La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó este viernes el sometimiento del exsenador Julio Manzur Abdala, quien es investigado por el delito de concierto para delinquir agravado por presuntos vínculos con paramilitares. La Sala de Definiciones Jurídicas señaló que el proceso que venía adelantando la Corte Suprema de Justicia en contra del excongresista cordobés guarda relación con el conflicto armado.
El órgano se basó en la resolución de acusación proferida por la Corte, en la cual se estableció que "probablemente Manzur asistió a reuniones presididas por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño Gil, situación que puso en evidencia el vínculo de amistad existente entre aquellos, pero además celebró convenios políticos con miembros de grupos paramilitares para respaldar a un candidato a la Gobernación de Córdoba en el año 2003, para la candidatura a la misma Gobernación en los comicios del año 2006, así como el nombramiento de otros funcionarios en cargos públicos del departamento y el apoyo que como senador brindó a la Ley 975 de 2005". De acuerdo con la JEP, para la justicia ordinaria estas situaciones revelaban “su interés de tomar parte del proyecto ilícito de las autodefensas y el apoyo decidido que dio al mismo". "Bajo las anteriores apreciaciones, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que los convenios políticos y las reuniones que presuntamente sostuvo Manzur con dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tenían el propósito de aportar a la consolidación del proyecto político e ideológico de esa organización", subrayó.
La JEP señaló que analizó el compromiso "concreto, programado y claro" que presentó el exsenador para concluir que acepta su sometimiento a la Jurisdicción". No obstante, le pidió que presente unos ajustes puntuales frente a los hechos sobre los que ofreció un aporte a la verdad temprana.
Adicionalmente a los demás procesos que adelantaba la Corte Suprema en su contra, la jurisidicción indicó que el excongresista también ofreció aportar información sobre hechos que "no están judicializados pero que deben ser conocidos por la JEP, con el fin de aportar a la reconstrucción de la realidad del conflicto en el departamento de Córdoba para el periodo de 1996-2006".