En una rueda de prensa liderada por el presidente de la JEP, Roberto Vidal, y acompañado por la presidenta de la Sección de Apelación, magistrada Patricia Linares, y el magistrado de esa misma Sección, Rodolfo Arango, explicaron por qué esa jurisdicción especial decidió en las últimas horas quedarse de manera exclusiva con los procesos de Salvatore Mancuso por los crímenes que cometió como excomandante de las AUC entre 1989 y 2004, y de paso decidir sobre su solicitud de libertad.
La magistrada Linares aseguró que “la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es la única autoridad que (...) debe resolver sobre la libertad del señor Salvatore Mancuso”. Y agregó que “la sección de apelación instó a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para que le impriman celeridad a la decisión que corresponda respecto del señor Mancuso en los macrocasos 03, 04, 06 y 08. La Sección de Apelación requirió a Mancuso para que concrete sus compromisos con el Sistema Integral de Paz en lo relativo a la indemnización y satisfacción de los derechos de las víctimas”.
El magistrado Rodolfo Arango, integrante de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, explicó que el caso de Mancuso es una “situación especial”, porque su participación en el conflicto fue el de servir de “bisagra” entre la conexión que tuvieron los paramilitares durante el conflicto armado con la propia Fuerza Pública.
Era una especial situación de un jefe paramilitar que cumplió una función dentro del conflicto, básicamente estar en el vértice de su organización paramilitar y servir de conexión con la Fuerza Pública”, explicó el magistrado Arango.
Pero después de que la JEP decidió quedarse de manera exclusiva con el proceso de Mancuso por los crímenes que cometió como excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y de paso con la decisión de dejarlo libre para que cumpla con el rol que le asignó el Gobierno Petro como gestor de paz, se abrió el interrogante de si otros exjefes paramilitares se podrían beneficiar de esta decisión.
Sobre ese cuestionamiento, el magistrado Rodolfo Arango expresó que la decisión se dio por “ese aporte inédito a la verdad que contribuye a satisfacer los objetivos de la jurisdicción, que son básicamente en los casos acotados desentrañar eso que sucedió para buscar a los máximos responsables y asegurar la garantía que esos actos nunca se vuelvan a cometer en Colombia”.
El integrante de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial de Paz también detalló que Justicia y Paz puede seguir investigando la “infinidad” de crímenes que tiene Salvatore Mancuso con la justicia colombiana, pero no puede definir su responsabilidad ni privarlo de la libertad porque esas son competencias de la JEP.
“Hay audiencia de imputación y aceptación de cargos, pero no más allá de ahí porque se estaría infringiendo en el principio de no ser juzgado dos veces por una misma conducta”, indicó Arango.
Por su parte, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, indicó que esa jurisdicción es un sistema autónomo que tiene un órgano de cierre con la última palabra en los procesos que se toman decisiones y después se apelan. “La sección de apelación ha permitido que (...) se haya venido asentando una jurisprudencia propia de la Jurisdicción que hace una interpretación de nuestras competencias y funciones”, dijo Vidal.
Mancuso fue aceptado por la Jurisdicción Especial en noviembre de 2023 por su condición de “bisagra” entre los paras y las Fuerzas Armadas, pero tiempo después el abogado del exjefe paramilitar presentó una apelación al considerar que dividir las competencias entre Justicia y Paz y la JEP, “desconocía el marco normativo transicional y el derecho al debido proceso”. Sobre esa apelación es que la jurisdicción creada por el Acuerdo de Paz con las extintas Farc decidió quedarse con Mancuso.
En medio de esa decisión se conocieron reacciones como la del exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien aseguró en su cuenta de X que “ante el conflicto de competencia entre la JEP y Justicia y Paz por la libertad del criminal y gestor de paz Salvatore Mancuso, la Corte Constitucional debe determinar qué tribunal es competente. Confío en que la Corte hará prevalecer los derechos de las víctimas sobre los del criminal”.