La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, inició la fase nacional de la investigación por el caso 03 que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales también conocidas como ‘falsos positivos’.
En el marco de esta investigación, los magistrados de la JEP anunciaron que se citará como testigos a quienes ocuparon altos cargos en el Estado y altos mandos militares entre el 2005 y el 2008, en ese sentido, eventualmente la JEP citará como testigos a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Cabe recordar que en el caso del expresidente Santos, para la época de los hechos se desempeñaba como ministro de Defensa.
La JEP aclara que los expresidentes serán citados como testigos como parte del proceso, ya que no tiene facultades para investigarlos, por lo que, si existe mérito, podrían, eventualmente, compulsar copias a las autoridades responsables para que se investiguen sus posibles responsabilidades en estos hechos.
En el caso de los altos mandos militares, la JEP señala que se busca establecer las máximas responsabilidades en el asesinato de jóvenes a los que se hizo pasar falsamente como guerrilleros muertos en combate.
En ese sentido, la JEP es clara en explicar que en el caso de los altos mandos militares, no se atribuirá responsabilidad solamente por su jerarquía o posición de mando, sino que, en esta fase de la investigación, toda imputación se hará sustentada en la evidencia judicial sobre la participación directa o indirecta, activa u omisiva, que hayan tenido en el desarrollo de la práctica criminal.
“Hemos encontrado que este fenómeno de falsos positivos tuvo que ver con políticas institucionales, una primera es la del conteo de cuerpos, cómo en Colombia se estableció en el indicador por excelencia el cuerpo del supuesto enemigo abatido en combate, ese cuerpo se convirtió en el trofeo, en la manera de demostrar que se estaba ganando la guerra y debemos investigar en dónde se adoptó esa política, quién adoptó esa política, cómo se extendió en todo el territorio nacional. También la política institucional de incentivar, a través de medallas, permisos, promociones, cursos en el exterior, a quienes demostraran haber dado a más personas de baja en combate”, explicó la magistrada Catalina Díaz.
La Magistrada Catalina Díaz también explicó que se investigará qué se hizo desde los máximos mandos militares y civiles para investigar estos fenómenos que ya estaban siendo advertidos desde el año 2003 por parte de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
La JEP investiga actualmente 6.402 casos de ‘falsos positivos’ cometidos entre los años 2002 y 2008. De acuerdo con la JEP, en el año 2002 se registró el pico más alto de estas ejecuciones extrajudiciales.
Hasta el momento, la JEP, ha priorizado sus investigaciones en seis territorios críticos: Norte de Santander, Antioquia, Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila, así como el subcaso conjunto del cementerio de Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. En total, se ha logrado imputar a 59 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes por estos homicidios.
Hasta el momento, ante la JEP han reconocido responsabilidad casi el 90 % de quienes han sido imputados por la JEP por este fenómeno macrocriminal.
En esta nueva fase de la investigación judicial, la JEP se prepara para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se implementaron estas políticas de guerra y ascender en la cadena de mando militar mientras continúa investigando los seis subcasos inicialmente priorizados.
“La Sala de reconocimiento de verdad de la JEP empieza a implementar una metodología paralela de trabajo que va de arriba hacia abajo. A través de ella busca verificar si los patrones macrocriminales determinados por la JEP fueron replicados en otros territorios y si respondieron a factores comunes de alcance nacional en el que estarían comprometidos altos mandos militares”, indicó el tribunal.
En ese sentido, la JEP explicó que abordará los crímenes cometidos en territorios no priorizados a través de la investigación de hechos ilustrativos en el marco de una estrategia robusta de participación de víctimas y justicia restaurativa, por lo que no se abrirán nuevos subcasos territoriales.
“En ese proceso, la Sala de Reconocimiento, sin interrumpir el trabajo desarrollado en los casos priorizados, se enfocará en investigar los factores comunes a los patrones criminales que hicieron posible que estos se desplegaran a nivel local y nacional. Esta decisión se adopta después de concluir que los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en cada departamento respondieron a patrones comunes que fueron ejecutados por organizaciones criminales enquistadas en las unidades militares territoriales”, concluyó la JEP.