde se ven fronteras cerradas y reacciones muy duras para ciertos servicios básicos, nosotros estamos mostrando gran fraternidad y solidaridad. Lo que Colombia ha hecho en términos de normalización migratoria, con las dificultades que esto trae, es ejemplar. Eso mereció que la última Asamblea de Naciones Unidas hiciera una mesa de alto nivel, con una gran participación de países, en la que se reconoció ese esfuerzo.

SEMANA: ¿Qué se ha hecho en concreto frente a este fenómeno migratorio tan masivo y de tanto impacto para el país?

I.D.: Se está buscando una concertación entre distintos organismos internacionales y países para ayudar con recursos y proveer fondos de largo plazo y atender esa crisis. Nosotros fuimos donde el secretario general de la ONU, António Guterres, después de lo cual se creó un cargo en cabeza de Eduardo Stein como comisionado especial para esta crisis; se movilizaron la Unión Europea y el secretario general de la OEA. Estamos buscando estatus de protección temporal compartido con otros países y que haya una reacción de fondos multilaterales para atender a la población venezolana.

Ahora, de otro lado, y lo decimos con claridad, esta tragedia humanitaria se da porque en Venezuela hay una dictadura. Yo no solamente no reconozco los resultados de las elecciones, sino que considero que lo que hay ahí es una violación flagrante de la Carta Democrática, razón por la cual no vamos a tener una relación diplomática con embajadores.

SEMANA: ¿Cómo ve usted el tema de la xenofobia en algunos sectores contra los venezolanos?

I.D.: La xenofobia es un riesgo preocupante con el que tenemos que estar muy alertas. Ahora la migración es un problema grave que trae costos económicos y sociales, pero también la migración bien administrada puede traer beneficios a mediano plazo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Con el Banco Mundial hicimos un reporte muy riguroso sobre lo que implica este torrente migratorio, y en el Conpes estamos mirando cómo integrar el trabajo de diferentes agencias estatales. Defendemos los criterios de hermandad con los venezolanos.

SEMANA: Pero hay otros países donde no hay plena democracia y con los cuales tenemos relaciones diplomáticas. ¿Por qué no tenemos embajador en Venezuela y sí en Nicaragua?

I.D.: La situación en Nicaragua tiene unas variaciones. Claramente, el incidente que se está presentando en Nicaragua se está manejando en la OEA, y Colombia ha estado participando con todas las decisiones y observaciones del Consejo Permanente. Hay unas elecciones de un presidente en ejercicio que han sido reconocidas por ese organismo. Eso es una diferencia muy clara frente a lo que pasa en Venezuela

SEMANA: Pero en Nicaragua ha habido más de 300 muertos este año...

I.D.: Claro, y los hemos rechazado públicamente y no estamos de acuerdo con eso. Dentro de la participación que llevamos en estos 100 días en la OEA hemos respaldado todas las iniciativas del secretario general para la supervisión que se hace sobre Nicaragua y para que cesen la violencia y la represión a las voces opositoras. Ahora, yo sigo siendo muy claro: país que viole la Carta Democrática, país en el cual esta tiene que ser aplicada.

SEMANA: La amenaza más importante para Colombia en temas de seguridad es el narcotráfico: los cultivos ilícitos van en aumento. ¿En qué va el planteamiento de que el próximo año se reactive la fumigación aérea?

I.D.: Es lamentable que de 2012 a 2018 se haya expandido el área sembrada de coca de más o menos 50.000 hectáreas a más de 200.000. Recibimos ese gran problema el 7 de agosto y decidimos buscar una forma de enfrentarlo integralmente, que combina erradicación con las familias que ya habían llegado a los acuerdos voluntariamente; se les va a pagar y a buscar la transición a nuevas fuentes de ingreso. Vamos a tener que impulsar la interdicción aérea, marítima y terrestre, fortalecer los mecanismos para debilitar la cadena logística y desabastecimiento del narcotráfico. Vamos a pasar a pagos por servicios ambientales, hacia la sustitución y desarrollo alternativo, pero también tenemos que buscar todas las herramientas de precisión conforme a los protocolos que ha definido la Corte Constitucional para hacer aspersión donde no pongamos en riesgo la población.

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SEMANA: ¿Cómo se puede medir la eficacia del decreto que prohíbe la dosis mínima?

I.D.: Con la satisfacción ciudadana, con los espacios urbanos recuperados. Cuando vemos que hay más de 15.000 espacios urbanos donde no se está consumiendo droga, eso es un logro para el espacio público de los niños y para los entornos de los barrios. Además, se han producido más de 40.000 comparendos porque, contrario a lo que mucha gente trató de satanizar, que era que íbamos a encarcelar a los consumidores, no ha pasado.

SEMANA: Existe la impresión de que la implementación del proceso de paz está en crisis. ¿Cuál es su política frente al tema?

I.D.: El 7 de agosto encontramos más de 300 líderes asesinados desde la firma del acuerdo del Teatro Colón. Encontramos muchísimos compromisos, pero con debilidades institucionales. Y claro que había cosas importantes que resaltar, pero encontramos dificultades para que los proyectos productivos pudieran desarrollarse en las regiones del país. Creo en la reincorporación, estuve en el espacio transitorio de Pondores, en La Guajira, me he reunido con muchas personas que han hecho un tránsito a la legalidad y cuento con Emilio Archila a la cabeza del proceso. Queremos avanzar y llevar a las regiones que fueron afectadas por la violencia la inversión y los programas de articulación productiva con agricultura por contrato.

SEMANA: ¿Se siente tranquilo frente al acuerdo que se hizo en la Comisión Primera de Senado frente a la JEP?

I.D.: Me pareció un gran encuentro, independientemente del tema y del resultado. El solo hecho de ver en un ambiente parlamentario e institucional a todas las fuerzas políticas discutiendo y buscando soluciones me parece un gran logro para la democracia colombiana. Y me parece que el acuerdo político que se hizo es bueno. Yo hablé con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional y le dije que el tema de la sala (para conocer los casos de militares) no es para que haya militares administrando justicia, sino para que haya personas que conozcan las circunstancias de modo, tiempo y acción operacional con los cuales trabaja la fuerza pública.

SEMANA: ¿Presentará los proyectos pendientes de implementación, como aquellos relacionados con la Ley de Tierras y la reforma rural integral?

I.D.: Con o sin acuerdo de paz, defiendo la reforma rural. Presentaré una propuesta para sacarla adelante. El campo es definitivo para que el futuro de Colombia sea pacífico y productivo.