Después de que la Corte Suprema de Justicia abriera investigaciones preliminares contra cuatro congresistas, por su supuesta participación en el desfalco de $70.000 millones en el contrato de la UT Centros Poblados, celebrado con el MinTIC, varios de ellos se han defendido por las acusaciones en su contra.

En la más reciente sesión de la plenaria del Senado, la congresista Daira Galvis, pidió la palabra para dejar un constancia sobre este tema y se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. “Jamás hice llamada ni he ejercido presiones a la exministra Karen Abudinen. Mucho menos a funcionarios del Estado y menos del ministerio de las TIC para abogar o defender el desfalco de Centros Poblados”, dijo la senadora de Cambio Radical.

La senadora aseguró que quieren vincularla porque una persona que ha sido salpicada trabajó en su Unidad de Trabajo Legislativo pero que esto no significa que ella tenga algo que ver con todo este escándalo que estalló en el país. “La señora Estefanía Pupo trabajó para mi Unidad de Trabajo Legislativo en 2018, ignoro sus vínculos con las personas o relaciones con empresas que hacen parte de Centros Poblados”.

Galvis, dijo estar dispuesta a atender los llamados de la justicia para aclarar toda la situación aunque anunció acciones legales en contra del director de la Red de Veedurías Ciudadanas. “Dada la temeridad del señor Pablo Bustos, quien sin ninguna prueba me señala como de haber defendido ese contrato para no liquidarlo, el ejercicio del buen nombre lo denuncié por falsas acusaciones. Nunca he intervenido ni he conocido sobre este desfalco, no tengo rabo de paja y presumo que hay interesados en desviar la investigación como cortina de humo para tapar lo que ha sucedido”.

Armando Benedetti, Mauricio Gómez Amín y ahora la senadora Galvis, han negado tener relación alguna con este escándalo y han dicho que todo se trata de un mal entendido. SEMANA conoció en primicia el documento completo con la denuncia que presentó la red de veedurías Bien Común en contra de dos congresistas por el escándalo de MinTIC. Se trata de Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín. El ponente será el magistrado Misael Rodríguez.

“La Veeduría Ciudadana puso en conocimiento de la ministra Karen Abudinen Abuchaibe presuntos hechos anómalos sobre la posible participación en investigaciones penales por presuntos hechos de corrupción de algunas firmas proponentes que participarían en la licitación pública, sin que el despacho hubiese siquiera intentado profundizar el tema y prestándose a adjudicar el proceso licitatorio en comento”, señala la denuncia.

Y agrega el documento: “A pesar de haberse puesto en conocimiento previo de presuntas irregularidades en todo el proceso licitatorio y la participación masiva de empresas con antecedentes penales por posible corrupción, se observa una posible omisión en siquiera indagar por las alertas ciudadanas que nacen precisamente para evitar detrimento patrimonial en un futuro. Al parecer, de acuerdo con los hechos, presuntamente intermediaron senadores de la República para evitar la caducidad del Contrato 1043 de 2020, es decir, para proteger el patrimonio público que juraron blindar y proteger”.

La denuncia, dirigida al magistrado Misael Rodríguez, señala que: “No se está hablando de un proceso licitatorio de solo algunos millones de pesos, sino de billones de pesos. La jurisprudencia tiene definida la moralidad administrativa, principio de la función pública, como el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo con la legislación vigente, con la diligencia y el cuidado propio de un buen funcionario”.