La carta fue dirigida a Germán Bula, presidente del Consejo de Estado. En ella, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, le informa que el pasado 20 de julio se cumplió el acto de posesión y juramento de los congresistas elegidos para el periodo 2018 - 2022, pero con la novedad que dos de ellos no contestaron a lista: Iván Luciano Márquez Marín Arango (Iván Márquez), del partido Farc, y Aída Merlano Rebolledo, del Partido Conservador. Además, Eljach le notifica al consejero de Estado que ya transcurrieron 8 días desde la fecha de instalación del Congreso sin que Márquez Y Merlano hubieran comparecido al despacho del presidente del Senado para tomar posesión de su cargo. Márquez se encuentra en Caquetá, donde se refugió desde que Jesús Santrich fue detenido por orden de la Fiscalía por su presunta participación en el delito de narcotráfico, con posterioridad a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. Merlano está detenida por supuesta compra de votos en las pasadas elecciones. Esta exrepresentante a la Cámara había enviado una carta al Senado exigiendo que le permitieran posesionarse en su curul sin estar presente en el Capitolio. Es decir, que le permitieran jurar sobre la Constitución, pero desde su sitio de reclusión. La Constitución de Colombia (Artículo 183) señala que sin un congresista electo no toma posesión de su cargo “... dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse”.
Con esta carta, el Consejo de Estado ya tiene la notificación de que Iván Márquez y Aída Merlano incurrieron en una de las causales de pérdida de investidura. A partir de ahora esta alta corte podrá iniciar un proceso contra los dos congresistas electos. Si el Consejo de Estado lo considera, ambos podrían ser sancionados con la muerte política. No es otra cosa que la imposibilidad, de por vida, de presentarse como candidatos a cualquier cargo de elección popular. Sobre el caso de Jesús Santrich en la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, presidente de esa corporación, informó que por la tutela interpuesta por el ex negociador de las Farc en La Habana, se debe esperar el fallo judicial para notificar al Consejo de Estado de esta situación.