Vuelve y juega, jefes de las más temidas bandas criminales estrían aprovechando un vacío jurídico para presentarse como integrantes de comunidades indígenas para recibir los beneficios que contempla la ley, entre los que se encuentran lugares exclusivos para cumplir sus condenas, así como penas simbólicas por los graves delitos cometidos.
En las últimas semanas se registró una avalancha de solicitudes ante los jueces para que revisen los casos de los jefes de las bandas de los Pachelly, El Mesa y El Triana que delinquían en el municipio de Bello (Antioquia). Sus peticiones tienen un factor común, todos se presentan como integrantes de estas comunidades indígenas, por lo que piden ser trasladados a los resguardos a cumplir sus sentencias o enfrentar nuevos juicios según su jurisprudencia especial.
El exsecretario de seguridad de Antioquia, Andrés Tobón recopiló los principales casos y, por medio de sus redes sociales, dio a conocer la lista de aquellos cabecillas que estarían buscando estos beneficios pese a que no cumplen los requisitos. En este sentido manifestó que en los documentos anexados señalan que pertenecen a estas comunidades étnicas por lo que sus procesos deben pasar a su conocimiento.
“Pasan papeles diciendo que son miembros de una comunidad indígena, de la cual evidentemente nunca ha hecho parte, y lo logran”, denunció Tobón. Con esta documentación, sus abogados hacen la petición formal ante los jueces de ejecución de penas para que ordene su traslado a los resguardos indígenas.
“Los jueces que comen cuento, y les ayudan”. Utilizando esta estrategia Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert, comandante de la estructura criminal de Pechely, que delinque en el norte del Valle de Aburrá y se dedica –según la Fiscalía General- a los homicidios selectivos, desplazamientos forzados, tráfico de estupefacientes y extorsiones.
Albert, quien fue capturado en agosto de 2020, presentó ante el juzgado séptimo de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín una petición para ser trasladado del establecimiento penitenciario al Resguardo Indígena Umbra Guaqueramae, ubicado en Quinchía, Risaralda. En la petición se advertía que este resguardo contaba con “instalaciones idóneas” para garantizar su privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad.
Sin embargo, el despacho judicial, en este caso, se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo frente a su traslado a este resguardo indígena.
Un caso similar es el de Maximiliano Gil Durango, alias Tombito, señalado de ser el jefe de la organización criminal de Los Triana, que delinque en el noroccidente de Medellín y en el municipio de Bello. El hombre fue capturado en agosto de 2020 en la localidad en una exclusiva zona de un barrio de la localidad e Usaquén, en el nororiente de Bogotá.
Las autoridades indicaron que el hombre había viajado para renovar el salvoconducto de varias armas, entre estas, dos pistolas y un fusil. La Fiscalía General señaló que Tombito tenía una carrera criminal de 25 años, ingresando a la estructura criminal cuando tenía 14 como sicario.
Era el jefe de finanzas de la estructura, la cual lograba mover hasta 1.500 millones de pesos por negocios relacionados con el narcotráfico, extorsiones, licor adulterado y contrabando de alimentos. En su caso su petición sí fue avalada por un juez que autorizó, el pasado 4 de enero, su traslado de la cárcel municipal de Rionegro (Antioquia) al cabildo indígena KWE ‘SX YU’ KIWE, ubicado en el municipio de Florida (Valle del Cauca).
En la resolución, se cataloga a Gil Durango como un “sentenciado indígena”.
Otros jefes de estas bandas criminales que estarían buscando estos beneficios son Jhonathan Alexander Castrillón Arango, alias Pirry; Róbinson Abraham Tobón Duque, EL Perro; y Néstor Esivell Rodríguez, alias Peluche, todos integrantes de la organización conocida como El Mesa.