La primera vez que el país escuchó hablar de la necesidad de que los terceros civiles involucrados en el conflicto rindieran cuentas, fue hace cuatro años en boca del exalto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, cuando se refirió a que por lo menos 13.000 personas tendrían que responder ante los estrados por sus vínculos con el paramilitarismo. Esa proyección tuvo una variación significativa cuando en noviembre de 2017 la Corte Constitucional determinó que los llamados terceros podría espiar sus culpas ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como procesados voluntarios, es decir, sin que se les impusiera la obligación de comparecer. Aun así, muchos no combatientes han visto en la JEP una oportunidad y, finalmente, se han postulado. Con corte al 20 de diciembre de 2019, 916 personas manifestaron voluntariamente su intención de contar la verdad ante el Tribunal para la Paz a cambio de beneficios judiciales. Entre estos se encuentran tres parapolíticos que se aseguron una silla para esclarecer su situación ante el tribunal: David Char, Álvaro Ashton y Musa Besaile, quien fue admitido hace una semana. En cola, aparecen 40 excongresistas, 5 exgobernadores, 12 exalcaldes y más de 163 personas como los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Mancuso.
Para acelerar el estudio de las solicitudes de sometimiento y evitar congestiones en el trámite, debido a que los magistrados estudian 9.721 procesos contra excombatientes de Farc y 2.429 de Fuerza Pública, la JEP anunció este miércoles que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas resolvió crear subsalas que se encargarán de agrupar y estudiar los casos de los terceros civiles por patrones y estructuras criminales. Los civiles no combatientes que en un futuro sean notificados de vínculos con algún proceso, tienen tres meses para definir si quieren que su proceso avance en la JEP o la justicia ordinaria. "El 11 de diciembre se aprobó el documento Criterios y parámetros para asociar bajo contextos y patrones de macrocriminalidad, presentado por el presidente de la sala", advierte la resolución de la Sala. Agrega: "Se consideró priorizar las solicitudes de agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros, bajo un esquema de investigación de contextos y patrones vinculados a estructuras regionales de las AUC, DAS, terceros colaboradores de Farc y civiles reclutadores". De acuerdo con el anuncio, inicialmente la jurisdicción creará tres salas con cuatro magistrados cada una: Bloque norte de las AUC, Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y el patrón de criminalidad de ejecuciones extrajudiciales con intervención de civiles. Es decir, a cada una de las subsalas quedarán asociados los exparamilitares, senadores, políticos y civiles que en los dos primeros casos estén asociados por la zona en la que operó la estructura o, como en la tercer subsala, por vínculos con la práctica priorizada.
En ese sentido, por ejemplo: David Char, Enilse López, Álvaro Ashton, Javier Alfredo Valle Anaya, Erlin Hernán Ortega Herrera, Alfredo Alberto Berreneche, Eduardo Dávila, Pedro Mary Mavdi, Eduar Lópe, Luis Rafael Zambrano, Wendy Vanesa Alfonso López, Héctor Julio Alfonso López, Jorge Luis Alfonso López y Félix Manuel Díaz Bobadilla, están en la misma subsala con los casos del Bloque Norte de las AUC que evalúan los magistrados. Como parte del estudio de priorización, los investigadores encontraron 19 estructuras y patrones de macrocriminalidad que eventualmente tendrán otro equipo a cargo. Ese es el caso de los bloques paramilitares Central Bolívar, Catatumbo, Centauros, Elmer Cárdenas, Vencedores de Arauca, Frente Cacique Pipintá, además de agentes del DAS, entre otros. Para efectos de este caso, las investigaciones y procedimientos de las solicitudes que no entraron en la primera fase de priorización continuarán en conocimiento de los despachos de los magistrados que las vienen conociendo.
Durante el trámite de la ley estatutaria de la JEP, se había establecido que los civiles que tienen deudas pendientes con la justicia tenían hasta el 6 de septiembre para hacer la solitud que, en la mayoría de casos, apenas viene siendo evaluada en la JEP, y un término de tres meses para que los terceros que en el futuro sean notificados, de manera formal, levanten la mano y manifiesten si se acogen o no a la justicia transicional. Ahora, el trámite no es tán simple, en el proceso de evaluación los postulados deben presentar un plan con la nueva información que podrían suministrar a los magistrados. Es decir, no pueden limitarse a repetir lo que ya dijeron ante la justicia ordinaria, sino que deberán revelar lo que han callado. La ecuación consiste en sacrificar justicia a cambio de mayor verdad y reparación para las víctimas, con el propósito de superar el conflicto.