En el marco de la investigación de los casos de ejecución extrajudicial, conocidos como ‘falsos positivos’, por parte de algunos miembros del Ejército Nacional, la Justicia Especial para la Paz asumió la competencia para iniciar juicio por los hechos ocurridos en Norte de Santander.
La Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal especial será la encargada de ocuparse respecto a la Resolución de Conclusiones No. 1 de 2022, correspondiente al macrocaso 03 denominado: “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Esta Sección Primera, que es una de las cuatro que integran el Tribunal para la Paz de la JEP, está conformada por cinco magistrados. Los togados, explica el tribunal especial, decidirán las sanciones que se impondrán a los comparecientes. Además, “verificarán el cumplimiento de las mismas para que estas tengan los máximos componentes restaurador y reparador para las víctimas. Este trabajo lo realizarán con el apoyo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas”.
“La Sección deberá evaluar la correspondencia entre los hechos, las pruebas allegadas, las conductas endilgadas y reconocidas, el proyecto de sanción, la contribución a la verdad y la reparación. Tras esta fase, la Sección hará una audiencia para comprobar la forma de contribución a la verdad y la reparación en el marco del Sistema Integral para la Paz”, indicó la JEP.
El Tribunal para la Paz iniciará la etapa de juicio que conduce a la emisión de una sentencia e imposición de una sanción contra:
- El brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez, excomandante de la Brigada 30
- Los coroneles (r) Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM 15).
- El teniente coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander (BISAN) de Ocaña.
- El teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM 15.
- El teniente coronel (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante encargado del BISAN.
- El capitán (r) Daladier Rivera Jácome, el sargento segundo (r) Rafael Antonio urbano Muñoz, antiguos oficiales de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA).
- El sargento segundo (r) Sandro Mauricio Pérez Contreras, exjefe de inteligencia del BISAN.
- El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra de la BRIM 15.
- El tercero civil Alexander Carretero Díaz, excolaborador de aquellas estructuras militares.
Estos 11 comparecientes reconocieron ante las víctimas y la justicia en abril de 2022, durante una Audiencia de Reconocimiento realizada en Ocaña, “su responsabilidad por haber cometido crímenes de guerra y lesa humanidad, como asesinatos y desapariciones forzadas, además de homicidios en persona protegida conforme al Código Penal colombiano”.
En julio de 2021, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción imputó estos delitos al considerar que “estos hechos no hubieran ocurrido sin una política institucional del Ejército de Colombia de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate”.
JEP avanza en exhumación de 553 cuerpos
Para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sección para Casos de Ausencia de Reconocimiento, la Justicia Especial para la Paz (JEP) inició labores junto con miembros de la Fiscalía General de exploración y exhumación de posibles víctimas del conflicto armado que estarían en los cementerios Jesús María Estrada en Marsella, Risaralda, y El Carmelo, en Salento, Quindío.
En el cementerio Jesús María Estrada de Marsella, la Fiscalía exhumó cuatro cuerpos, mientras que las labores que se adelantan en el cementerio El Carmelo corren por cuenta de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
“En el cementerio Jesús María Estrada de Marsella se tiene información sobre la inhumación de al menos 553 cuerpos no identificados que llegaron por el río Cauca desde 1982, incluidas víctimas de la masacre de Trujillo, Valle. La JEP caracterizó el cementerio y señaló la existencia de 170 puntos de interés forense”, indicó la Jurisdicción Especial en un comunicado.
Las labores de exhumación de la Fiscalía son adelantadas por el Grupo de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) y el de la Unidad de Investigación y Acusación por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef).
Para garantizar la protección de los cuerpos de personas que no fueron identificadas e inhumadas en cementerios y fosas comunes, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le solicitó a la JEP adoptar medidas cautelares en varias regiones del país para la protección de los cuerpos. Por ello, las acciones que adelanta la JEP en los cementerios de Risaralda y Quindío, donde adoptó medidas cautelares.