Tres semanas después de haber estallado el escándalo por los audios que dejó el fallecido Jorge Enrique Pizano a Noticias UNO, la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de recorrer un camino inexplorado en Colombia. En Sala Plena se decidió pedirle al presidente Iván Duque que presente una terna para nombrar a un fiscal ad hoc  para que este adelante e impulse la investigación del caso Odebrecht. Un día después del anuncio, el presidente Iván Duque aseguró que las personas que integrarán la terna para que la Corte Suprema designe fiscal Ad hoc, tendrán las siguientes características: "serán idóneas, con toda la solvencia ética, con toda la solvencia jurídica y con toda la independencia que permita adelantar esas investigaciones con rigor”. Duque también confirmó que habrá una mujer en la terna que envíe a la Corte Suprema y aunque no se comprometió con una fecha para remitir el nombre de los ternados, su ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que el gobierno lo hará antes del martes de la próxima semana.  La decisión de la corte de pedir fiscal Ad hoc responde a una carta enviada por la Vicefiscal María Paulina Riveros, fechada el 23 de noviembre, en la que  manifestó su impedimento para continuar investigando los dos casos que estaban bajo su competencia. Esto son los de las exministas Gina Parody y Cecilia Álvarez -que fue archivado-; y el de la negociación que los ejecutivos brasileños adelantan con el Estado colombiano. En este último caso, se incluye lo que se deriva del cuestionado contrato de transacción, proyectado por Néstor Humberto Martinez, con el que los socios del Consorcio Ruta del Sol 2 pusieron punto final a las millonarias reclamaciones por contratos ficticios. Se cuentan allí, los de Consultores Unidos y Profesionales de Bolsa, entre otros. Puede leer: ¿Qué pasa con la justicia luego del debate contra el fiscal general?Sin embargo, el caso de Odebrecht tiene más de 25 líneas de investigación que no quedarían cobijadas con la actuación del fiscal ad hoc. Así las cosas, otros expedientes relacionados con Odebrecht (como por ejemplo el de Luis Fernando Andrade) tendrían que presentar recusación contra el fiscal general ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de ser avalado, tendrían que proceder a recusar a la vicefiscal y, de negarse en esta instancia, el asunto llegaría, de uno a uno, a la Corte Suprema para que determine si la competencia se le traslada al ad hoc. En síntesis, la determinación del alto tribunal no implicaría que un fiscal ad hoc asuma de manera automáitica todo lo relacionado con Odebrecht. Como se sabe, la Fiscalía avanza muchas líneas de investigación que tienen qué ver con Odebrecht y en el debate del Senado hace dos noches Néstor Humberto Martínez señaló que la investigación contempla cerca de 100 contratos irregulares, lo que permite anticipar que se vendrá una cascada de recursos de quienes consideran que la actual Fiscalía no brinda las garantías debidas.En contexto: La teoría de la conspiración con la que se defendió el fiscal El alto tribunal decidió rechazar los recursos interpuestos por la Procuraduría y por la Red de Veedurias (RedVer). El primero, porque debió surtir su trámite ante la Vicefiscal General antes de llegar a la Corte. El segundo, porque la Red De Veedurías no es parte en los procesos en cuestión, es decir, hay una falta de legitimación para actuar.  Hasta el momento no se conocen detalles del por qué la corte encontró procedente el impedimento a la vicefiscal María Paulina Riveros; este punto es crucial y puede encerrar sorpresas frente a la discusión que dieron los magistrados este jueves por cerca de ocho horas. La parte resolutiva fue votada casi que de manera unánime; solo dos magistrados se habrían apartado de la mayoría. José Francisco Acuña decidió salvar voto y el civilista Ariel Salazar manifestó reparos.